Natalia Contini asumió la Intendencia de Anisacate el 10 de diciembre de 2023, tras ganar por 19 votos las elecciones en las cuales se presentó con el PRO, como parte de la línea que lideraba la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Si bien el año pasado ganó notoriedad tras la polémica decisión de remover una estatua de Néstor Kirchner en el pueblo cordobés, ahora podría enfrentar un proceso de juicio político o "revocatoria de mandato" impulsado por un grupo de vecinos que la acusan de incumplimiento de funcionario público, abuso de autoridad y corrupción.
A los pocos meses de iniciada su gestión, Contini instaló un local y creó el espacio Juntos por la Libertad, diciendo que sería el "punto cero de la unión" entre el PRO y LLA en territorio cordobés. No obstante, desde el inicio replicó formas y prácticas mileístas, y en una entrevista reciente en La Voz dijo: “Yo me pasé sin pedir permiso desde el día que decidí apoyar al presidente en su gobierno. Confío plenamente en su plan desde que asumió, porque demostró que estaba haciendo lo que dijo que iba a hacer”.
El trasfondo de la revocatoria
La nueva intendenta, que había asumido con un discurso de lucha contra el Estado y la “casta política”, fue criticada en el pedido por el supuesto aumento de la planta política, que se habría cuadruplicado desde su llegada al poder, alcanzando un total de 40 asesores. Este incremento, según los vecinos que impulsaron la revocatoria, "contradice las promesas de austeridad y de lucha contra el gasto público".
Por estas razones, los vecinos decidieron actuar: el pedido responde a diversas situaciones relevadas por un grupo de ciudadanos, como la suspensión de un servicio de transporte escolar gratuito que funcionaba en la localidad, problemas en la provisión de servicios y presuntos hechos de persecución política a opositores que se vendrían dando en la localidad. La intendenta sostiene que su objetivo es combatir la corrupción, y minimiza el proceso al considerarlo una "cuestión política".
La solicitud de revocatoria fue convalidada por más de 200 vecinos, pero se necesita el aval de 850 personas (el 10% del padrón) para habilitar el referéndum. Si se alcanza el porcentaje requerido, la Junta Electoral Municipal deberá convocar a la consulta popular, donde se definirá el futuro de la primera intendenta libertaria de Córdoba.
La presión pública para avanzar el proceso se intensificó por el nombramiento de Marisa Dasso como asesora, funcionaria que fue condenada por corrupción a un año y dos meses de prisión por la Justicia local. La designación de esta figura, según los denunciantes, pone en duda el compromiso de Contini con sus promesas de una gestión limpia y transparente.
En cuanto a la gestión de obras públicas, los vecinos que presentaron la revocatoria señalaron que las obras de infraestructuras realizadas en el municipio no son producto de la gestión local, sino que se financian mayormente con fondos provinciales. Esta situación, según los denunciantes, "no corresponde con las promesas de autonomía y eficiencia que Contini había anunciado al asumir".
Además, la intendenta enfrenta críticas por su intención de intervenir en la política de la cooperativa de luz de Anisacate. Según los vecinos, la lista que está armando para las elecciones de la cooperativa podría implicar un aumento de tarifas de electricidad, lo que seguiría la misma lógica que el incremento del 1000% en las tasas municipales bajo su administración. "Este nuevo escenario pondría a los vecinos en una situación aún más difícil, ya que un aumento de tarifas afectaría directamente sus bolsillos en un contexto económico ya complejo", dicen los denunciantes.
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