A 20 años de la crisis de 2001: ¿Peligra la Democracia?

18 de diciembre, 2021 | 19.02

Si nada es para siempre, en tanto certeza o dilema, todo aquello que queramos preservar es preciso planteárselo como en riesgo de perderse. En algunos casos, lo que está en juego trasciende sobradamente lo personal, aunque en verdad lo comprometa profundamente, y el peligro no es sólo una mera especulación teórica.

Crece la indiferencia

La despolitización de la población aparece expandida en el Mundo, sin que ello indique una desideologización, sino justamente lo contrario. En tanto el desinterés que implica aquella conducta social, pone de manifiesto la permeabilidad -consciente o no- de una ideología sustentada en un pensamiento único de raíces autoritarias y que se exhibe como expresión de un determinismo sin alternativa.

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Los países centrales que fueran tomados como referencias prevalentes para la construcción democrática, hoy registran avances inusitados de fuerzas políticas que reniegan de los valores tradicionalmente reconocidos como fundantes de la Democracia.

En ese contexto se incrementan las corrientes reaccionarias más extremas, a la vez que van instalándose en ámbitos institucionales, y también crecen las acciones violentas alentadas por consignas racistas, xenófobas, sexistas, homofóbicas y por todo tipo de discriminación social.

Procesos similares se verifican en los países periféricos, acentuados por la dependencia que padecen y por la pobreza estructural que es una de sus consecuencias, junto con la
inestabilidad de sus gobiernos acuciados por los endeudamientos externos seriales y las operaciones del capital transnacional -y sus socios nativos- que limitan las posibilidades de
desarrollo económico soberano.

Una desigualdad intolerable

Esos comportamientos sin duda responden a una multicausalidad que, a su vez, en las realidades locales y regionales presentan variantes e intensidades diversas de los factores que comprende.

Sin prescindir de ese dato inicial para cualquier análisis, pareciera que hay dos cuestiones que son particularmente relevantes y a las que hay que prestar especial atención.
Una, la ampliación de las brechas sociales que dan cuenta de un inconcebible grado de desigualdad que arroja a las franjas más empobrecidas a condiciones que ponen en riesgo su existencia, a la par de sufrir una estigmatización que consolida la falta de oportunidades de emerger de ese estado extremo de exclusión.

Situación, que también abarca a otras capas de la sociedad, incluso a sectores medios, y que no les permite satisfacer necesidades básicas o sostener niveles de vida aceptables o dentro de los rangos a los que habían accedido o a los que, razonablemente, aspiraban.

La distribución de la riqueza denota una inequidad mayor que la existente a principios del siglo XX, con una concentración absolutamente desproporcionada e indecente que se ha
potenciado en los últimos dos años.

Los efectos nocivos y precarizadores que la pandemia ha deparado para las economías de los Estados y para la población en general, no afectó a los poseedores de las grandes fortunas que, al contrario, maximizaron ganancias y aumentaron sus acreencias entre el 40% y el 70% sin demostrar solidaridad alguna y resistiendo toda imposición tributaria con miras a paliar las crisis desatadas.

El ingreso mundial tiene un reparto tremendamente asimétrico, mientras la mitad más pobre percibe un magro 8,5%, en el otro extremo el 10% más rico de la población se queda con el 52%.

La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), en su Informe (2021) sobre “El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo”,
señala:

“En los últimos años, varios factores principales han desviado al mundo de la senda que lleva a poner fin al hambre y la malnutrición mundiales en todas sus formas para 2030. Las dificultades han aumentado a raíz de la pandemia de la COVID-19 y de las medidas para contenerla (…)

Para comprender la manera en que el hambre y la malnutrición han alcanzado niveles tan críticos, el presente informe parte de los análisis de las cuatro ediciones anteriores, que han generado un inmenso acervo de conocimientos empíricos sobre los principales factores determinantes de los cambios recientes en la seguridad alimentaria y la nutrición. Dichos
factores, cuya frecuencia e intensidad van en aumento, constan de los conflictos, la variabilidad y las condiciones extremas del clima y las desaceleraciones y debilitamientos de la economía, todo ello agravado por las causas subyacentes como la pobreza y unos niveles de desigualdad muy altos y persistentes. Además, millones de personas en el mundo padecen inseguridad alimentaria y distintas formas de malnutrición porque no se pueden permitir el costo de las dietas saludables”.

