En el marco de las hostilidades que Estados Unidos está llevando adelante en la región, el almirante a cargo de las operaciones en Sudamérica, Frank Bradley, confirmó que la presunta narcolancha atacada el 2 de septiembre en la que 11 personas fueron asesinadas durante cuatro ataques seguidos en el Caribe no llevaba narcóticos, ni tampoco se dirigía a territorio estadounidense, sino que viajaba a Surinam.
También reconoció que los sobrevivientes al primer ataque hicieron señas a la aeronave militar, aunque sin aclarar si pedían ayuda o intentaban rendirse.
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La explicación llegó después de que, en una sesión informativa en la Cámara Alta donde se trató el ataque de septiembre, demócratas y republicanos exigieran explicaciones a los altos funcionarios militares estadounidenses sobre lo ocurrido en aquella jornada.
El demócrata Jack Reed dijo sentirse "profundamente perturbado" por el video que se difundió y pidió que se haga público ante la población. "Esta sesión informativa confirmó mis peores temores sobre la naturaleza de las actividades militares del Gobierno de (Donald) Trump", señaló sobre lo informado por los militares y mostrado en el video oficial.
La declaración de Bradley, a cargo del operativo, contradice la afirmación inicial de Trump, quien aseguró que el barco iba rumbo a territorio estadounidense. Detalló que la embarcación "viajaba hacia un encuentro con otra nave marítima, de mayor tamaño, que tenía por destino final Surinam", un país del norte de Sudamérica y aledaño a Venezuela.
Sin embargo Bradley explicó que existía la posibilidad de que parte del cargamento terminara, eventualmente, llegando a Estados Unidos. Ese razonamiento, aseguró, justificaba atacar a la embarcación más pequeña aún cuando esta no se dirigía a costas estadounidenses. Pero por otro lado, funcionarios del área de control de drogas contradijeron esa premisa. Según explicaron, las rutas que pasan por Surinam alimentan principalmente mercados europeos, mientras que el tráfico hacia EE.UU. se desplazó al Pacífico durante los últimos años.
La operación, que incluyó cuatro ataques consecutivos contra una embarcación ya partida en dos, derivó en una investigación del Congreso norteamericano y reabrió el debate sobre los límites de las operaciones antidrogas en el Caribe, especialmente aquellas que involucran el uso letal de fuerza contra los navegantes.
Cuatro ataques y un posible crimen de guerra
Bradley también admitió que la embarcación dio la vuelta al detectar la aeronave estadounidense, algo que la CNN había reportado previamente. La primera ofensiva partió el barco en dos y dejó a dos sobrevivientes aferrados a los restos. Los ataques posteriores -el segundo, tercero y cuarto- mataron a los sobrevivientes y hundieron completamente la estructura.
El segundo ataque en particular, generó alarma en los legisladores de ambos partidos, llevando al Comité de Servicios Armados del Senado a anunciar una investigación formal. Parte de las dudas recaen sobre el rol del secretario de Estado, Pete Hegseth, quien habría dado instrucciones para asegurar un ataque letal, y sobre las órdenes que Bradley interpretó como un mandato para matar a todos los tripulantes y hundir la embarcación.
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