Una investigación pública sobre el devastador incendio de la Torre Grenfell en Londres en 2017, en el que murieron 72 personas, atribuyó la catástrofe a fallos del gobierno, el sector de la construcción y, sobre todo, las empresas que instalaron revestimientos inflamables en el exterior.
El fuego arrasó el bloque de viviendas sociales de 23 plantas en una de las zonas más ricas de Londres durante la madrugada del 14 de junio de 2017. Fue el incendio más letal que vive el país en un edificio residencial desde la Segunda Guerra Mundial.
"La simple verdad es que las muertes que se produjeron fueron todas evitables", dijo el presidente de la investigación, Martin Moore-Bick.
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En su esperado informe final, la investigación atribuye la mayor parte de la responsabilidad a las empresas implicadas en el mantenimiento y acondicionamiento del edificio, a los fallos de las autoridades locales y nacionales y a las empresas que comercializaron de forma deshonesta materiales de revestimiento combustibles como seguros.
También hubo críticas generalizadas y se culpó al gobierno de entonces, a la autoridad local de Kensington y Chelsea, a la industria, a grupos reguladores, a personas concretas y a un cuerpo de bomberos mal preparado por los años de inacción en materia de seguridad contra incendios en bloques de pisos.
"No todos ellos tienen el mismo grado de responsabilidad en la catástrofe final, pero, como muestran nuestros informes, todos contribuyeron a ella de una forma u otra, en la mayoría de los casos por incompetencia, pero en algunos casos por deshonestidad y codicia", declaró Moore-Bick.
El informe de la investigación, de casi 1.700 páginas, afirma que el infierno fue la culminación de "décadas de fracaso", en las que se antepusieron los beneficios a las personas.
"El deber de los gobiernos debería ser salvaguardar la vida, protegiéndonos de la codicia de las empresas", afirmó Grenfell United, un grupo que representa a algunos supervivientes y a familias en duelo. "Pero durante demasiado tiempo, han ayudado a las corporaciones, facilitándoles el beneficio y dictando la regulación".
Aunque la policía británica dijo que están siendo investigadas 58 personas y 19 empresas y organizaciones, los procesos judiciales -incluidos los de homicidio corporativo y fraude- siguen estando a años vista debido a la complejidad y a la necesidad de estudiar el informe de la investigación.
El primer ministro, Keir Starmer, pidió disculpas a los familiares de las víctimas y supervivientes en nombre del Estado británico, afirmando que se les había fallado durante años.
"Nunca debería haber ocurrido. El país no cumplió con su deber más fundamental, protegerles a ustedes y a sus seres queridos", dijo en el Parlamento, ante la mirada de algunos familiares desconsolados. "Hoy es un día de la verdad largamente esperado, pero ahora debe conducir a un día de justicia".
(Editado en español por Carlos Serrano)
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