Hoy 1º de septiembre, México comienza un camino muy difícil pero trascendental: la posibilidad de realizar una profunda reforma democrática del Poder Judicial, avalada, según las encuestas, por el 81% de su pueblo. El desafío es enorme porque toca los más caros intereses de los privilegiados de siempre y es trascendental porque busca terminar con la rémora monárquico-aristocrática que todavía esa institución tiene en casi todos los países del mundo.
El primer paso lo dio en febrero de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador al enviar al Congreso, entre otras 19 iniciativas, una reforma judicial cuyo núcleo central es la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces, incluyendo los de la Corte Suprema.
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Cuando el pasado 2 de junio, Morena y su coalición “Sigamos haciendo historia” fueron revalidados por una abrumadora mayoría de mexicanos (la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ganó con el 60% de los votos y el oficialismo obtuvo una cómoda mayoría en ambas cámaras del Congreso), la aprobación de esa iniciativa empezó a vislumbrarse como un hecho… y cundió el pánico.
Las críticas, repudios y obstáculos que se pusieron en marcha, dentro y fuera de México, para instalar la idea de que la aprobación de la reforma del Poder Judicial era altamente perjudicial para los mexicanos es digna de un manual de instrucciones que los gobiernos progresistas deberían estudiar minuciosamente.
En Estados Unidos, el Colegio de abogados de Nueva York, senadores republicanos y demócratas, las calificadoras de riesgo como Fitch o los bancos estadounidenses como Morgan Stanley (con las remanidas amenazas de bajar la calificación) y, desde ya, el embajador en México, Ken Salazar –todos sistemáticamente amplificados por los medios de comunicación- se mostraron súbitamente afligidos por el bienestar de México.
“Estamos muy preocupados porque la reforma podría socavar la independencia y la transparencia del sistema judicial en México, poniendo en peligro los intereses económicos y de seguridad críticos que comparten nuestras dos naciones”, reza el comunicado firmado por los senadores Marco Rubio (Florida); Tim Kaine (Virginia); Ben Cardin (Maryland) y James Risch (Idaho). “Instamos encarecidamente a la administración de López Obrador como a la entrante de Claudia Sheinbaum a implementar sólo aquellas reformas que mejoren las calificaciones profesionales, combatan la corrupción, protejan la autonomía judicial y fortalezcan la confianza de los inversionistas.”
La respuesta del presidente AMLO a la inaceptable injerencia del Congreso estadounidense fue inmediata: “Tienen que aprender a respetar la soberanía de México. No es cualquier cosa. Nosotros no vamos a darles consejos allá. Ni a decir qué está bien y qué está mal, entonces queremos que sea recíproca la relación de respeto”, dijo en la conferencia de prensa diaria llamada “mañanera”. Luego escribió en la red X: “Esperamos que esto no vuelva a suceder. No es como antes cuando los estadounidenses decidían nuestra agenda”.
El embajador Salazar fue más lejos y con tal de instalar la línea argumentativa del imperio de que los cambios en el Poder Judicial atentan contra la democracia de México llegó a asegurar que el voto popular no es democrático: “Creo que las elecciones directas de jueces representan un riesgo para el funcionamiento de la democracia en México”, afirmó.
“No vamos a permitir que él opine”, reaccionó AMLO. “Si no hay respeto a la soberanía de México, hay pausa con la embajada estadounidense y con la de Canadá. No vamos a pedirles que se vayan del país, pero habrá una pausa verbal”. Por su parte Claudia Sheinbaum, en su cuenta X, le recordó al embajador que en su país “43 de los 50 estados eligen los jueces por voto popular”.
“El exabrupto del embajador Salazar sólo me lo explico por la absoluta sumisión del gobierno que representa a los intereses de las transnacionales, energéticas, financieras estadounidenses, que están preocupadas porque están a punto de perder un bastión de impunidad y de protección para sus negocios sucios, que eso es lo que ha sido hasta ahora la configuración del Poder Judicial mexicano”, aseguró el escritor y periodista del diario mexicano La Jornada, Pedro Miguel.
