El corazón del neoliberalismo

Cuando se atribuye “corazón” a algo que carece naturalmente de ese órgano, sabido es que se trata de una metáfora que por lo general refiere a una cuestión sustancial de índole emocional e incluso ideal que distingue a aquello a que nos referimos. Aquí apelo a esa denominación para indagar, justamente, si cabe asignárselo a esa corriente de pensamiento como un elemento caracterizante o, en su caso, si es factible que lo integre virtual o materialmente desde lo conceptual.

Todo forma parte del Mercado

El “Mercado”, así con mayúscula, conlleva a una idea totalizadora y totémica propia del liberalismo, luego exacerbada sin límites por su reconversión “neo” y que, paradójicamente -o no tanto, sino contradictoria- es una expresión utilizada también a menudo por otras corrientes de pensamiento que incluyen progresismos variados y hasta algunas que son abiertamente antagónicas a aquéllas.

Es curioso en ese sentido, que hasta para aludir al mundo del trabajo se hable sin reparo alguno de “Mercado de trabajo”, cuando hace más de un siglo que ha sido rechazada -y repudiada- la idea del trabajo como mercancía, que supondría concebir de igual modo a las personas que laboran, que constituye un principio sin excepción alguna recogido en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos como en Declaraciones, Cartas constitutivas y Estatutos de diversos Organismos Multilaterales. 

La naturalización de su uso -abuso y mal uso- coadyuva a asignarle una pretendida entidad única y hasta una suerte de subjetividad que la dotase de una especie de concepción existencial, como si se tratase de una institución u organismo con vida propia en el que se desenvuelven y resuelven por sí mismas las cuestiones más diversas de la sociedad en tanto que, claro, se acaten las “reglas” que se dicen le son inmanentes al Mercado.
De allí se está a un paso de poner en lugar destacado una función que, se la admita o se la rechace, consiste en su rol fundamental en la asignación de recursos y su declarado impacto en cuanto haga al devenir personal, grupal o general de la “gente”, de los mismos Estados y de las relaciones internacionales en cualquier campo.

En base a esa aducida condición se plantea indispensable librarlo de toda regulación, en particular estatal, que sería el mayor peligro en cuanto exceda la tarea de asegurar la libertad más absoluta para ordenar, distribuir e implementar el reparto de potencias e impotencias en la comunidad.

Es tan abarcativo que puede enunciarse comprensivo de bienes y valores que, sin ser necesariamente un antagonista, suenan a absurdo e inconcebible. Aunque la realidad supera en muchos casos a la ficción e incluso a la más disparatada distopía, cuando es animada por la efusiva defensa fundamentalista y cuasi religiosa del Dios Mercado.

Si bien con un estilo payasesco en línea con la estética que le insufla a su discurso, pero denotando total convicción -decir seriedad no sería serio- un diputado nacional, Javier Milei del Partido “La Libertad Avanza”, sostuvo que todo -absolutamente todo- forma parte del Mercado al punto que imaginaba factible que los órganos de una persona pudieran ser objeto de compra-venta, como manifestación de una libertad que no podría ser cercenada.

“Es un mercado más y se podría pensarlo así. El problema es por qué todo tiene que estar regulado por el Estado”, aseguró sin el menor rubor.
Más allá de ser una concepción que repugna -o debiera repugnar- a cualquiera que cultive el más mínimo humanismo, lo tremendo es que en nombre de la “libertad”, de un economicismo bastardo y en boca de un miembro de uno de los Poderes del Estado ocupando una banca como representante del Pueblo (condición de quienes integran la Cámara de Diputados de la Nación), se avale, legitime y exalte un negocio delictivo existente: la venta y tráfico de órganos.

Ese mercado de Milei, tiene proveedores (víctimas de trata de personas, de homicidios o de la miseria extrema que sumerge en una total desesperación y en la disposición -imposición- a someterse a cualquier sacrificio), tiene clientes y emprendimientos (organizaciones mafiosas que expanden ese negocio, clínicas dedicadas a esa intermediación y/o a prestar los servicios quirúrgicos respectivos, personas inescrupulosas que precisan un trasplante y se desentienden de la suerte del proveedor), y tiene ramificaciones o diversificaciones en otras explotaciones y negocios ilícitos que, a menudo, se proyectan en otros “legales” (manchados de sangre) a través de operaciones de lavado de dinero.

