La Corte Suprema de Estados Unidos acordó el viernes decidir sobre la legalidad de una ley federal de 2019 destinada a facilitar las demandas contra las autoridades palestinas por parte de estadounidenses muertos o heridos en ataques en Israel y otros lugares.
Los jueces aceptaron las apelaciones presentadas por la administración del presidente Joe Biden y un grupo de víctimas estadounidenses y sus familias contra la sentencia de un tribunal inferior que dictaminó que esta ley violaba los derechos de la Autoridad Palestina y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) al debido proceso según la Constitución de Estados Unidos.
La ley se denomina Ley de Promoción de la Seguridad y la Justicia para las Víctimas del Terrorismo.
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Se espera que la máxima corte celebre los alegatos del caso y se pronuncie a finales de junio. La decisión de conocer del caso se produce durante la guerra de Gaza, en la que Israel lanzó un ataque aéreo y terrestre contra el enclave gobernado por Hamás después de que militantes palestinos asaltaran comunidades fronterizas israelíes en octubre de 2023.
Durante años, los tribunales estadounidenses se han debatido sobre si tienen jurisdicción en casos relacionados con la Autoridad Palestina y la OLP por acciones llevadas a cabo en el extranjero. Según el lenguaje en cuestión en la ley de 2019, la OLP y la Autoridad Palestina "consentirían" automáticamente la jurisdicción si llevan a cabo actividades en Estados Unidos o realizan pagos a personas que atacan a estadounidenses.
Los demandantes en el litigio ante la Corte Supremo incluyen familias que en 2015 ganaron una sentencia de 655 millones de dólares en un caso civil alegando que las organizaciones palestinas eran responsables de una serie de tiroteos y atentados con bomba alrededor de Jerusalén entre 2002 y 2004. Funcionarios y empleados de las dos organizaciones planearon, dirigieron y participaron en estos ataques, según los demandantes.
El Tribunal de Apelaciones del 2º Circuito de Estados Unidos, con sede en Manhattan, anuló el fallo en 2016, al considerar que los tribunales estadounidenses carecían de jurisdicción sobre los demandados palestinos.
Posteriormente, el Congreso aprobó la Ley de Promoción de la Seguridad y la Justicia para las Víctimas del Terrorismo, y las familias, así como los familiares de Ari Fuld, un colono judío de Cisjordania ocupada por Israel que fue apuñalado mortalmente por un palestino en 2018, interpusieron nuevos litigios.
Un juez federal con sede en Nueva York dictaminó en 2022 que la ley era inconstitucional debido a violaciones del debido proceso.
Los demandantes pidieron al 2º Circuito que reviviera sus demandas, pero se negó, lo que provocó la apelación ante la Corte Suprema.
"Nos alienta que la corte haya aceptado el caso para su revisión, y nuestras familias esperan que se restablezca la sentencia a su favor y se haga justicia por los horribles atentados que sufrieron", declaró Kent Yalowitz, abogado que representa a las familias en el caso.
Un abogado que representa a las dos organizaciones palestinas no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Con información de Reuters
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