Perú está a las puertas de una nueva crisis institucional que podría derivar en un recambio anticipado del Poder Ejecutivo, hoy a cargo del presidente interino José Jerí. Con las elecciones presidenciales de abril como telón de fondo, Jerí enfrenta una investigación de la Fiscalía General y numerosos pedidos de censura después de que se filtraran videos donde se lo ve encapuchado en reuniones no declaradas con un empresario chino contratista del Estado. Su continuidad en el poder depende de los cálculos políticos que haga la misma bancada de centro y extrema derecha que lo llevó al palacio presidencial y en la que el fujimorismo tiene la última palabra.
Sin banca propia en el Congreso, la crisis de Jerí expone una vez más la fragilidad institucional de un democracia rediseñada por el dictador Alberto Fujimori en los años 90. Lejos de buscar una solución a esta inestabilidad, en la última década, al calor de sucesivos gobiernos de derecha sin mayorías claras, el Poder Legislativo fue recortando el poder presidencial en pos de un parlamentarismo "de hecho" que desafía cualquier intento de gobernabilidad.
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El chifagate hace tambalear el Gobierno
El escándalo que dejó a Jerí en la cuerda floja estalló en enero último, cuando se viralizaron imágenes de una cámara de seguridad que mostraron al Presidente encapuchado en un restaurante de comida oriental, conocidos como ´chifa´, en una reunión informal con el empresario de origen chino Zhihua Yang. El primer encuentro fue el 26 de diciembre pero nunca había sido informado en la agenda oficial. Una vez que se hizo público, Jerí dio versiones distintas hasta que finalmente reconoció que no había ido solo; lo había acompañado el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, lo que elevó el perfil político del encuentro.
El segundo encuentro fue el 6 de enero en una tienda de productos chinos ubicada en el centro de Lima, cerca del barrio chino. Jerí ingresó a un local que había sido clausurado el día anterior por las autoridades municipales. En las imágenes de seguridad se lo ve hablando por teléfono y vestido con una campera de aviador de la Fuerza Aérea del Perú, con su apellido bordado en el pecho.
Desde entonces, Jerí acumula siete mociones de censura y una investigación en curso a cargo del fiscal general interino, Tomás Gálvez. Tras interrogarlo, levantó el secreto sobre sus comunicaciones telefónicas, pero la expectativa de que el caso avance por la vía judicial es baja dado que se trata del mismo fiscal que en agosto del año pasado archivó una denuncia por violación sexual en contra del mandatario y hasta hace pocos dias decía que la investigación sobre las reuniones clandestinas no podían ser "exhaustivas" ni "profundas" porque había que "respetar la institución de la Presidencia".
Ya hay siete pedidos de censura presentados en el Congreso y, según afirmó el congresista Carlos Zeballos, integrante del Bloque Democrático Popular, también están los 66 apoyos para votarla en el Congreso. Pero el principal escollo es que los congresistas necesitan reunir 78 firmas para convocar a sesiones extraordinarias y poder tratar alguna moción. En diálogo con El Destape, el politólogo peruano Gonzalo Banda sostuvo que no ve un desenlace inminente de la presidencia de Jerí y atribuye la avanzada al cálculo político de Keiko Fujimori. Para el analista, la presidencia de Jerí aún les es funcional al fujimorismo y a las demás bancadas de centro y extrema derecha (Perú Libre, Renovación Popular, Podemos Perú y Alianza por el Progreso). Porque, según explicó, si avanza la moción de vacancia y cae el Presidente, también caería toda la mesa directiva del Congreso, que es la que maneja el pulso de la Cámara y hoy en manos del partido fujimorista Fuerza Popular.
"El fujimorismo tiene que dilatar la crisis porque si pierde el poder que tiene en la mesa directiva del Congreso no va a poder recuperarlo. Esto puede mantener a Jerí en el plano de la supervivencia política", analizó el politólogo. Este cálculo político, que Banda definió como un "juego de estímulos", se coló en el comunicado que Fuerza Popular publicó cuando empezaron a acumularse las mociones de censura. Si bien dijeron que no iban a "sumarse al 'coro desestabilizador de siempre'" agregaron que si "a futuro surge un hecho que haga insostenible la presidencia de Jerí", harán "lo que corresponda".
Gobiernos débiles, Congresos impopulares
La figura del Ejecutivo quedó debilitada en sus funciones producto del rediseño del poder constitucional de los últimos años. El Congreso aprobó una serie de reformas que limitaron el poder presidencial para evitar una disolución del parlamento como la que instrumentó Martín Vizcarra en 2019. Esto abrió un nuevo período de debilidad institucional en el que el Congreso está a tiro de un "estímulo político" para destituir a los mandatarios. Lo que no cambia nunca es el rumbo económico. A pesar de los vaivenes políticos, desde la dictadura de Fujimori, los presidentes aplicaron recetas propias del neoliberalismo al punto de que el titular del Banco Central acaba de cumplir 20 años en el cargo.
