Mientras el gobernador Leandro Zdero impulsa una reforma constitucional destinada a prohibir expropiaciones y evitar la creación de nuevos impuestos que afecten inversiones privadas, desde distintos sectores de la política local realizan una semejanza con las políticas de Javier Milei: el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el consecuente debilitamiento del Estado provincial.
La iniciativa propone incorporar a la Constitución una cláusula que limite la creación de nuevos impuestos y brinde "garantías a las inversiones frente a eventuales decisiones estatales". Sin embargo, desde el peronismo sostuvieron que esta medida no solo parte de un diagnóstico equivocado, sino que además puede tener consecuencias perjudiciales a mediano y largo plazo.
El diputado provincial Sebastián Benítez Molas señaló, en comunicación con Infobae, que la falta de inversiones en la provincia no está vinculada a la presión impositiva, sino a problemas estructurales como el deterioro de la infraestructura, la falta de acceso al crédito y la ausencia de un plan productivo. En ese sentido, advirtió que prohibir impuestos no generará desarrollo, sino que limitará la capacidad del Estado para intervenir y resolver esas falencias.
Por otra parte, según distintos análisis, la reforma no se limita a lo tributario, sino que también abre discusiones sensibles sobre expropiaciones y el alcance del poder político. Esto implica que, de avanzar, podría restringir herramientas clave del Estado para actuar en situaciones de interés público, afectando su margen de maniobra frente a crisis o necesidades sociales.
Desde la oposición sostienen que llevar este tipo de limitaciones al texto constitucional implica rigidizar decisiones que deberían mantenerse en el ámbito de la política pública. Esto convertiría en norma permanente lo que hoy es una decisión económica coyuntural podría condicionar a futuras gestiones y reducir su capacidad de respuesta.
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Otro aspecto clave es el mecanismo elegido para avanzar con la reforma. Al tratarse de una enmienda constitucional, requiere unanimidad en la Legislatura, lo que obliga al oficialismo a conseguir el respaldo del peronismo. Sin embargo, la negativa ya anticipada por ese espacio complica seriamente la viabilidad del proyecto.
Las consecuencias del RIGI, apoyado por Zdero
Lejos de consolidarse como un motor de desarrollo, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) empieza a mostrar efectos que alarman en la estructura productiva: más importaciones y menos espacio para la industria local. A un año de su puesta en marcha, los proyectos aprobados evidencian un patrón que combina beneficios extraordinarios para grandes inversores privados, con un esquema que facilita la compra de insumos y bienes en el exterior, incluso cuando existe producción nacional.
El dato no es menor, en al menos seis de las diez iniciativas aprobadas bajo el régimen ya se registraron importaciones por más de 200 millones de dólares. Se trata, en muchos casos, de insumos y equipos que podrían ser provistos por la industria local, lo que configura un proceso de “sustitución inversa”. El resultado es un fenómeno inverso al históricamente buscado: en lugar de sustituir importaciones, el RIGI desplaza capacidades productivas internas.
Este esquema “redundará en la profundización de dos rasgos estructurales de la economía argentina, la reprimarización y el componente trunco del sector manufacturero” advirtieron especialistas en la materia y destacaron que esto implica “agudizar del carácter subdesarrollado y periférico del capitalismo argentino”.
Si bien la aplicación efectiva del RIGI comenzó hace relativamente poco tiempo, a la fecha hay 10 iniciativas aprobadas y la enorme mayoría se vincula de manera directa o indirecta con la exportación de hidrocarburos, minerales y otras actividades primarias. Un dato no menor: el comité evaluador de los proyectos que solicitan aprobación está integrado por funcionarios con antecedentes en el sector corporativo o con vínculos estrechos con grandes empresas. En varios casos, se trata de funcionarios que también ocuparon cargos en el gobierno de Mauricio Macri.
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