Sin justicia fiscal, no hay justicia social

América Latina y el Caribe poseen dos particularidades que ponen de manifiesto, casi como un axioma, una realidad que se respira en cada lugar de nuestro continente. La tremenda riqueza que la región genera está concentrada en muy pocas manos y la pobreza, que no para de crecer, atraviesa a millones y millones de personas. Para ser más exactos, el 30% de los latinoamericanos es pobre. Esa desigualdad criminal se mide en estadísticas que asustan. Una de ellas es que el 1% de la población en la región posee el 43% de la riqueza. En términos más sencillos, si queremos repartir 10 dólares entre 10 personas, solo una de ellas se llevará 4 dólares, mientras que los 6 dólares restantes tendrían que dividirse entre las otras nueve personas. Así es la justicia capitalista, neoliberal.

Está claro, y cada vez más probado empíricamente, que la puerta de acceso para resolver estas inequidades está en los sistemas tributarios. Estos sistemas, como se imaginarán, no son una entelequia abstracta sólo imaginada por técnicos, sino que se han vuelto un terreno de disputa política cuyas normas y alcances, que están hechos a la medida de las élites, son las herramienta más eficaces para comenzar a cambiar la historia. Estos sistemas que recaudan impuestos lo hacen mal y por consiguiente obtienen poco. ¿Por qué decimos que recaudan mal y poco? Básicamente por dos características importantes, pero no determinantes: una baja presión tributaria y sistemas de recaudación basados en impuestos regresivos. Cuando hablamos de presión tributaria, estamos hablando del peso que tienen los impuestos sobre el Producto Interno Bruto (PIB). En América Latina y el Caribe (ALC) el promedio es de 27,1%, mientras que en los países más avanzados (OCDE) alcanza el 34,1%. ¿Qué significa esto? Que en los países del Norte, ejemplo de la derecha vernácula, se pagan más impuestos.

En la misma línea sumamos la otra particularidad: el sistema de recaudación basado en impuestos regresivos. Este sistema, presente en todos los países de nuestra América, pone el peso de la recaudación en los impuestos indirectos. Estos son impuestos exigibles a toda la población y que no toma en cuenta la capacidad contributiva de quien los paga. Lo ponemos más fácil: el IVA o el impuesto al consumo es pagado por todos y todas independientemente del dinero con que contemos. Es decir, lo pagan ricos y pobres por igual. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) o añadido es un ejemplo de esto. Si el Estado recaudara más por impuestos directos -esto es impuestos a los altos patrimonios, a las súper ganancias, etc.- los y las trabajadoras seríamos más felices porque quienes pagarían más serían los que ganan más. ¡Atención antes de continuar! Aquí no hay un sesgo parecido a la revancha de clase, sino sólo aquello que llamamos justicia fiscal.

Pero no nos quedemos solo con esta explicación, sino que vayamos a las estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para tener una noción basada en evidencia. En los países europeos, los  impuestos a la renta de personas con altos patrimonios y las ganancias de empresas representan el 60% de la recaudación en promedio, siempre medido sobre el PIB. En América Latina, por el contrario, equivale al 43%. Por otro lado, mientras el Impuesto al Valor Agregado o añadido, o los impuestos generales al consumo, explican el 50% de la recaudación en nuestra región, en la OCDE sólo llegan el 32,1%. Traducimos al español: en Europa, los que más pagan son los que más poder adquisitivo tienen, mientras que en nuestra región es exactamente al revés.

Ahora, a las dos particularidades que mencionamos tenemos que sumarles algunos elementos que perjudican directamente el incremento de la recaudación de impuestos y, por ende, la posibilidad de obtener recursos para financiar políticas públicas. Se sabe que sin recursos no hay Estado posible. O, al menos, no el Estado que pretendemos. Esos elementos que impactan en la baja recaudación son: elevado gasto tributario en la forma de incentivos a la inversión; resistencia de las élites a aceptar reformas tributarias; problemas estructurales como alta informalidad laboral, evasión y elusión; planificación tributaria ejercida o entendida como maniobras elusivas de personas y empresas (utilización de guaridas fiscales, empresas offshore, etc.).

Pero vayamos por partes. Cuando hablamos de “gastos tributarios” o “renuncia tributaria” nos referimos a aquellas medidas que toman los gobiernos para, por ejemplo, atraer inversiones. Puede suceder que eliminen impuestos y/o beneficien a determinados sectores con rebajas impositivas con la promesa del inversor en cuestión de “generar empleos” y “mejorar la infraestructura en una ciudad”. RIGI, ¿te suena? A nosotros nos gusta llamarlo “privilegios a cambio de nada”. ¿Por qué? Simplemente porque la evidencia indica que las empresas que invierten en nuestros países no se rigen por los impuestos que tendrán que pagar. Estas empresas ya han hecho su planificación fiscal valiéndose de toda su estructura de compañías offshore para triangular diferentes operaciones y así determinar, de antemano, cuántos impuestos pagarán y dónde lo harán.

