La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a El Salvador por violencia obstétrica y violación al derecho a la salud

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a El Salvador por violencia obstétrica, violación del derecho a la salud, a la integridad y a vivir una vida libre de violencias de “Beatriz” a quien el Estado le negó un aborto. “Es un triunfo, el Estado tiene la el deber de responder a las medidas impuestas”, sostuvo en conferencia de prensa Delmy, la madre de la joven violentada. Con esta decisión del Tribunal, el Estado está obligado a reformular o a crear normativa interna conforme a los estándares internacionales con perspectiva de género en el plazo de un año.

“La sentencia es histórica, es un acto de reparación. Hoy más que nunca reafirmamos la urgencia de luchar porque esta historia no se repita”, sostuvo ante El Destape la activista feminista y defensora de derechos humanos Sara García, parte de una de las organizaciones que participó de la demanda.

El caso Beatriz

En El Salvador, el derecho al aborto no existe. No hay ninguna causal que permita el acceso a la práctica, ni siquiera cuando la vida de la persona gestante está en riesgo o cuando se sabe que el feto no tiene posibilidad de sobrevida. Ese contexto, llevó a “Beatriz” -un nombre ficticio que se usa para resguardar la identidad de la joven- a transitar por todas las instancias judiciales hasta llegar al máximo tribunal americano que se pronunció al cabo de más de 10 años.

Beatriz tenía 22 años en 2013, cuando quedó embarazada de su segundo hijo. Tenía lupus eritematoso sistémico (LES) -una enfermedad autoinmune crónica que provoca que el sistema inmunitario ataque los tejidos sanos del cuerpo, con síntomas que pueden variar, aparecer y desaparecer según la persona- y a las 12 semanas, supo que el feto era anencefálico, por lo cual no tendría sobrevivencia fuera de su vientre. Los médicos determinaron que continuar con ese embarazo ponía en grave riesgo su vida; sin embargo, jamás pudo acceder a un aborto.

Finalmente, tuvo una cesárea de emergencia y el feto sobrevivió sólo cinco horas. Beatriz falleció en 2017 producto de una neumonía luego de sufrir un accidente de tránsito.

La responsabilidad del Estado a garantizar una vida libre de violencias

• Sentencia

La decisión de la Corte IDH fue dada a conocer este viernes 20 de diciembre y fue leída por el vicepresidente del Tribunal, Rodrigo Mudrovitsch. “La Corte estableció la responsabilidad del Estado por violencia obstétrica y violaciones a la salud, al acceso a la justicia, a los derechos a la integridad personal, a la vida privada, y a vivir una vida sin violencia en perjuicio de Beatriz, así como a la violación al derecho a la integridad personal en perjuicio de sus familiares”, expresó.

En su decisión, la Corte estimo que “no le corresponde establecer cuál era la mejor forma de abordar la debida atención de 'Beatriz' desde el punto de vista médico”, a la vez consideró que “no correspondía pronunciarse sobre el derecho a la vida vinculado a presuntos riesgos para la vida generados u opiniones médicas per se”. Además, determinó que “no se probó un nexo causal entre el fallecimiento de Beatriz, en 2017 y la atención médica distante su segundo embarazo”, de esa forma, evitó pronunciarse sobre las fuertes restricciones que existen en el país sobre el acceso a la interrupción del embarazo.

• Las obligaciones que dispuso

La Corte IDH estableció medidas que son de obligatorio cumplimiento para el Estado de El Salvador. Entre ellas, que el Estado debe “adoptar todas las normativas necesarias para brindar directrices y guías de actuación al personal médico y judicial frente a situaciones de embarazo que pongan en riesgo la vida y la salud de la mujer”. Según el punto siete de la sentencia, esto puede ser a través de la adecuación de protocolos existentes o de la creación de nuevos para que haya “seguridad jurídica” en situaciones similares dado que la falta de claridad en las normas “impidió la adopción decisiones para proteger los derechos” de Beatriz. En otras palabras, se trata de garantizar que el personal médico no será perseguido ni condenado en caso de practicar un aborto. Para esto, tiene un plazo de un año.

Este punto fue el que las organizaciones feministas celebraron, al entender que, de esa manera, El Salvador debe atenerse a los estándares elaborados por los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), por ejemplo, que hacen una lectura amplia y social del derecho a la salud y de la imposición de ese término. “Vamos a velar porque esta medida de cumplimiento sea lo más progresiva, lo más garantista que reconozca de mayor forma los derechos de las mujeres y evite que otra vuelva a pasar por lo que Beatriz pasó”, dijo en la conferencia de prensa colectiva la integrante de la organización IPAS Latinoamérica, Fernanda Díaz de León, que también formó parte de la demanda.

“Esto es sumamente importante para que este país pueda comenzar un camino virtuoso en el sentido de los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos de las mujeres”, apuntó antes este medio Analía Más, integrante de Incidencia Feminista de Argentina. La organización se presentó como amicus curiae ante la Corte IDH en este caso y planteó la violación de los derechos a la igualdad y a la no discriminación de las mujeres. Desde esa perspectiva, Más destacó la lectura sobre la imposición del "derecho a la salud como causal" para permitir el aborto en El Salvador, sobre todo, por el hecho de que las mujeres afectadas a estas situaciones son de orígenes “muy humildes”, de zonas rurales y campesinas.

Otra de las medidas que impuso la Corte es la de garantizar de manera gratuita atención a la salud de les familiares de Beatriz, para lo que tiene un plazo de seis (6) meses.

