El Gobierno viene amenazando con hacer volver al Congreso a la actividad a partir del próximo miércoles 15 para el postergado inicio de las sesiones ordinarias. Sin embargo, terminado el receso por las fiestas, en los últimos días ambas cámaras comenzaron a dar sus primeras muestras de actividad, en el inicio de un año electoral que tendrá en el Parlamento una de sus cajas de resonancia. El jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, reclamó por la integración de comisiones tanto unicamerales como bicamerales, que el oficialismo se resiste a completar para no conceder los lugares que le corresponderían a la principal oposición. "Queremos un Congreso funcionando, las autoridades de Diputados y el Senado tienen que cumplir con su función y responsabilidad", exigió Martínez a través de las redes sociales.
Antes que nada, Martínez recordó que el Gobierno se niega a tratar el Presupuesto 2025. El proyecto no aparece en ninguna de las posibles listas de temas a tratar en extraordinarias que circularon en los últimos días y el Ejecutivo da el tema por cerrado luego de haber prorrogado por segunda vez consecutiva el Presupuesto 2023, algo que no registra antecedentes en la historia. "Milei no quiere ley de Presupuesto y Milei tampoco quiere que el Congreso legisle en un tema muy sensible como es la negociación de la deuda pública", advirtió el jefe de la bancada de UP. Los gobernadores de la oposición dialoguista, que en su momento habían sacado un documento reclamando por el Presupuesto, parecen haberse olvidado del tema y confiar en la promesa de la Casa Rosada respecto a que las provincias que colaboren con el oficialismo recibirán un trato preferencial.
Es que el fortalecimiento de la institucionalidad no asoma como una prioridad. Esta semana, varios integrantes del bloque de UP presentaron un proyecto para garantizar por ley el Fondo Nacional de Turismo. Este fondo destinado a la promoción del turismo nacional y financiado con el cobro del 7% del costo de pasajes aéreos, fluviales y marítimos fue creado en 2005 y renovado cada diez años, por lo que venció en el último día de 2024. El Gobierno decidió prorrogarlo por dos años -hasta el fin del mandato de Milei- a través del decreto 4/2025, lo que valió críticas por derecha y por izquierda. Por derecha, por no dar de baja un impuesto que hubiera significado una rebaja en pasajes. Por izquierda, por haber recurrido a un decreto cuando las modificaciones impositivas obligatoriamente deben pasar por el Congreso.
"Es nulo de nulidad absoluta", aseguró el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que consideró que cualquier persona que pague un pasaje que incluya el impuesto podría recurrirlo ante la Justicia. Los diputados de Unión por la Patria aclararon que no sólo están a favor de la continuidad del Fondo, sino que quieren que se extienda por otros diez años como venía sucediendo, cuestión de garantizar su continuidad más allá de los gobiernos. Seguramente será una de las discusiones que abrirán los debates en cuanto vuelvan las sesiones.
Pero lo que planteó Germán Martínez este jueves tuvo que ver puntualmente con la conformación de distintas comisiones que siguen sin constituirse pese al año de gestión cumplido. Distinguió en tres grupos: las que ya se les pidieron a los bloques el listado de sus integrantes pero no se constituyeron, las comisiones bicamerales para las que todavía no se pidieron listas de integrantes y, por último, las comisiones unicamerales especiales sobre las que tampoco se solicitó información a los bloques. "Son comisiones fundamentales para el control parlamentario, exigimos normalizar la situación", remarcó. Entre los casos principales, señaló que "la comisión que sigue los temas de deuda externa funcione. Queremos controlar los fondos de la seguridad social, el FGS. Queremos seguir al derecho lo que pasa con las privatizaciones en la Argentina".
La conformación de la comisión de seguimiento de las privatizaciones es reclamada por la mayoría de los bloques opositores. En la ley Bases se había establecido que esa comisión bicameral tendrá que hacer el control del proceso de licitaciones de las empresas que pueden ser vendidas por el Estado en forma total o parcial o incorporar capital privado, clave para lo que se viene. Fuentes del Gobierno aseguraban que enviarán el proyecto para que arranquen las sesiones extraordinarias antes de lo que se espera. Allí, la agenda será el que indique el Ejecutivo. Pero con el Congreso funcionando no podrán evitar que la discusión por estos temas pendientes se dispare.
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