Lorenzino pidió que las y los usuarios no sean quienes tengan que pagar los aumentos de los servicios

El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, rechazó que el aumento de los servicios públicos recaiga sobre las y los usuarios, al asegurar que los deben pagar las empresas, que son “las que más ganan”. Además volvió a cuestionar el formato de audiencias públicas y pidió sanciones severas contra Edesur.

“Somos conscientes de que alguien tiene que pagar la energía, que hay un esfuerzo fiscal del Estado a partir de los contribuyentes, pero quienes tienen que hacer el mayor aporte son las empresas, que son las que más ganan. No se debe trasladar el aumento a las y los ciudadanos porque no sabemos qué es poco o qué es mucho es este contexto de tanta incertidumbre económica”, aseguró.

La postura del Defensor del Pueblo se dio en la audiencia pública convocada por la Nación para tratar la implementación de la segmentación en el otorgamiento de los subsidios al precio del servicio de gas natural y el de energía eléctrica.

En ese sentido, Lorenzino aseguró que “la segmentación es inoportuna y sin la información necesaria de que la hagan de manera correcta. Va ser arbitraria, por lo que consideramos que debería haberse trabajado antes, con la opinión de diferentes organismos como la Defensoría, que estuvo dispuesta y lo está para hacerlo”.

Además, el Defensor del Pueblo cuestionó el formato de audiencias públicas. “Es un formalismo que convalida decisiones de las que uno no está de acuerdo porque advierte que no son las correctas. Es necesario que estos encuentros tengan mecanismos de participación más reales, es un formato que deja sabor a nada, a no poder incidir en ninguna decisión, por lo que lo mejor sería que lo que decimos acá sea tomado en cuenta, cosa que nunca sucedió”, indicó.

Por último, Lorenzino volvió a lanzar críticas contra Edesur, al asegurar que “hay que tomar una decisión drástica. Es la empresa que presta el peor servicio en Argentina. Esta gestión tiene que tomar nota de esto, hacer algo más que multas y llamados de atención a la empresa, que no puede seguir con otros 50 años de concesión”, finalizó.