Cabe señalar que no todos los puntos fueron por unanimidad. El juez colombiano Humberto Sierra Porto criticó que la Corte no abordara el impacto de la penalización del aborto en el país y señaló que se ignoró el derecho de Beatriz a la autonomía reproductiva, reconocido en casos como Artavia Murillo vs. Costa Rica. Este derecho incluye la capacidad de decidir sobre el propio cuerpo y la maternidad, lo cual está completamente limitado por la legislación salvadoreña. Según dicho magistrado, la criminalización absoluta del aborto transformó a Beatriz en un medio para fines ajenos a sus elecciones personales, atentando contra su dignidad y autonomía.

Las lecturas desde El Salvador

Desde El Salvador la sentencia se consideró un triunfo, más allá de que se esperaba una mirada más amplia e histórica sobre el derecho al aborto. “Estamos muy satisfechas en cuanto a la justicia que se ha hecho para Beatriz”, sostuvo en conferencia de prensa la presidenta de la Agrupación por la Despenalización del Aborto, Morena Herrera. “Se hizo Justicia estableciendo la responsabilidad internacional del Estado ante esta violación a los derechos humanos, ante la falta de atención a la salud que caracteriza como una violencia obstétrica que los Estados deben reparar”, remarcó.

La situación en El Salvador

A lo largo del tiempo de gestación, el derecho a la vida le fue negado Beatriz en las instancias judiciales en su país. No se trató de un caso particular: las leyes restrictivas permiten a la Justicia a encarcelar a las mujeres y hasta a condenarlas en caso de emergencias obstétricas y acusarlas por “homicidio” en casos que son de abortos espontáneos o en casos efectivos de abortos con condenas de entre 30 y 50 años de prisión. También, responsabiliza a los médicos que lleven adelante la práctica.

En 2022, las organizaciones feministas lograron sacar de la prisión a unas 75 mujeres que se encontraban en esa situación. Pero eso no significó un avance en la normativa ni mucho menos. Ahora también son perseguidas por el “estado de excepción” impuesto en el país por el presidente, Nayib Bukele, bajo la excusa de la “guerra contra las pandillas” que emprendió desde que asumió su gobierno. Según contó a El Destape la activista feminista Morena Herrera, en la actualidad hay mujeres en prisión preventiva y, quienes están bajo el régimen de excepción, detenidas sin posibilidad de acceder a una defensa ni ver a sus familias por emergencias obstétricas o abortos. No saben cuántas son.

Por la falta de acceso a la información pública, también determinada por el Gobierno, no se tienen datos sobre salud precisos, pero hasta 2017 el suicidio era la primera causa indirecta de muerte materna en adolescentes. “Dadas las condiciones que existen, más bien la situación ha empeorado”, sostuvo Herrera.

El contexto de represión, de hecho, llevó a la familia de Beatriz a ser víctima de la violencia institucional y estatal una vez más, según lo denunció la familia en la misma conferencia de prensa que dieron esta tarde. Delmy y Humberto, madre y hermano de Beatriz, agradecieron a las organizaciones feministas el apoyo y el acompañamiento durante todos estos años, pero también exigieron que el Estado les escuche por la detención arbitraria de Mauricio -otro de los hermanos de Beatriz. “Esta lucha no termina acá, sabemos que muchas madres están pasando por momentos difíciles, que hay muchas personas detenidas bajo el régimen de excepción, por eso les digo: esta lucha no termina acá”, manifestaron.

Humberto, también aprovechó el momento: "Quiero decir y pedir que el Estado nos escuche, que asuma sus responsabilidades, que se equivocó con Beatriz y se ha vuelto a equivocar porque ha encarcelado por el régimen de excepción a Mauricio. Queremos pedirle al Estado que lo libere, por todas las mujeres y por todas las capturas arbitrarias, pedimos justicia y que los liberen”, dijo ante las cámaras.  

La importancia del fallo para la región

En América Latina y el Caribe, se encuentran 4 de los 10 países en el mundo que cuentan con la normativa más restrictiva sobre aborto: Honduras, Nicaragua, República Dominicana y El Salvador. Por esa razón, esta sentencia fue acompañada desde todos los territorios.

Larissa Arroyo es de Costa Rica, abogada especialista en derechos humanos y género y parte del grupo de trabajo de agenda Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Su país es uno de los que impone restricciones sobre esta práctica porque sólo se permite con el fin de preservar la vida o la salud de la madre. Allí, además, sectores anti-derechos buscan hacer mella para su total restricción. En comunicación con El Destape, consideró que “se pudo haber avanzado muchísimo más” y que, a su entender, la sentencia “no es tan explícita como se esperaba” por el hecho de que no se refirió directamente al derecho a la vida, una decisión que hubiera tenido un impacto mucho mayor sobre los países centroamericanos que todavía restringen el acceso a este derecho.  

Ahora bien, Arroyo destacó que esta decisión tendrá impacto para proteger este derecho en su país -aunque esté garantizado bajo condiciones mínimas-. “Queda claro que los Estados tienen que brindar los servicios de salud, que no pueden atentar contra el derecho a la vida”, manifestó. “Aunque en la sentencia como tal no haya referencia al tema de criminalización del aborto, en países como Costa Rica la sentencia de alguna manera va a fijar la necesidad de brindar la atención. Reafirma, de alguna manera, nuestra normativa”, se esperanzó.

La intención de las colectivas feministas va, justamente, en comenzar a transitar ese camino en el que buscan estrechar lazos a través de las fronteras: “Entendemos que es un caso testigo para toda la región de Centroamérica y el Caribe, sobre todo en estos momentos en que algunos países de nuestra región se encuentran bajo gobiernos de ultraderecha que ponen en riesgo los avances que conseguimos las mujeres y la diversidad sexual”.