El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias por un mes a partir del próximo lunes 20 con un temario de siete proyectos legislativos, pero con urgencias centradas en dos: la eliminación de las PASO y la aprobación de los pliegos de los candidatos para la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Uno ingresará por Diputados mientras que el otro tramita desde hace meses en el Senado. En ninguno de los dos casos está asegurada la aprobación de las propuestas, pero no sería descabellado que salgan en versión a medias. En vez de eliminación, suspensión de las primarias obligatorias por única vez. En lugar de los dos candidatos, sólo votarían a Lijo.
El viernes pasado, el vocero presidencial Manuel Adorni pudo tomarse revancha de aquel tuit de diciembre en el que anunció una convocatoria a extraordinarias que quedó en la nada, sin que nunca existiera explicación oficial respecto al motivo. En verdad, había apuro del oficialismo por bajarle la persiana al Congreso luego del escándalo del senador Edgardo Kueider, ya destituido y todavía detenido en Paraguay. Respecto a aquella primera convocatoria frustrada, hay tres temas que se mantuvieron -la reforma electoral, la ley "antimafias" y el juicio en ausencia- y otros cuatro que se sumaron -ficha limpia, reiterancia y unificación de condenas, compensación e índice de actualización de quebrantos y los pliegos de jueces que requieran acuerdo del Senado-. Responden al interés de distintos bloques y también difieren las posibilidades de que salgan aprobados.
"Nosotros teníamos claro que íbamos a llamar a extraordinarias, solo estamos determinando cuándo era el mejor momento y cuáles eran todos los temas que íbamos a incluir", aseguró este sábado el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Otro anuncio de Francos fue que el martes se reunirán con los bloques del PRO y la UCR, los más cercanos al oficialismo, para definir los respaldos a cada propuesta. Un guiño al macrismo -que en los últimos días tuvo una relación de idas y venidas con el oficialismo y la posibilidad de un acuerdo electoral para este año- fue la inclusión del proyecto de ficha limpia, del que se hizo toda una cuestión.
"Cómo que mandamos Ficha Limpia si acá los pelotudos decían que teníamos un pacto de impunidad y no sé qué chota", ironizaron desde la cuenta que se le adjudica al asesor Santiago Caputo, enemigo de Mauricio Macri, en Twitter. Es uno de los proyectos que el Ejecutivo todavía debe remitir al Congreso, supuestamente "superador" del que se trató en Diputados. El otro que resta enviar es el de Compensación e Indice de Actualización de Quebrantos.
Estos dos bloques dialoguistas aflojaron en las últimas declaraciones su negativa a debatir la eliminación de las PASO. El PRO quedó obligado a hacerlo luego de que el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, enviara a la Legislatura un proyecto para derogarlas localmente. La UCR que encabeza Rodrigo de Loredo se mostró permeable luego de que Milei los recibiera en la Casa Rosada. Si consiguen el respaldo de ambas bancadas, deberían obtener algunos votos más desde bloques provinciales o alguna porción de Unión por la Patria para la media sanción.
En la bancada peronista hay diputados que se muestran a favor y en contra y resulta un misterio saber qué piensa Cristina Kirchner, que aún no se pronunció. "Hay diferencias internas, va a ser imposible unificar criterios en una sola posición", imaginaba un integrante del bloque de UP. En este escenario, la suspensión de las primarias -convocadas por ahora para agosto- no se ve lejos. Si sucede, el calendario electoral nacional se retrasará unos meses. A fin de año se sabrá si eso le vino mejor al oficialismo o a la oposición.
La otra apuesta oficial es por LIjo, ya que todo indica que Manuel García Mansilla no tiene chances de llegar a la Corte Suprema. El viejo eslogan "los dos o ninguno" parece ser cosa del pasado y las fichas están puestas en la aprobación del juez federal, que tiene dictamen de comisión gracias a la firma de los senadores de Unión por la Patria. Las conversaciones del oficialismo vienen siendo directamente con el jefe del interbloque de UP, José Mayans. Por lo que se sabe, sin avances concretos. En el peronismo insisten que el eventual acuerdo por Lijo debe ser parte de un consenso más amplio que incluya los cargos vacantes en la procuración general, la defensoría y los más de 150 pliegos de jueces que deben resolverse. Otra propuesta era ampliar la cantidad de integrantes de la Corte para que asumieran representantes de diferentes sectores.
En principio, el interbloque de UP puede sostener que resultó efectiva la advertencia que Mayans entregó en mano a Francos cuando le tocó exponer en la Cámara alta sobre el compromiso de que no votarían ningún juez que el Ejecutivo designe por decreto. Pese a las amenazas, el Gobierno no utilizó el receso del Congreso para colocar a sus candidatos "en comisión" por decreto y se resignó -en principio- a la vía institucional. En la primera sesión de la Cámara alta debe jurar la senadora entrerriana Stefanía Cora en lugar del desplazado Kueider con lo que el bloque de UP pasará a tener 34 integrantes, todavía más indispensable para llegar a los necesarios dos tercios. "Me resultaría muy extraño que propongan tratar el pliego de LIjo si no tuvieran los votos para aprobarlo", comentaba un experimentado legislador peronista. Los vasos comunicantes de la Casa Rosada con referentes del kirchnerismo en temas judiciales podrían haber acelerado las discusiones, pero nadie se animaba a confirmar que una negociación tan compleja pudiera estar resuelta. El interrogante quedará develado en unos días.
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