La pelea por el gasto y un paso clave hacia la solidez energética

La semana que pasó la oposición mediática tuvo para divertirse. La punta del iceberg fue el pequeño affaire Basualdo, que aportó todos los ingredientes para el sesgo de confirmación del modelo de confrontación elegido por la oposición mediática el mismo día que CFK anunció la fórmula del Frente de Todos: la exaltación de las diferencias al interior de la coalición entre presuntas alas moderadas y extremistas. Nada nuevo bajo el sol, dividir al peronismo cuando no pudo cooptarlo, como durante los ’90, siempre fue una estrategia que brindó buenos resultados al poder económico.

Sin embargo esta vez los sucesos tuvieron un contenido de verdad, aunque las cosas no hayan ocurrido como las cuentan los diarios. Un dato nuevo fue que Axel Kicillof, que hasta ahora siempre se había guardado sus opiniones sobre la política económica nacional preservando su dedicación tiempo completo a la provincia de Buenos Aires, respaldó a Basualdo. Una sorpresa que, previsiblemente, fue leída por los medios concentrados como “un apoyo del kirchnerismo duro al referente energético de La Cámpora”. Es verdad que Basualdo fue funcionario de Kicillof y que desde entonces existe una relación, pero según cuentan desde la provincia las razones del gobernador para meterse por primera vez en la discusión nacional no deben buscarse en el comportamiento de pertenencia tribal, sino en el temor al impacto que un potencial tarifazo tendría en el conurbano bonaerense, precisamente la región más golpeada por la pandemia, tanto en términos sociales como económicos, si es que tal separación resulta posible. Las fuentes de provincia agregaron que es un error comparar la situación tarifaria actual con la existente durante el segundo gobierno de CFK. Creen que el súper ajuste tarifario del macrismo todavía brinda mucho margen para postergar nuevas recomposiciones (en provincia se concedieron aumentos a las distribuidoras del 7 por ciento).

La crítica bonaerense al recorte de subsidios sería entonces de oportunidad y de tiempos, más que de fondo, pues por más segmentación tarifaria que se consiga no podría evitarse el impacto inflacionario de las subas. También consideraron un error medir como subsidios a cargar a los usuarios los incentivos a la producción, como los recursos que van al Plan Gas. Finalmente, deslizaron que no es la voluntad del gobernador intervenir en la discusión de la política económica nacional si no es por cuestiones que resulten imprescindibles para la provincia, como fue el caso de la amenaza de un shock tarifario en pandemia y no lo fueron, por ejemplo, cuestiones como el nivel de tasas para frenar la innecesaria corrida cambiaria del cuarto trimestre de 2020.

Regresando a Nación no es verdad que existan planes para reemplazar a Martín Guzmán. Por ahora no hay candidatos y tampoco el ministro evalúa irse. Sin embargo sí es verdad que, para Guzmán, el momento actual sería el ideal para dejar su cargo. Podría regresar a Estados Unidos convertido en el renegociador exitoso de la deuda y, a la vez, en un adalid de la contención de los impulsos populistas y defensor de los equilibrios fiscales. Un verdadero ídolo para sus asesores estrella. Al menos así lo considera el establishment local, que no deja de lisonjearlo (“Dime quien te lisonjea…”) a sabiendas de que es la mejor manera de conseguirle la tirria del ala mayoritaria de la coalición. 

Pero aquí tampoco la realidad es la que cuenta la prensa concentrada. La discusión por las tarifas es sólo una parte de un debate mucho más general: el presupuestario en el que, efectivamente, el ministro está cada vez más solo. La crítica a Guzmán de casi la totalidad del área económica del gobierno es luego de su empoderamiento post renegociación de la deuda parece haber hecho de las metas fiscales un fin en sí mismo, metas que además se esfuerza en sobrecumplir. Muchos altos funcionarios consideran que no hay razones para, en plena segunda ola de la pandemia, no llegar a fin de año con un déficit mayor al presupuestado. Pero no sólo eso, la lectura es que el ministro se aferra a condiciones iniciales de la redacción de la ley de Presupuesto que ya no existen. A la cabeza está la inflación del 29 por ciento, número en el que ya nadie cree y se estira hasta 40 puntos (sin contar la siempre exagerada proyección del REM --el Relevamiento de Expectativas de Mercado que difunde el BCRA sobre la base de los pronósticos de las consultoras de la city porteña-- que en abril llegó al 47,3 por ciento, interanual para diciembre). También se le reprocha a Guzmán la inflexibilidad frente al cambio de las condiciones externas, con las principales commodities de exportación que cotizan más de 60 por ciento arriba de los valores que presentaban cuando se redactó el Presupuesto, en el tercer trimestre del año pasado.

Los nuevos datos presupuestarios no encierran mayor complejidad ni demandan muchos números. Primero, más inflación significa más recaudación tributaria nominal. Segundo, los mayores precios de las commodities no sólo se traducen en mayores ingresos tributarios, sino especialmente en más dólares disponibles para la expansión de la actividad. Tercero, la recuperación de la actividad económica para 2021 se estima hoy en torno al 7 por ciento. Parece mucho, pero el saldo sigue quedando en negativo frente a los 10 puntos de caída del año pasado. El riesgo de la continuidad de la contracción fiscal de hecho que imprimió Guzmán en el primer cuatrimestre de 2021 es abortar incluso la tenue recuperación actual. Luego, el “ala política” del gobierno sabe que si no se inyecta dinero por abajo el riesgo de un mal resultado electoral se potencia. El mayor ingreso de dólares por exportaciones brinda hoy el verdadero margen para la expansión fiscal necesaria para aliviar rápidamente la situación de los deciles de menores ingresos vía transferencias, una tarea más fácil y eficiente que controlar precios, aumentar retenciones o la siempre postergada reforma tributaria.

Para terminar un adelanto que puede ser una gran noticia en materia energética. Al regreso de Europa el presidente Alberto Fernández anunciará la capitalización estatal de una empresa estratégica: IMPSA. Con un aporte de 15 millones de dólares para capital de trabajo y con pasivos reestructurados, es decir sin Estado bobo, la nueva composición accionaria de la firma se distribuirá en un 63 por ciento para el Estado nacional y 21 por ciento para el Estado mendocino, que aportó otros 5 millones de dólares, es decir el 84 por ciento del capital será estatal. La familia propietaria original conservará el 5 por ciento y el resto pertenecerá a los acreedores. A fines del siglo XX, IMPSA llegó a ser una de las tres principales multinacionales locales, junto con Techint y Arcor. Su máxima capacidad tecno productiva se encuentra actualmente en turbinas para la generación hidroeléctrica. También cuenta con capacidad en energía eólica y aerogeneradores, aunque con menor contenido local. La importancia de la capitalización estatal no es sólo en términos de la conservación de una firma local con altas capacidades tecnológicas y que se encontraba en riesgo de desguace en manos de sus acreedores, sino que será estratégica para lo que viene. El parque hidroeléctrico nacional ronda una generación de 11 mil megas. La antigüedad promedio de las turbinas de estas presas es de unos 35 años, lo que quiere decir que las turbinas de todas las centrales ya ingresan en tiempos de renovación, tarea que precisamente puede desarrollar IMPSA. Como las nuevas tecnologías son además más eficientes, esa renovación significará también aumentos en las cantidades de energía generada. Pero hay un dato más. En 2023 vencen siete concesiones hidroeléctricas nacionales realizadas en los ’90 que en conjunto suman la generación de 4500 megas. Aquí IMPSA puede tener también la capacidad potencial de convertirse en la nueva administradora de estas centrales, en concreto, que lo sea será una decisión política.