El Gobierno de Estados Unidos, aún con el demócrata Joe Biden al frente, anunció el retiro de Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo. Como respuesta, en el marco de un diálogo emprendido con la mediación del Vaticano, La Habana informó la liberación de 553 personas "sancionadas con el debido proceso", según precisaron en un comunicado de la Presidencia de la isla.
Sin embargo, la medida podría ser revertida a partir de la próxima semana, cuando el republicano Donald Trump pasará a estar al mando del Gobierno.
"Agradezco a todos los que contribuyeron a la decisión anunciada hoy por EE.UU de excluir a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo en la que nunca debió estar y que, junto a otras dos medidas adoptadas, ha tenido un alto costo para el país y las familias cubanas", escribió en paralelo a los anuncios el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.
Según el comunicado difundido por Estados Unidos, el Gobierno de Cuba "no proveyó ningún apoyo al terrorismo internacional en los últimos seis meses" y, a la vez, "dio la seguridad de que no lo hará en el futuro". Por su parte, la agencia de noticias Associated Press, indicó que fucionarios estadounidenses de alo nivel revelaron que "muchas decenas de prisioneros políticos" serían liberados antes del fin del Gobierno de Biden, el próximo 20 de enero al mediodía.
Además, el Gobierno demócrata decidió suspender una cláusuala, incluida la ley Helms-Burton sobre el embargo estadounidense a la isla, que permite a los cubano-estadounidenses reclamar compensación a Cuba por los bienes que les fueron nacionalizados en la era castrista. Esa suspensión, explicó el Ejecutivo, “es necesaria para los intereses de la seguridad nacional y para acelerar la transición a la democracia en Cuba”. Asimismo, eliminará una lista que restringe a determinadas entidades cubanas de llevar a cabo una serie de transacciones financieras.
Las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos se rompieron en 1959, tras el triunfo de la revolución liderada por Fidel Castro por sobre la dictadura de Fulgencio Batista. A ello, Washington respondió con un duro bloqueo que perdura hasta la actualidad, junto con la inclusión en la lista de patrocinadores del terrorismo, en 1962. La salida de la isla de la lista había sido ejecutada por primera vez en 33 años durante el gobierno demócrata de Barack Obama, pero fue reimpuesta a finales de 2021 en el primer mandato de Trump.
Para esta ocasión, según informó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano dio a conocer que el diálogo se llevó adelante en el marco de las "estrechas y fluidas relaciones" con el Vaticano que llevaron a encuentros entre Díaz-Canel y el Papa Francisco. "Entre otros asuntos de interés mutuo y del acontecer internacional, se trasladó en esos encuentros información sobre este tema y se profundizó en la naturaleza injusta y el efecto nocivo de la política de Estados Unidos hacia Cuba", precisaron.
"En el espíritu del Jubileo Ordinario de 2025 declarado por Su Santidad y que recién comienza, comunicó la decisión de beneficiar con el otorgamiento de libertad a 553 personas sancionadas en debido proceso por delitos diversos contemplados en la ley", anunciaron tras luego de que la Casa Blanca confirmara el retiro de la isla de la lista negra. En ese sentido, explicaron que las liberaciones implicaron un "análisis cuidadoso" a partir de las distintas modalidades que contempla la legislación penal y penitenciaria local. "Estas personas recibirán sus respectivos beneficios gradualmente", aseguraron.
La posibilidad de que la decisión sea revertida por Trump
“La administración entrante -en relación a la era Trump que comenzará la próxima semana- ciertamente tendrá la oportunidad de revisar la posición”, admitió un alto funcinario de la Casa Blanca. Aún así, precisó que trabajarán con la misma información con la que cuenta la administración actual, que señala que “no hay pruebas creíbles en este momento de que Cuba esté apoyando el terrorismo internacional”, ni lo hizo en los últimos seis meses, el requisito que contempla la legislación nacional para permitir la retirada de un país de la lista negra.
Sobre esa posibilidad, también se expidió la Cancillería cubana: "Los políticos estadounidenses no suelen detenerse en encontrar justificación honesta, mientras siga vigente la visión descrita en 1960 por el entonces subsecretario de Estado asistente Lester Mallory, y la meta por él descrita de doblegar a los cubanos por vía del cerco económico, la miseria, el hambre y la desesperación. No se detendrían en justificaciones mientras ese gobierno continúe siendo incapaz de reconocer y aceptar el derecho de Cuba a la libre determinación, y mientras siga dispuesto a asumir el costo político del aislamiento internacional que le provoca su política genocida e ilegal de asfixia económica contra Cuba", consideraron.
En esa línea, adelantaron que seguirán "enfrentando y denunciando" esa política que denominaron de "guerra económica", así como los consecuentes "programas de injerencia y las operaciones de desinformación y descrédito". En tanto, apuntaron que "permanecerá dispuesta" a desarrollar una relación de respeto "basado en el diálogo y en la no injerencia de los asuntos internos de uno y otro, a pesar de las diferencias".