El ex líder rebelde congoleño Roger Lumbala fue declarado culpable el lunes por un tribunal de París de complicidad en crímenes contra la humanidad cometidos durante la Segunda Guerra del Congo y fue condenado a 30 años de prisión, informó un funcionario.
El juicio ha sido aclamado por los defensores de la justicia internacional como un hito en la ampliación de la rendición de cuentas por el conflicto que dejó millones de muertos. La fiscalía había solicitado cadena perpetua para Lumbala, de 67 años.
Al anunciar el veredicto, el presidente del tribunal, Marc Sommerer, declaró que Lumbala había sido declarado culpable de ordenar o colaborar en la comisión de torturas y crímenes inhumanos, ejecuciones sumarias, violaciones constitutivas de tortura, esclavitud sexual, trabajos forzados, robo y saqueo.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Las acusaciones se referían a una operación militar conocida como "Borrar la Junta", llevada a cabo en 2002 y 2003 en el noreste del Congo por el Movimiento para la Liberación del Congo y la Agrupación para la Democracia Congoleña-Nacional (RCD-N), grupo respaldado por Uganda y dirigido en aquel momento por Lumbala.
La operación iba dirigida contra miembros de los grupos Nande y Bambuti, acusados de apoyar a una milicia rival.
La Segunda Guerra del Congo se desarrolló entre 1998 y 2003. Afectó a nueve países y mató a más de 5 millones de personas, muchas de las cuales murieron de hambre y enfermedades.
Mientras que algunas personas han sido juzgadas en la Corte Penal Internacional por crímenes cometidos durante la guerra, el proceso de Lumbala marcó la primera vez que un ciudadano congoleño ha sido juzgado ante un tribunal nacional en relación con el conflicto.
Lumbala fue detenido en enero de 2021 en virtud de la ley francesa de "jurisdicción universal", que permite a sus tribunales solicitar justicia en relación con crímenes contra la humanidad cometidos en el extranjero.
Lumbala se negó a declarar en el juicio, que comenzó el mes pasado, cuestionando la legitimidad del tribunal francés. Asistió al veredicto.
Yasmine Chubin, directora jurídica de la Fundación Clooney para la Justicia, que participó en el juicio como parte civil, afirmó que utilizar los tribunales nacionales para estos casos permitiría detener a sospechosos más allá del puñado que busca la CPI.
Con la jurisdicción universal "en cierto modo se estrecha la red y se consigue que haya muchas opciones diferentes para las personas (víctimas) y ningún lugar al que puedan acudir los autores de estos crímenes"
Pisco Paluku Sirikivuya, un enfermero de 50 años de Mambasa, en el este del Congo, viajó a París para contar al tribunal cómo los rebeldes del RCD-N le robaron e hirieron, mataron a su tío y violaron a la mujer de un amigo en la provincia congoleña de Ituri.
"Estoy conmovido y muy satisfecho con este veredicto. Hemos esperado tanto tiempo", declaró. "Esperamos que esto sirva de lección a quienes siguen causando dolor al pueblo del Congo, y en particular a Ituri".
(Reportaje de Sonia Rolley y Layli Foroudi en París; Editado en español por Natalia Ramos)
Cerrar sesión