No es ocioso recordar las regulaciones existentes en nuestro país, ligadas a principios humanitarios elementales, como la excelencia de gestión acorde con esos valores del Organismo público (El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante - INCUCAI) que tiene a su cargo la intervención, administración y programación en esa materia, que jamás podría ser confiada a la ley de la oferta y la demanda.

Recientemente la Argentina fue sede, por primera vez, del Congreso Mundial de Trasplantes, en donde se destacó al INCUCAI que fuera catalogado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como uno de los tres centros mundiales de referencia (los otros dos de similares características funcionan en España e Italia). Un Organismo nacional que cuenta en su historial con miles de trasplantes de lo más diversos (renales, cardíacos, cardiopulmonares, hepáticos, pulmonares).    

Quizás un gobierno en las garras de Milei bien podría privatizar el sistema y ofrecerlo, sino sortearlo como hace con su sueldo de diputado, entendiéndolo como una excelente oportunidad para emprendedores y para libertarios oferentes de órganos. Si por esos caminos la libertad avanza, es seguro que desemboca en un precipicio frente a un abismo de la más abyecta esclavitud.

Las varas con que miden los mercadocráticos

La asignación de recursos en manos del Mercado, que en realidad es la resultante -monopólica u oligopólica- de quienes lo dominan, y la encarnizada lucha contra la “injerencia” estatal, llega hasta dónde ya no es posible succionar recursos públicos o es inexorable afrontar financiamientos que no reportarán réditos sin ingentes gastos.

Está claro que cuando hacen falta mega inversiones y recurrir a empréstitos internacionales, por ejemplo, en obras de infraestructura para el desarrollo productivo o regional (caminos, puentes, tendidos de redes de suministros, promociones de zonas desfavorables), es al Estado al que lo requieren como inversor directo o también para que brinde avales o garantías financieras. 

La pandemia, un fenómeno imprevisto y global sin precedentes, con sus enormes e infinitas implicancias fue afrontada por los Estados -en todo el mundo- no por los Mercados, tanto en el campo de la sanidad como en sus repercusiones económicas y sociales, sin que se registraran voluntarias asignaciones paliativas de los privados, en especial de los campeones del Mercado que recibieron de buena gana los aportes estatales y se rehusaron a cualquier clase de contribución comunitaria.

Esos mismos que se rasgan las vestiduras en nombre de la “libertad” ante cualquier medida o atisbo de acción estatizante en aras al bien público (el caso de las AFJP y la reorganización del sistema previsional, el de la empresa “Vicentin” luego del escandaloso defalco consumado y ante la posibilidad de crear una empresa de alimentos de primera necesidad para neutralizar un encarecimiento irrazonable de los productos, la recuperación de la administración portuaria finalizadas -transcurridos más de 30 años- las concesiones privadas de Terminales cuyo desempeño ha sido pobre, oscuro y hasta sospechado de constituir una vía de flujo constante de contrabando, fuga de capitales y elusión fiscal; son los que guardan prudente silencio, omiten cualquier crítica y hasta celebran, los salvatajes de empresas privadas o la intervención directa del Estado en otras latitudes.

Como se ha comprobado con lo ocurrido en Alemania, con el ingreso decisivo del Estado en el “mercado energético” frente a la crisis de suministros derivados de la guerra en Ucrania. En estos días su Ministro de Economía anunció, que "El gobierno se hará cargo de alrededor de 99% de Uniper"; empresa del Grupo finlandés Fortum, considerada un Gigante energético y principal proveedora de gas a ese país.  Por su lado, el presidente del Grupo (Markus Rauramo), complacido manifestó: "Bajo las actuales circunstancias en el mercado energético europeo, y reconociendo la gravedad de la situación de Uniper, esta desinversión de Uniper es el paso correcto, no sólo para Uniper sino también para Fortum".

Sobrepasando todo límite democrático y hasta soberano, si bien siempre acorde con las hipócritas teorizaciones neoliberales alegando un republicanismo puramente discursivo y ocultando sus espurios intereses, se manifestaron en contra de la ampliación del número de miembros de la Corte Suprema sectores empresarios representados por el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham).