Para esto siempre viene bien recordar una respuesta de Paul O’Neill, quien en 2001, cuando comparecía ante el Senado norteamericano defendiendo su postulación para ser secretario del Tesoro, dijo en relación a qué cambios específicos aplicaría en los impuestos para aumentar la inversión de las empresas. O’Neill respondió tajante: “Como empresario, nunca tomé una decisión de inversión basada en los impuestos que debía pagar. Si estás regalando dinero, bien, lo tomaré. Si pretendes darme incentivos fiscales para algo que haré de todos modos, lo tomaré. Pero los buenos empresarios no hacen las cosas por incentivos fiscales”.

Entonces, y a raíz de estos antecedentes, podemos decir que América Latina y el Caribe pierde anualmente el 3,7% de su PIB por gastos tributarios o por privilegios a las empresas y a los más ricos a cambio de nada. ¿Qué se podría hacer con esos recursos? En principio, duplicar la inversión en educación en todos los países de América Latina.

Repasando lo que tenemos hasta ahora: sistemas tributarios regresivos basados en impuestos indirectos; amplia brecha en la presión fiscal comparada con la OCDE (12 puntos porcentuales de diferencia en detrimento de nuestra región) y elevado y desproporcionado gasto tributario. Pero la pregunta que hay que hacerse ahora es: ¿en qué marco está ocurriendo esta realidad?

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la pérdida de recaudación en el continente por evasión del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre el valor agregado se ubica en torno a los 433.000 millones de dólares, lo que equivale al 6,7% del PIB. Por otro lado, y según Tax Justice Network, las empresas multinacionales están transfiriendo ganancias por un valor de 1.15 billones de dólares a paraísos fiscales cada año, lo que representa pérdidas de 311.000 millones de dólares anuales en ingresos fiscales directos para los gobiernos de todo el mundo. Nuevamente la CEPAL estimó que en 2015 los flujos financieros ilícitos derivados de las manipulaciones de los precios del comercio habrían rondado los 93.000 millones de dólares o un 1,5% del PIB regional.

En el caso de las personas físicas, también la utilización de jurisdicciones de baja o nula tributación para ocultar patrimonios es una práctica extendida. Estas guaridas fiscales, además de una baja tasa impositiva, ofrecen esquemas de escaso control y regulación, en particular en cuanto a la procedencia de los fondos y a la información de los beneficiarios finales. Según un estudio de Vellutini, titulado “Estimating international tax evasion by individuals”, la riqueza mantenida en el extranjero habría alcanzado los 7,8 billones de dólares en todo el mundo en 2016, lo que equivale al 10,4% del PIB mundial. Hoy en América Latina y el Caribe la riqueza de 107 multimillonarios de la región asciende a 408 mil millones de dólares.

Si regresamos a nuestras aliadas, las estadísticas, podemos identificar que la OCDE recauda cuatro veces más en impuestos a la renta de las personas físicas, en términos relativos al tamaño de su economía. Mientras que en América Latina la recaudación de este impuesto representa un 2,3% del PIB, en los países de la OCDE representa un 8,1%. Lo mismo ocurre con el impuesto a la propiedad, el cual en nuestra región se encuentra en niveles de 0,8% del PIB, mientras que el promedio para la OCDE es de 1,9%. Hay espacio fiscal para gravar a los más ricos y no recurrir al ajuste o a la motosierra.

Otro ejemplo es la riqueza offshore. Se calcula que el 22% de la riqueza latinoamericana no está en nuestra región, sino en guaridas fiscales. Debemos luchar incesantemente para derrumbar la red de servicios financieros offshore, que permite esconder dinero fuera de nuestras fronteras y lejos del alcance de los fiscos; la constitución de sociedades cáscaras e interposición ficticia de personas; la triangulación de operaciones con intermediarios; la triangulación de operaciones con intermediarios en el exterior y otras prácticas.

Para comenzar a ganar esta batalla contra el fraude tributario y poder recaudar más para redistribuir mejor y reparar más rápido, el tejido social, urge tomar medidas desde los gobiernos, tanto de manera individual y colectiva, atendiendo a algunas de estas sugerencias que estamos impulsando desde las organizaciones sociales y la academia.

1. Acceso a la información financiera y acuerdos de intercambio de información: es muy importante que las administraciones tributarias, los organismos de control del mercado financiero y también la sociedad civil tengan pleno conocimiento de las actividades que se realizan tanto dentro como fuera de nuestros países con relación a las finanzas. Esta medida sólo será exitosa con más convenios entre países que habiliten el intercambio de información.
    