La otra cuestión, es la degradación de los sistemas democráticos, con gobiernos que han sido incapaces de ofrecer oportuna y suficiente respuesta a las demandas ciudadanas ni de intervenir adecuadamente para implementar un orden de reparto más justo, equitativo e inclusivo.

Que ha llevado a la pérdida de confianza y de adscripción a sus postulados, a una “apoliticidad” inconducente y tributaria de un Capitalismo salvaje que representa el Neoliberalismo que, precisamente, es antidemocrático por antonomasia y proclive a sostener regímenes autoritarios que sean garantes de sus intereses.

La institucionalidad interpelada

La Argentina no ha escapado a los fenómenos antes mencionados, pues a pesar de la extensa continuidad democrática iniciada en 1983 los períodos de fortalecimiento institucional han sido breves, mientras fueron recurrentes y reiterados los de signo contrario.

Los menoscabos padecidos fueron muchos, tanto como el acelerado incremento de la pobreza y la indigencia, que echó por tierra los logros obtenidos para combatirlas al desactivarse las políticas de Estado elaboradas con ese propósito.

La reconstrucción del país no se circunscribe a su Economía, pero es en muchos planos determinante, y si bien exige una recuperación en lo macro para un crecimiento sostenible no puede prescindir, ni postergar, la proyección inmediata en medidas que lleguen a la gente y que respondan a requerimientos vitales cuya satisfacción no puede esperar.

Las debilidades que se advierten en algunas áreas del Gobierno son aprovechadas por los poderes fácticos para seguir erosionando la convivencia democrática, encontrando un aliado incondicional en una oposición abiertamente destituyente fortalecida con la actual composición del Parlamento y en donde encuentra un campo fértil para profundizar ese
accionar.

La Justicia acrecienta su desprestigio institucional, no sólo por la acentuación del deficiente funcionamiento en la resolución de las causas y del específico servicio a su cargo, sino por la permanente injerencia en ámbitos ajenos a su competencia constitucional, siendo su expresión más acabada la Corte Suprema que fomenta y pretende imponer el peor de los
gobiernos, el de los jueces.

Una lucha constante e indispensable

El 20 de diciembre se cumplen dos décadas de un estallido social de trágicas consecuencias, que resultara de un nuevo fracaso neoliberal para el país pero que, como tantas otras veces, fue exitoso para quienes prohijaron esas políticas, se beneficiaron del endeudamiento externo del Estado, fugaron divisas y conservaron una total impunidad.

Muchos de los responsables de ese proceso que desembocó en una crisis institucional casi terminal, son hoy actores protagónicos de esta nueva etapa de desestabilización y de
promoción de la antipolítica.

Es indispensable generar conciencia en tal sentido, revitalizar los principios democráticos con contenido popular y nacional, impulsar las reformas institucionales necesarias para recuperar la confianza en ellas de la ciudadanía, neutralizar los hechos que puedan fomentar la violencia como alternativa para enfrentar a esas otras violencias cotidianas de los dueños del Mercado.

La lucha por la Democracia debe ser constante, porque esa es la única garantía de su vigencia, pero ese convencimiento y compromiso tiene como condición que sea capaz de proveer las respuestas que el Pueblo reclama, tanto como que la dirigencia y particularmente quienes ostentan las responsabilidades de gobierno demuestren, diariamente, en acciones concretas esas mismas convicciones.

MÁS INFO
Álvaro Ruiz

Abogado laboralista, profesor titular de derecho del Trabajo de Grado y Posgrado (UBA, UNLZ y UMSA). Autor de numerosos libros y publicaciones nacionales e internacionales. Columnista en medios de comunicación nacionales. Apasionado futbolero y destacado mediocampista.