El gobierno de Javier Milei determinó una serie de medidas que endurecerán la política migratoria, entre las que se destacan que las universidades nacionales podrán cobrar aranceles a extranjeros no residentes. En este marco, desde la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) cuestionaron la medida debido a la poca incidencia que tendría en la provincia debido al bajo porcentaje de estudiantes extranjeros que hay en la casa de estudios.
"En la UNLAR tenemos una caída importante en en el ingreso de estudiantes extranjeros. No se llega a un 2%. Es un porcentaje bajo. Una de las las carreras carreras más elegidas es medicina, aunque también hay extranjeros en carreras de otros departamentos. Esto pasa porque muchas veces el extranjero que viene a La Rioja elige la opción de la universidad privada", indicaron.
La cantidad de estudiantes extranjeros en la universidad no supera las 150 personas, los cuales están distribuidos en las distintas carreras. "En medicina en 2022 ingresaron 15 estudiantes. En 2023 ingresaron 8 y en 2024 ingresaron 6 y para 2025 solo ingresaron 5. Todos son brasileros", detallaron.
Del mismo modo, explicaron que los estudiantes extranjeros tienen como requisito, para poder estudiar, presentar una certificación de habla castellana. "Esa certificación se recibe hasta abril del año en que se inscriben. Sin ese certificado perderían la matriculas", indicaron.
Las medidas nacionales contra los extranjeros
Durante la jornada del martes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que "se va a disponer que universidades nacionales puedan cobrar a los estudiantes extranjeros no residentes", una medida que habían intentado pasar en la primera versión de la Ley Bases, pero que finalmente bajaron.
En cuanto a la segunda medida, lanzó: "Nos despedimos de los famosos tours sanitarios". En este caso, serán los organismos nacionales, provinciales y municipales los que van a determinar las condiciones de acceso al sistema de salud, "incluyendo la posibilidad de cobrar el servicio a los extranjeros que no residen en el país". Sobre esto, tomó el caso de Salta, en donde celebró que bajó un 95% la atención a extranjeros luego de que se implementara una medida similar y se generó un "ahorro de 60 millones de pesos".
El vocero presidencial también informó que incorporarán "más delitos como causas para impedir el ingresos o justificativo para expulsar un inmigrante". En ese caso, ejemplificó: "Si a un delicnuente se lo atrapa en flagrancia o violenta el sistema democrático, será expulsado y se le prohibirá el reingreso, van a quedar del otro lado quienes ingresen con documentación apócrifa". En caso de que la persona viole la prohibición de ingreso será detenida.
Adorni justificó estas reformas bajo el argumento de que lo que buscan es "tener un país ordenado" que "cuide de sus fronteras". Según dijo, estas medidas van a representar una fuente de financiamiento para las casa de estudio, luego de que el mismo Gobierno recortara el presupuesto y generara una crisis incluso con una fuerte baja de salario para las y los docentes.