El próximo 5 de noviembre se realizan las elecciones en Estados Unidos, donde además de elegirse nuevo presidente y la representación en el Congreso, al menos 11 estados del país podrían definir si recuperan o no el acceso legal al aborto que la Corte Suprema eliminó, después de 50 años, en 2022.
El acceso al aborto legal es uno de los temas que podrían definir la decisión de las votantes mujeres. Según el Council on Foreign Relations, las mujeres constituyen el grupo más grande de votantes registrados y tienden a participar en altos niveles, como lo hicieron en 2020 con un 68,4%.
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Por lo que, si bien Donald Trump es el favorito en las encuestas y suele tener el apoyo de las mujeres blancas, la situación en su carrera contra la candidata Kamala Harris podría estar cambiando por la preocupación respecto a los derechos reproductivos. En la primaria republicana de Carolina del Sur, un 43% de las mujeres votaron por Nikki Haley, lo que sugiere una posible pérdida de apoyo para Trump.
En 2022, el fallo de la Corte Suprema demostró que los efectos del Gobierno de Trump no habían terminado con su mandato: el ex mandatario consiguió que el Senado apruebe a los tres jueces que nominó para la Corte. Todos son ultraconservadores de menos de 60 años, lo que se considera joven dado que el cargo puede ser vitalicio y que probablemente duren mucho tiempo. Por eso, la vía para ganar derechos en Estados Unidos, esta vez, deberá ser política y no judicial.
En los últimos dos años, luego que la Corte Suprema borrara de un plumazo lo que el movimiento feminista había conseguido en 1973, la lucha por el aborto legal reactivó la militancia. Algunos estados, considerados más progresistas (o liberales, como le dicen los estadounidenses), como California y Vermont, rápidamente aprobaron enmiendas para incluir el acceso al aborto y a métodos anticonceptivos en sus constituciones. En total, ya son siete estados los que lo hicieron, inclusive algunos más conservadores como Ohio, el año pasado. Por el contrario, los distritos más conservadores hicieron activar leyes que ya tenían listas para prohibir o restringir al máximo el acceso al aborto una vez que el máximo tribunal cambiara la jurisprudencia.
En los estados donde los republicanos controlan las legislaturas y muchas veces también las gobernaciones, renació toda una red de organizaciones y activistas que ayuda a cualquier persona gestante que quiera interrumpir su embarazo, por la razón que sea. Las acompañan a cruzar a estados donde sí sobrevivió este derecho para la consulta previa y para concretar la interrupción. También existen plataformas que facilitan el pedido y envío de medicamentos como misopostrol para evitar el viaje. Este tipo de solidaridad de base se volvió fundamental, especialmente en los estados más conservadores que no solo impusieron una prohibición total o casi total, sino que además desfinanciaron instituciones centrales como Planned Parenthood.
Después de estos dos años de militancia de base, la decisión de la mayoría de estas redes fue dar las peleas en los congresos de cada estado, incluso en aquellos que dominan los republicanos y en donde nadie duda que en noviembre ganará el ex presidente Donald Trump. Hasta ahora, cuatro estados ya aprobaron incluir una consulta popular en las elecciones de noviembre: Colorado, Florida, Maryland y Dakota del Sur. Missouri ya entregó las firmas y todo parece listo para que se sume, mientras que Arkansas, Arizona, Montana, Nebraska, Nevada y Nueva York tienen hasta este mes o el próximo para presentarlas.
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