En Uspallata, al pie de la Cordillera de los Andes, más de un centenar de familias sostiene una práctica milenaria que no sólo produce alimentos: organiza la vida, el territorio y el vínculo con la naturaleza. Son los puesteros trashumantes, guardianes de un equilibrio delicado entre montaña, agua y ganado. Hoy, ese equilibrio enfrenta una amenaza concreta: la avanzada del gobierno de Javier Milei sobre la Ley de Glaciares y la profundización de un modelo extractivo que pone en riesgo la vida en la cordillera.
La trashumancia no es folklore ni postal turística. Es una forma de producción adaptada a condiciones extremas, construida a lo largo de generaciones. Cada año, entre septiembre y abril, los productores inician la veranada: el traslado del ganado —vacas, cabras— hacia los valles de altura, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Allí, tras el deshielo, emergen los pastos tiernos que permiten sostener la actividad ganadera en una de las geografías más áridas del país.
Pero ese ciclo no depende sólo de la nieve estacional. Su verdadero sostén está en los glaciares y en el ambiente periglacial, que regulan el agua que alimenta vegas, arroyos y humedales de altura. Esos ecosistemas funcionan como una reserva hídrica estratégica: liberan agua de manera constante, incluso en años de sequía, garantizando la continuidad de la vida en la montaña.
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En la última década, Mendoza ha atravesado períodos prolongados de escasez hídrica. En ese contexto, el aporte de los glaciares ha sido decisivo. Sin ese flujo, las vegas se secan, las pasturas desaparecen y el ciclo productivo se interrumpe. Lo que está en juego no es sólo la producción de carne, sino una forma de habitar el territorio.
A la vez, estos humedales de altura cumplen una función ambiental clave: capturan carbono, sostienen biodiversidad y regulan el equilibrio ecológico de la cordillera. La trashumancia, lejos de degradar ese entorno, lo preserva y lo ordena, en una relación de uso responsable construida históricamente.
Sin embargo, los datos son alarmantes. Estudios del IANIGLA-CONICET indican que los glaciares de Mendoza han perdido cerca del 36% de su superficie en las últimas cuatro décadas. Para los puesteros, esa cifra tiene traducción concreta: veranadas más cortas, menor disponibilidad de agua y un deterioro progresivo de las condiciones de producción.
En este escenario, la Ley Nacional de Glaciares (N° 26.639) no es una abstracción jurídica. Es una herramienta de supervivencia. Al declarar a los glaciares y al ambiente periglacial como bienes públicos y al prohibir actividades contaminantes en esas zonas, la ley protege las nacientes de agua que sostienen la vida en la montaña.
Pero ese “escudo legal” hoy está en disputa. La orientación del gobierno de Javier Milei, marcada por la desregulación y la apertura irrestricta al capital extractivo, avanza sobre esos límites. La modificación de la ley no es un detalle técnico: implica habilitar intervenciones que pueden alterar de manera irreversible el ciclo del agua en la cordillera.
Para los productores trashumantes, esto no es un debate teórico. Es la diferencia entre seguir existiendo o desaparecer. Sin glaciares, no hay vegas. Sin vegas, no hay ganado. Sin ganado, no hay comunidad.
La cordillera no es un espacio vacío disponible para la explotación. Es un territorio vivo, habitado, trabajado y cuidado. Desde Uspallata, los puesteros lo dicen con claridad: defender los glaciares es defender el agua, la producción y la soberanía.
Porque en cada arreo, en cada veranada, no sólo se mueve el ganado. Se sostiene una forma de vida que el extractivismo pretende arrasar.
Y frente a eso, desde las alturas, la consigna vuelve a resonar con fuerza: la Cordillera no se toca.
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