El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, muestra preocupación por el impacto del ajuste aplicado por el Gobierno nacional en todo tipo de transferencias y esto se refleja en el déficit de la Caja de Jubilaciones. En este marco, la provincia de Córdoba y la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) fueron citadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a una audiencia de conciliación en el marco de la demanda entablada en 2023.
La denuncia fue realizada por el exgobernador Juan Schiaretti por la falta de actualización de los recursos que la Nación le envío a la Caja de Córdoba durante toda la administración del expresidente Alberto Fernández. Tras la asunción del presidente Javier Milei el 10 de diciembre en 2023, la situación se agravó porque los envíos se interrumpieron por completo. En total, el monto que reclama la Provincia supera los 450 mil millones de pesos. La administración de Llaryora advierte que la Anses debería enviar unos 20 mil millones de pesos mensuales, pero el plan motosierra del libertario determina que no llegue un peso a la Caja.
El déficit estructural del sistema previsional cordobés es aún mayor a los números descriptos, ya que en la provincia “rigen alícuotas de aportes y contribuciones mayores a los existentes en el sistema previsional nacional, el que maneja la Anses”, dijeron fuentes del Gobierno al medio LV16. Si bien Milei bajó las retenciones al agro y el impuesto a los autos de alta gama, hizo crecer la cantidad de trabajadores que pagan Ganancias y encareció el Monotributo. A su vez, prorrogó por segundo año consecutivo el Presupuesto 2023, luego de que el Congreso nacional no tratara el proyecto de Presupuesto 2025, lo que afecta a la distribución de partidas presupuestarias.
En esa línea, Llaryora, junto a los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), reafirmaron su reclamo de deudas que la administración de La Libertad Avanza (LLA) acumula. Durante 2024, el mandatario cordobés realizó reiterados reclamos al Gobierno nacional. "Ni siquiera nos cumplen con el envío de los fondos que tienen que ser automáticos. Esto no pasó nunca. Porque los impuestos se pagan, llegan a la Anses, pero nos están mandando cero pesos”, aseguró con efusividad.
Ahora, la Corte citó a las partes, la Anses y el Gobierno de Córdoba, para el próximo 23 de abril. La convocatoria de la Corte llega luego de que el 7 de marzo pasado el ministro de Economía, Luis Caputo, asegurara que la Nación y Córdoba estaban cerca de un acuerdo. Fue tras una reunión con Llaryora, con el ministro de Economía y Gestión Pública de la Provincia, Guillermo Acosta, y con el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman. Sin embargo, los recursos nunca llegaron al territorio cordobés.
Un dirigente de Córdoba apuntó contra Milei por la coparticipación: "No ofrece servicios equivalentes"
El presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba en la Legislatura provincial, Miguel Siciliano, aseguró que la administración de La Libertad Avanza (LLA) "se queda con la mayor parte de los impuestos, pero no ofrece servicios equivalentes".
De esta manera, Siciliano levantó la voz y cuestionó la distribución de los impuestos en Argentina: “De cada 10 pesos que los ciudadanos pagan en impuestos, 7 se los queda el Gobierno nacional”, afirmó el legislador provincial. En su análisis, criticó que los fondos no regresan en forma de obras, salud o educación, generando una sobrecarga en las provincias y municipios, que deben cubrir estos servicios con menos recursos.
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El plan de ajuste provocó falta de transferencias a los territorios regionales provocaron una paralización de toda la obra pública. "Esto genera una carga insostenible para las provincias y los municipios, que deben seguir manteniendo la infraestructura y los servicios con menos recursos", dijo el cordobés al respecto en una entrevista en el programa Punto y aparte, transmitido por Radio 90.7.
"Si Nación ya no presta servicios en las provincias, no puede seguir reteniendo la misma proporción de impuestos”, lanzó. En esa línea, planteó que una redistribución más equitativa permitiría a las administraciones locales reducir la presión fiscal sobre los ciudadanos.
El legislador propuso una revisión profunda del reparto de fondos y sugirió que la Nación se quede solo con lo necesario para mantener sus funciones básicas, como las relaciones exteriores, universidades, la Defensa y la Policía Federal. "El resto debería quedar en manos de las provincias y municipios, para que puedan bajar impuestos y mejorar los servicios locales", explicó.
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