La senadora nacional Cristina Kirchnerpresentó un proyecto de ley para que el Gobierno suspenda los aumentos en las tarifas de los servicios públicos de electricidad, gas por redes y agua corriente para usuarios residenciales, pymes y cooperativas de trabajo, retrotrayendo su costo al 1 de enero de 2017.
En el caso de las pymes y a las cooperativas de trabajo, el beneficio se aplicará "siempre y cuando no despidan ni suspendan trabajadores y trabajadoras, sin justa causa, hasta el 31 de diciembre del 2019, sin importar su modalidad contractual. Esta protección tarifaria caducará de forma automática en caso de que incumplan esta cláusula".
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Por otra parte, crea en el ámbito del Congreso de la Nación el "Comité Nacional de Emergencia Tarifaria" con la finalidad de supervisar, controlar e implementar la Ley. Estará compuesto por una representación plural de legisladores y asociaciones de usuarios: dos representantes de los usuarios y consumidores; dos representantes de los trabajadores; tres representantes de las empresas prestatarias; cuatro senadores; cuatro diputados, y tres representantes del Poder Ejecutivo. Todos ellos ejercerán su cargo ad-honorem.
Entre otras atribuciones, este comité tendrá a su cargo la revisión tarifaria integral de las actas acuerdo de renegociación de todos los contratos llevados a cabo con las empresas prestatarias de los servicios públicos, desde el 1° de enero del año 2017 hasta la culminación de la emergencia pública en materia tarifaria.
Esta revisión será vinculante, y tendrá por objeto adecuar los cuadros tarifarios vigentes hacia una tarifa “justa y razonable”.
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