2. Registro público de beneficiarios finales y activos: contar con registros públicos de dueños de empresas, fideicomisos, fundaciones y activos (vehículos, inmuebles) nos ayudará a saber quién es dueño de qué cosa y en dónde.
    
3. Endurecer penas por delitos tributarios: es importante modificar los códigos penales para que aquellos que defrauden financieramente al Estado y/o evadan impuestos sean penalmente castigados con penas de prisión efectiva.
    
4. Coordinación tributaria regional y global: abogar por el fortalecimiento de espacios supranacionales de intercambio de experiencias y recomendaciones de políticas públicas. La Plataforma Tributaria de América Latina y el Caribe (PTLAC), impulsada por la CEPAL y algunos gobiernos de nuestra región (Colombia, Chile, Brasil, entre otros), es un ejemplo. Al mismo tiempo, fortalecer la reciente Convención Fiscal en Naciones Unidas, que busca democratizar el debate sobre la tributación global.
    
5. Fortalecimiento de las administraciones tributarias: dotar a las administraciones tributarias de nuestros países tanto de recursos humanos como tecnológicos. La lucha contra la evasión y la elusión de impuestos se complejiza permanentemente gracias a nuevas formas de fraude y para combatir esas prácticas se requiere formación continua de sus funcionarios y funcionarias.

Finalmente, y entrando en un plano más coloquial, tenemos que preguntarnos una vez más por qué es importante debatir sobre el sistema tributario y los impuestos Lo hacemos porque las desigualdades no son un número en un Excel, sino que tienen, aunque suene cursi, rostro, voz, nombre y apellido, Y cuando trazamos una línea entre la gente, las políticas públicas truncas y el fraude tributario, la noción sobre el problema cambia la intensidad de su color.

En el Barrio la Colmena de Quito, Ecuador, vive Juan Córdoba Sánchez. Es albañil. Día tras día va a una plaza de su barrio frecuentada por contratistas de la construcción que demandan su fuerza de trabajo. Juan vive junto a su madre de 93 años, y su sobrina, de 16. Paga por su casa, de una habitación, un alquiler de  60 dólares mensuales. Gana por su trabajo 100 dólares al mes cuando tiene suerte. Al mismo tiempo que Juan lucha diariamente por esos 100 dólares, Ecuador pierde por evasión tributaria el 7.7% de su PIB, cerca de 7.000 millones de dólares al año. ¿Cuántos alquileres podría pagar Juan con ese dinero? ¿Cuántas habitaciones podría construir? ¿Qué cuidados podría darle a su madre? La justicia fiscal que perseguimos se llama Juan, su madre y su sobrina.

En el Barrio Bañado Sur a orillas del río Paraguay, en la ciudad de Asunción, vive Mariel Rodríguez, que es madre de cinco niñas y único sostén económico, físico, espiritual de su hogar. Su ingreso por juntar cartón en la calle no llega a cubrir su alimentación y la de sus hijas. Recibe del Estado dos bonos: el alimentario familiar, que equivale a 90.000 guaraníes, y el familiar, de 40.000 guaraníes. Suma, en total, 130.000 guaraníes por mes, el equivalente a unos 18 dólares. Dicen en el barrio que “cuando el río sube, flota la pobreza”. Al mismo tiempo, Paraguay es el país con menor presión tributaria de la región: 13.4% sobre el PIB. Allí los ricos no pagan impuestos. En 2021 salió a la luz que la empresa Mobile Zone había evadido impuestos por 600 millones de dólares durante cinco años. Una buena casa en Paraguay, en el barrio Luque, para Mariel y sus hijas podría costar, en promedio, 800 millones de guaraníes, unos 100.000 dólares. Seis mil mujeres como Mariel hubiesen tenido acceso a una vivienda si el Estado hubiera perseguido, encarcelado y cobrado esos impuestos a los evasores. La justicia fiscal aquí se llama Mariel y sus cinco niños.

Pero también podemos hablar de servicios públicos de calidad que no incluyen a todos y todas. En Guatemala, por ejemplo, se registra en comparación la inversión en educación más baja de la región. Es exigua la inversión en primaria y preprimaria (Jardín de infantes) y también es muy difícil garantizar la educación bilingüe. Al mismo tiempo, el país tiene una presión tributaria del 12% sobre el PIB y una evasión del Impuesto a la Renta de más de 2.000 millones de dólares por año. ¿Cuántas aulas de preprimaria podrían construirse? ¿Cuántos salarios de docentes podrían pagarse? La justicia fiscal, hoy fuertemente impulsada por sendas reformas, se llama aquí educación de calidad para todos y todas.

No importa dónde vivas. Siempre habrá un Juan, una Mariel, una escuela sin calefacción o sin pizarrones. No naturalicemos esta realidad. Hay un camino posible reformando el sistema tributario. Justicia fiscal es siempre, y en todo lugar, justicia social.