Blanca Figueroa y Severiano Martínez sabían desde el principio de su matrimonio de ocho años que ella estaba en riesgo de deportación porque entró a Estados Unidos ilegalmente.
Ahora, con el presidente electo Donald Trump cerca de emitir una serie de decretos dirigidos a acelerar el proceso de deportación cuando asuma el cargo el 20 de enero, ese riesgo se ha convertido en una fuente abrumadora de ansiedad y discusión en su hogar en el centro de Florida.
Figueroa, nacida en Guatemala, y Martínez, ciudadano estadounidense, viven con su hijo de siete años que nació en el país, y un hijo adolescente de una relación anterior que tiene la tarjeta verde.
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Figueroa dice que ella es la principal proveedora de ingresos de la familia y la cuidadora de Martínez después de que él resultó herido en su trabajo en un rancho de caballos.
"Él se preocupa mucho de que si me llegarán a mandar (expulsar), él no podría sostener solo la casa y los niños", señaló Figueroa.
Aproximadamente un tercio de las 1,4 millones de personas que serían objetivo principal para la deportación, aquellas como Figueroa con "órdenes finales de remoción", viven en áreas donde Florida y Texas tienen jurisdicción, según datos de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) obtenidos por Reuters.
Los dos estados han promulgado sus propias leyes para reprimir a los inmigrantes que están en el país ilegalmente. Al menos otro tercio de los migrantes que viven bajo órdenes finales están en California y otros estados "santuario" que limitan la cooperación con la aplicación de las leyes de inmigración federal.
Reuters habló con media docena de inmigrantes que viven en Florida y Texas con órdenes de remoción, así como con defensores de la inmigración y líderes religiosos, quienes describieron una creciente ansiedad y prisa por reunirse con abogados y hacer planes de contingencia para los niños y otros dependientes en caso de que sean deportados.
Describieron su miedo de ser detenidos por la policía indiscriminadamente o por conducir sin licencia.
John Budensiek, sheriff del condado de Martin, Florida, a una hora en auto al norte del Club Mar-a-Lago de Trump, dijo que muchos de quienes son detenidos y pasan por sus cárceles podrían ser presas fáciles para la deportación.
El republicano Budensiek dijo que la oficina del sheriff ha "tenido un momento realmente difícil" para que los funcionarios de inmigración recojan a quienes violan esas leyes durante la presidencia del demócrata Joe Biden.
"Creo que la administración de Trump será bastante agresiva para recogerlos", destacó.
Un portavoz del ICE dijo que la agencia tiene en cuenta las circunstancias individuales a la hora de determinar si debe detener a alguien.
Figueroa, de 36 años, cruzó la frontera con México de forma ilegal en 2016 y se ordenó su deportación después de que perdió una audiencia en la corte de inmigración en noviembre de ese año.
Conoció a Martínez, de 64 años, poco después, cuando trabajaban en el mismo rancho. "Él era y sigue siendo mi ángel aquí", relató.
A pesar de casarse con un ciudadano estadounidense, Figueroa no ha podido legalizar su estatus. Perdió la oportunidad de apelar su orden de deportación, y un juez denegó su moción para reabrir el caso, según los registros judiciales.
Ninguna de las opciones que Figueroa y Martínez han discutido en caso de su deportación -que él se quede en Florida, o que ambos viajen juntos a México- parecen viables para ellos, ya que dependen del ingreso de Figueroa y del seguro de salud de Martínez.
Martínez, que siempre ha votado a los republicanos, no sufragó el año pasado debido a la retórica en torno a la inmigración. "Tratan de culpar a todas las personas que vienen a Estados Unidos, pero el país está construido sobre inmigrantes", destacó.
Aun así, espera que el ruido en torno a las deportaciones masivas siga siendo solo eso. "Tenemos que tener fe", dijo Figueroa.
TEMOR CRECIENTE
Tom Homan, quien será el encargado de controlar la frontera cuando asuma Trump, ha dicho que los inmigrantes con órdenes finales de deportación ya tuvieron la oportunidad de argumentar su caso ante un juez.
"Al final de ese debido proceso, cuando se les ordene que se vayan, esas órdenes tienen que ejecutarse o, ¿qué demonios estamos haciendo?", dijo en diálogo con Reuters en octubre. "Si esas órdenes finales no significan nada, entonces cierren el tribunal de inmigración".
Los defensores de la inmigración sostienen que muchas personas con órdenes finales de deportación son residentes de largo plazo, respetuosos de la ley, que contribuyen económicamente al país y tienen hijos o cónyuges que son ciudadanos estadounidenses.
"La mayoría de las personas indocumentadas en este país han estado aquí durante más de una década", dijo Maxwell Frost, un demócrata que forma parte de la Cámara de Representantes y cuyo distrito incluye la mitad de Orlando y las áreas circundantes. "Son nuestros vecinos, son personas trabajadoras".