A lo inapropiado de un planteo semejante, se suma esa conjunción entre una entidad formalmente argentina y otra extranjera, identificadas claramente -ambas- con los intereses estadounidenses y multinacionales. Entidades, a las que no se les conoce ni se les escuchó opinar críticamente sobre la flagrante inconstitucionalidad de la inicial designación por Macri de dos de sus miembros (Rozencrantz y Rosatti), mediante un simple decreto del Poder Ejecutivo, ni de la impudicia de los designados al aceptar el anómalo nombramiento, precisamente para desempeñarse en el Máximo Tribunal Constitucional.    

Sin embargo, el mayor desparpajo resulta de las consideraciones y fundamentos formulados por IDEA y AmChan para justificar su rechazo a la soberana decisión del Congreso de la Nación a tratar el Proyecto en cuestión, que hace a su exclusiva y específica competencia constitucional.

Los argumentos fueron, básicamente:

 "… sería una medida contraria al reclamo de estabilidad en las reglas de juego y por lo tanto afectaría negativamente la inversión y el empleo (…) Sin dudas la justicia necesita de mejoras que agilicen y transparenten su funcionamiento, pero estamos seguros que la solución no pasa por el aumento en la cantidad de miembros de la Corte" (según IDEA).

"… la independencia del Poder Judicial es una característica propia de todo país republicano, un requisito indispensable para la vida en sociedad, en la cual sus integrantes tienen derechos y obligaciones (…) Si bien el servicio de Justicia enfrenta serios desafíos para dar respuesta en tiempo y forma a demandas sociales de todo tipo, cabe preguntarnos si la solución de los problemas actuales es triplicando o quintuplicando su número de miembros." (AmCham).

Lo que es de toda lógica preguntarse, es: ¿a qué reglas de juego alude IDEA y cuál sería la “estabilidad” que proponen? ¿Cómo es posible sostener que ampliar una Corte de tan sólo cuatro miembros, que registra atrasos de años en la resolución discrecional y selectiva de las causas, no serviría para agilizar, mejorar y trasparentar el servicio de justicia? Y superando toda capacidad de asombro, incurrir en el total absurdo de afirmar que incidiría negativamente en la creación de empleo.

Por su parte, lo de AmCham es un insulto a la inteligencia y una injerencia intolerable que violenta la soberanía nacional, demostrando una concepción colonial que es en definitiva lo que también vincula a las dos entidades empresarias.
Ahora bien, enaltecer la independencia del Poder Judicial desde una Cámara asociada a un país que ha hecho del “lawfare” y del adoctrinamiento de jueces y fiscales un nuevo instrumento de dominación en la región, imponiendo políticas neoliberales en su exclusivo provecho, más que una desmesura del lenguaje es una desmesura subestimante de los destinatarios del mensaje.

Las deformaciones de la libertad 

Los enunciados libertarios que propagan los adalides del libre Mercado y replican insistentemente sus personeros mediáticos, son tan falsos como los pronunciamientos republicanos que formulan con el afán de proporcionarles un soporte institucional.

La idea de libertad no puede disociarse de las de igualdad y solidaridad, que son fundamentales tanto para su goce en plenitud como para determinar los límites que impone -en un tiempo y lugar determinados- un ejercicio socialmente razonable y responsable.

El imperio del Mercado jamás ha demostrado contar con esos atributos, ni perseguir articularlos con miras a un desarrollo con equidad y justicia social. Por el contrario, se ha erigido siempre en un obstáculo para alcanzar esos objetivos, incluso contradiciendo las propias reglas que pregona en toda circunstancia en la que se pongan en riesgo los privilegios que consagra a las minorías que lo gobiernan. 

Las transformaciones del liberalismo en las últimas cuatro décadas han acentuado al extremo esos desvíos que hacen a su misma esencia, como los desequilibrios y consiguientes desigualdades que provoca, potenciando el autoritarismo corporativo del Capital concentrado y propendiendo a la colonización de las estructuras del Estado.

En definitiva, si algo caracteriza al Neoliberalismo aún apelando a cualquier forzada alusión metafórica, es que carece de corazón y es profundamente deshumanizante. Sus postulados son incompatibles con toda convivencia pacífica y democrática, se desentienden de los intereses nacionales como no sea para adecuarlos a los propios en procura de sostener privilegios anacrónicos, a sabiendas de que la contrapartida es la exacerbación de las desigualdades y la miseria de las grandes mayorías sometidas a sus designios. De sus patrocinadores no es posible esperar diálogos francos y construcciones de consensos, porque no se trata de adversarios sino de enemigos de las Democracias, de los Pueblos y de la Patria.