Los privilegios de la casta
La propuesta que se discutirá en la Cámara de diputados en septiembre ya tiene más de 300 cambios en relación a la presentada por AMLO. Contiene ideas de avanzada como la del voto popular y la paridad de género en todo el Poder Judicial. La corte Suprema, por ejemplo, bajará sus miembros de 11 a 9; tendrá 5 mujeres y 4 hombres y reducirá los años en el cargo de 15 a 12.
La primera elección está prevista para el primer domingo de junio de 2025 e implicará la renovación de la mitad de los magistrados y jueces federales. La segunda será en 2027. Claudia Sheinbaum, la presidenta más votada en la historia de México, será la primera que estando en ese cargo ejecutivo no elegirá a los miembros del Tribunal Supremo.
Los cambios impulsados por AMLO también contemplan eliminar prebendas escandalosas y ajustar las exorbitantes remuneraciones que reciben algunos jueces: ninguno podrá tener un salario superior al del presidente de la Nación.
“La verdadera amenaza de la reforma es a los intereses de jueces con salarios obscenos de 50 o 100 mil dólares mensuales” afirmó Pedro Miguel. “Tiene pagados gastos de por vida y garantizados 100 dólares diarios en concepto de alimentos. Tienen derecho a que el Poder Judicial les remodele su casa particular y, una vez que se jubilan, se quedan con el auto que les dio la institución. Tienen fondos de pensión exorbitantes… eso es lo que están defendiendo.”
En cuanto al cambio en la forma de ser elegidos, el periodista explicó: “Los actuales ministros de la Corte, los magistrados del Tribunal Electoral, etcétera, fueron designados en encuentros de pasillo entre los partidos políticos que tuvieron la mayoría hace 15 años o 9 años. Es decir, son producto de conciliábulos del poder, de una clase política neoliberal muy corrupta, privatizadora que ya no está, que perdió el apoyo popular de manera inequívoca en 2018 y que no logró recuperarlo en 2024.”
Huelga judicial
Otras de las herramientas clásica usadas por los grandes poderes para paralizar las iniciativas que van en contra de sus intereses es la división de los sectores populares, especialmente, a través de manifestaciones de disconformidad.
El 19 de agosto un sector minoritario de los empleados judiciales declaró una huelga por tiempo indeterminado, alegando que la reforma afectará sus carreras. AMLO pidió entonces a los trabajadores. “No se dejen manipular porque no van a salir afectados, al contrario, se van a beneficiar”. “Es la élite, los que se sirven con la cuchara grande” quienes usan a los trabajadores para querer mantener privilegios en el Poder Judicial, aseguró. Luego AMLO les sugirió que comparen “cuánto ganan, qué prestaciones tienen y cuánto percibe un juez, magistrado o ministro”.
“La reforma no afecta los derechos laborales de los trabajadores, sino que apunta a eliminar los privilegios excesivos de altos funcionarios judiciales”, explicó Pedro Miguel. “El paro es minoritario, alrededor de un 10% de los trabajadores. No representa a la mayoría y no cuenta con el apoyo del sindicato del personal del Poder Judicial”.
Sobre las manifestaciones de empleados judiciales en varias ciudades del país, el periodista opinó: “No es asunto laboral sino político. Quieren impedir una reforma que busca limpiar un Poder Judicial tomado por una mafia. Quieren preservar corruptelas, prebendas y privilegios ilegítimos. Estas embestidas buscan defender a esos jueces que se arrodillan frente a los intereses de las empresas petroleras y energéticas privadas, a las transnacionales y a las cúpulas empresariales.”
Septiembre será un mes de grandes eventos en México. Más allá del resultado, los debates e ideas marcarán un antes y un después en su democracia y será, sin dudas, un ejemplo y un disparador de cambios para el resto de América latina.
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