En los poco más de cuatro meses de gestión, Jerí alcanzó niveles de popularidad entre el 40% y el 30%, que se consideran altos para un país que, desde el 2020, tuvo cinco presidentes. Con un estilo copiado del presidente de El Salvador Nayib Bukele, el mandatario peruano apostó al marketing político con imágenes en cárceles de máxima seguridad. Pero no le alcanzó. "La mayoría de los presidentes en Perú tiene una bancada muy pequeña, de no más de 25 congresistas, y en este caso Jerí no tiene ni uno, entonces las crisis se precipitan rapidísimo. Basta un estímulo político y el Presidente que parecía muy estable pierde todo su poder", explicó Banda.
Justamente, durante un acto de campaña del viernes pasado Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, puso en duda la continuidad de Jerí y volvió a reavivar la posibilidad de un cambio en el Ejecutivo. "El señor José Jerí hizo muy poco durante estos meses y lamentablemente hoy la agenda nacional está distraída en lo que son sus reuniones poco transparentes. Yo creo que no es segura su presencia en Palacio de Gobierno hasta julio, eso está por verse”, dijo en un acto de campaña en Lima.
Fujimori orquestó un "pacto de poder"
Para la analista política peruana Roxana Loarte, si Jerí aún continúa en el poder es por la conveniencia del grupo de bancadas de centro y extrema derecha lideradas por Fuerza Popular. Este grupo, que también integran Perú Libre, Renovación Popular, Podemos Perú y Alianza por el Progreso, consumó a los ojos de la opinión pública -según Loarte-, un "reparto mafioso" del poder para frenar una serie de investigaciones de la Fiscalía General contra Keiko Fujimori durante el gobierno de Dina Boluarte, también destituida mediante una moción de vacancia. En septiembre del año pasado, la Fiscalía General quedó a cargo de Tomás Gálvez, el mismo que ahora investiga con poca diligencia a Jerí, producto de una jugada coordinada entre Fujimori y Boluarte.
La captura que hicieron del Poder Judicial no evitó la destitución de Boluarte, acorralada por una crisis de inseguridad inédita, la exposición mediática de tramas de corrupción y un índice de aprobación por el piso que, según la encuesta de Ipsos en septiembre del año pasado, un mes antes de abandonar la Presidencia, era del 3%. Pero sí dio sus frutos a Fujimori hija, quien en enero pasado festejó que el Poder Judicial archivara la investigación del caso "Cócteles" por presuntos aportes ilegales a las campañas electorales de 2011 y 2016 y por el que cumplió prisión preventiva desde el 2018 hasta el 2020.
La hija y heredera de política del fallecido dictador había sido investigada por recibir aportes de más de un millón de dólares de la constructora brasileña Odebrecht y más de 3 millones de dólares de Credicorp, el mayor grupo financiero de Perú. La acusación abarcaba presunta comisión de los delitos de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
Un electorado descontento y sin referentes
La efervescencia masiva de jóvenes peruanos que salieron a las calles después de que prosperara la vacancia contra el presidente Martín Vizcarra en 2020, y que se repitió tras la destitución de Pedro Castillo en 2022, menguó en los últimos años a fuerza de represión: el Gobierno de Boluarte dejó más de 50 muertos y 1.400 heridos, según un informe de Amnistía Internacional. Si bien en el coletazo final de este gobierno un pequeño grupo de jóvenes - la "Generación Z"- volvió a salir a las calles para pedir la destitución de Jerí por el "chifagate", su descontento no parece encontrar un cauce político claro.
Según opinó el politólogo Banda, son protestas "importantes" pero sin "organicidad ni liderazgo"; son esporádicas y sin plataforma electoral. Eso explica, para el politólogo, que ningún candidato presidencial tenga un fuerte apoyo en las encuestas.
A tres meses de las elecciones presidenciales, solo Rafael López Aliaga, del partido ultraconservador Renovación Popular, supera los dos dígitos y por poco. En la última encuesta de Datum, el apodado como el "Bolsonaro peruano" tiene un 12% de intención de voto, seguido por Fujimori con un 8,8%. El único candidato que creció un poco es Alfonso López Chau, de centroizquierda y rector de la Universidad Nacional de Ingeniería que pasó de 3,8% a 4,6%, un porcentaje que de todas formas está dentro del margen de error, según advirtió Banda. "El panorama todavía está muy poco politizado. Es una elección descafeinada", concluyó. La encuesta de Datum parece darle la razón: casi el 43% aún no sabe a quién votar o ya definió que votará en blanco.
En la misma línea, la analista política Loarte consideró que estas elecciones exponen que no hay una "representatividad real" del sistema democrático. "Si uno ve lo que marcan las encuestas de la zona sur del país, donde está el voto mayoritario de Castillo y las principales víctimas de la represión de Boluarte, allí arrasa la opción voto en blanco o nulo", destacó Loarte. Además, una encuesta de IEP aportó otro dato que funciona como brújula del cambio que vive Perú. Desde el 2021, año en que ganó Castillo, la identificación con el espectro ideológico de la derecha creció exponencialmente y pasó de un 29% a un 41%, en detrimento de quienes se identifican con la izquierda que bajó del 32% al 22%.
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