Este martes comienza en Senado de la Nación el debate de la reforma de la composición del Consejo de la Magistratura, durante una reunión conjunta de Comisiones a la que asistirá el ministro de Justicia, Martín Soria, quien expondrá públicamente el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso en diciembre.
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Según se supo desde el despacho del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialista jujeño Guillermo Snopek, Soria confirmó su presencia para el encuentro que se llevará a cabo desde las 4 de la tarde en el Palacio Legislativo. Pero, no se descarta que también estén en la reunión el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, y Alberto Lugones, presidente del Consejo de la Magistratura.
En tanto, el Frente de Todos (FdT) impulsa el tratamiento de la iniciativa que actuará sobre la composición del cuerpo de juristas que tiene el deber constitucional de controlar y sancionar, si es necesario, la actividad de los magistrados del sistema judicial argentino. A la reunión también asistirán los integrantes de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, presidida por el peronista neuquino Oscar Parrilli, ya que el tema también fue girado a esa comisión.
La decisión del oficialismo es avanzar este mes con la discusión del proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Senado a principios de diciembre de 2021, semanas antes de que el supremo tribunal declarara inconstitucional la actual normativa que en 2006 redujo el número de miembros del organismo de 20 a 13.
En qué consiste el proyecto del Ejecutivo
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, y sobre el que girará la discusión en las comisiones, propone elevar de 13 a 17 los miembros del organismo, con el objetivo de mejorar y agilizar los procedimientos de selección de magistrados.
Además, incluye dos abogados, un juez y un miembro del ámbito académico y científico a los diversos estamentos del Consejo, como también incorpora la perspectiva de género. Se esta manera, el organismo quedará integrado por cuatro jueces del Poder Judicial (hasta ahora eran dos), y se deberá garantizar la representación de todas sus instancias y la presencia de magistrados con competencia federal del interior del país, de los cuales al menos dos deben ser mujeres.
Habrá además seis representantes del Poder Legislativo, tres diputados y tres senadores (dos por el bloque mayoritario de cada cámara, y uno por la primera minoría). Tres de estos legisladores, al menos, deberán ser mujeres. En tanto, el estamento de los abogados contará con cuatro representantes (hasta el momento eran tres) elegidos por el voto directo, según el sistema D'Hont, de los matriculados en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal o en las cámaras federales con asiento en las provincias. De ellos al menos dos deberán ser mujeres.
También integrará el organismo un representante del Poder Ejecutivo nacional, y dos correspondientes a los ámbitos académico y/o científico (hasta ahora había uno solo). Uno de ellos, al menos, será mujer.
Fue en diciembre del año pasado que el máximo tribunal del país resolvió que la actual conformación del Consejo era inconstitucional. Los supremos resolvieron que el Congreso debía sancionar una nueva ley que regule su integración de una forma más “equilibrada” entre los estamentos o volver a la conformación anterior de 20 integrantes en la que el presidente de la Corte, es decir, Horacio Rosatti, pasa a presidir el órgano que designa y remueve a los jueces.
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Sin embargo, esa estructura anterior se basa en una ley que fue derogada. En tanto, para presionar al cambio, el Alto Tribunal sentenció que si no se concreta alguna de estas dos vías, a partir del 15 de abril todo acto que emita el Consejo será declarado nulo.
En ese momento, el ministro de Justicia, Martín Soria, consideró "totalmente incumplible" el plazo de 120 días otorgado el año pasado por la Corte Suprema para sancionar esta nueva ley del Consejo de la Magistratura y advirtió que esa situación podía llegar a "paralizar" el organismo encargado de seleccionar, sancionar y remover magistrados. Consultado por este fallo, el ministro de Justicia sostuvo que "es totalmente contrario a los objetivos de la reforma de 1994", que buscaba "transparentar el mecanismo de designación y remoción de los jueces" pero sobre todo "desconcentrar el excesivo poder que tenía la Corte Suprema".
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