El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se enfrenta a un plazo que vence a mediodía del martes para proporcionar detalles sobre la deportación de venezolanos mediante vuelos que ejecutó a pesar de que un juez emitió una prohibición temporal que impedía su expulsión.
Los abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos deben responder antes del mediodía, hora del este (1600 GMT), a las preguntas formuladas por el juez de distrito James Boasberg en torno a los vuelos a El Salvador y en relación con el decreto que el presidente Donald Trump emitió para justificar su expulsión del país en virtud de una ley de 1798.
Los abogados de Trump han argumentado que la autoridad del tribunal en la materia era limitada, alimentando la preocupación de que Trump amplíe aún más los límites del poder ejecutivo y establezca un posible choque constitucional con el poder judicial.
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El gobierno también ha planteado preocupaciones de seguridad nacional sobre la respuesta a las preguntas del juez, lo que sugiere que al menos parte de su respuesta puede permanecer confidencial.
La controversia comenzó con el decreto de Trump publicado el sábado invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para declarar que la pandilla venezolana Tren de Aragua estaba llevando a cabo una guerra irregular contra Estados Unidos.
El Gobierno de Trump afirmó que los deportados eran miembros de la banda y comenzó a expulsarlos el sábado por la noche, antes de que el juez ordenara detener cualquier vuelo o devolverlos a Estados Unidos.
El Tren de Aragua es una temida organización criminal que trafica con seres humanos en Sudamérica, pero a pesar de que Trump afirmó que el grupo estaba invadiendo Estados Unidos, ha habido poca evidencia documentada de cualquier operación a gran escala en el país.
SE BUSCAN DETALLES
El juez está pidiendo a los abogados del gobierno que aclaren exactamente cuándo se publicó el decreto de Trump, cuándo entró en vigor y cuántas personas sujetas a él fueron detenidas. Quiere garantías de que nadie fue deportado basándose únicamente en la proclamación.
El juez también pide detalles sobre cuándo despegaron los vuelos.
Según una cronología de Reuters, la decisión oral de Boasberg de que "cualquier avión que contenga a estas personas (...) debe ser devuelto a Estados Unidos" se emitió entre las 18:45 y las 18:48, hora de la costa este. A esa hora, dos de los tres vuelos estaban en el aire.
Un tercer vuelo despegó a las 19:37, es decir, 12 minutos después de que se publicó la orden escrita del juez. El equipo de Trump ha dicho que el tercer vuelo transportaba deportados procesados bajo otras autoridades de inmigración más allá de la Ley de Enemigos Extranjeros y, por lo tanto, no sujetos a la orden.
En cualquier caso, los tres vuelos aterrizaron en El Salvador a última hora de la noche del sábado o la mañana del domingo, hora del este, horas después de las resoluciones orales y escritas del juez.
Cuando Boasberg pidió información, parte de ella disponible en sitios públicos de rastreo de vuelos, el abogado del Departamento de Justicia Abhishek Kambli le dijo al juez que el Gobierno de Trump se resistía a compartir información porque había "mucha seguridad nacional operativa y relaciones exteriores en riesgo".
Los familiares de los presuntos deportados estaban desesperados por saber qué había pasado con sus seres queridos.
La Unión Americana de Libertades Civiles, que presentó la solicitud que llevó a Boasberg a imponer un alto de dos semanas a las deportaciones, también quiere saber más sobre quién fue deportado y bajo qué circunstancias.
Lee Gelernt, abogado de ACLU, planteó la idea de si el desafío del Gobierno de Trump podría desencadenar una crisis constitucional, y cuestionó además la afirmación de Trump de que los inmigrantes deportados pertenecían al Tren de Aragua.
"Este ha sido un hábito de la administración Trump para exagerar el peligro de las personas que han arrestado", dijo.
Con información de Reuters
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