Frost dijo que planea reunirse con los alcaldes del área de Orlando, las fuerzas del orden, los jueces y los líderes escolares para alentarlos a limitar la cooperación con el esfuerzo de deportación. "No vamos a dejar que hagan estas cosas a escondidas", señaló.
El plan de Trump de priorizar las deportaciones de personas con órdenes finales de expulsión es un cambio drástico del enfoque de Biden en criminales graves y amenazas a la seguridad nacional.
El Gobierno de Biden instruyó a los oficiales de inmigración a considerar ciertos factores antes de hacer un arresto, incluyendo si la persona era residente de largo plazo o cuidador principal.
"Esos son los tipos de factores que serían relevantes para un oficial de la ley en la toma de una decisión de seguridad pública", dijo Tom Jawetz, exfuncionario del Departamento de Seguridad Nacional que ayudó a redactar la guía de Biden.
La nueva guía de Trump priorizaría a los criminales, pero permitiría que cualquier persona sin estatus legal fuera detenida, dando más discreción a los oficiales de inmigración, reportó Reuters en noviembre.
Un cambio como ese podría poner a personas como Adriana, una mujer cubana con un hijo ciudadano estadounidense de 2 años, en un mayor riesgo de deportación. La mujer habló bajo la condición de que no se usara su apellido por temor a ser perseguida y expulsada del país.
Adriana recibió una orden de deportación expedita cuando cruzó la frontera sur en 2021, aunque a su esposo se le dio la oportunidad de presentar un caso de asilo político en el tribunal de inmigración. Su próxima audiencia es en 2027.
Debido a que no podía ser deportada inmediatamente a Cuba, tiene que registrarse regularmente con los funcionarios de inmigración en el sur de Florida, donde ahora vive. "Es que no sé qué va a pasar, no puedo dormir, no puedo comer (...) ¿Y si me separan de mi bebé?", relató angustiada.
DEPORTACIÓN A OTROS PAÍSES
Para Jorge López-Girón, un hombre gay de 47 años de Honduras que ha vive en Estados Unidos sin estatus legal desde 2000, el cambio de línea dura anticipado con la vuelta de Trump a la Casa Blanca significa que podría estar en un riesgo aún mayor de deportación debido a una condena por violencia doméstica.
López-Girón, que trabaja como repartidor de alimentos en Austin, pasó tres meses en un centro de detención para migrantes después de que fue condenado en 2009 tras una pelea en un bar con su entonces novio, relató. No calificaba para pedir asilo porque había pasado varios años en el país sin solicitarlo.
American Gateways, un grupo de defensa con sede en Austin, ayudó a pausar su orden de expulsión basándose en su miedo a la discriminación contra el colectivo LGBTQ en Honduras.
La orden podría ser restablecida si comete otro delito, si las condiciones en Honduras cambian, o si un tercer país acepta recibirlo, dijo Edna Yang, una abogada del grupo.
López-Girón se siente algo seguro con la pausa en su caso de expulsión, pero también sabe que las personas con antecedentes penales serán un foco del Gobierno de Trump. "Tengo miedo (...) ¿Y si un policía me arresta por el color de mi piel o porque no hablo bien inglés?", señaló.
Otros migrantes de países como Cuba y Venezuela, que tienen relaciones tensas con Estados Unidos y aceptan pocas deportaciones, tenían baja prioridad para ser expulsados durante el Gobierno de Biden.
Homan dijo a Reuters que cuando Trump asuma trabajará para aumentar las deportaciones a esas naciones o reclutar a otros países para que los acepten.
Alain, un cubano que cruzó la frontera sur ilegalmente en 2021, ahora vive en Houston con su esposa Erika, una hondureña que también carece de estatus legal, y sus cuatro niños. Sus dos hijos menores son ciudadanos estadounidenses.
El hombre de 32 años relató que dejó la granja familiar en la provincia de Matanzas en 2019 después de que fue acosado y detenido por la policía por su negocio y su oposición al gobierno comunista de la isla.
Solicitó asilo desde México durante el primer mandato de Trump y se lo negaron, antes de cruzar la frontera ilegalmente. En ese momento, Cuba no aceptaba vuelos de deportación de Estados Unidos, por lo que Alain fue liberado con una orden de supervisión y se le ordenó que se reporte a las autoridades migratorias una vez al año.
Ha estado trabajando con American Gateways para impugnar su orden de deportación y recientemente compró un camión grande y un remolque para iniciar su propio negocio de transporte.
Los vuelos de deportación a Cuba se reanudaron en 2023 y el Gobierno de Biden también ha estado deportando a algunos cubanos atrapados cruzando ilegalmente a México.
A Alain le preocupa cómo Erika mantendría a sus hijos si él fuera deportado. "Tenía planes de comprar una casa el año que viene, pero tengo miedo (...) Es un riesgo comprar una casa porque si me deportan pierdo todo", comentó.
Con información de Reuters
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