En el marco del debate por el nuevo proyecto de régimen penal juvenil, el constitucionalista y especialista en derechos humanos formoseño, Williams Caraballo, cuestionó duramente la reforma por parte del gobierno libertario, y alertó por los conflictos con los estándares nacionales e internacionales sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes.
En diálogo con El Destape, Caraballo criticó la iniciativa libertaria en la que se consideró que solo se trata de “un proyecto de alto impacto mediático, con un debate manipulado por los medios monopólicos y que no apareja ninguna solución de fondo”. Y agregó: “En definitiva la misma es consecuencia de la pobreza, la exclusión y la consolidación de una sociedad individualista y egoísta con cero empatía y solidaridad”.
La iniciativa será tratada durante el periodo de sesiones extraordinarias del Congreso y busca endurecer las normativas sobre la responsabilidad penal de los menores. Sin embargo, ya generó un amplio debate en la sociedad: desde organizaciones de izquierda, que advierten sobre el riesgo de criminalizar a los jóvenes, hasta la Conferencia Episcopal Argentina, que cuestiona los enfoques punitivos y reclama políticas de protección y acompañamiento.
Desarmando argumentos
En este contexto y para poder sostener el proyecto, el Gobierno nacional sostiene que los delitos cometidos por niños, niñas y adolescentes aumentaron y que esto justifica la baja de la edad de imputabilidad. Sin embargo, el jurista refutó esta afirmación y expresó: “Este fundamento es falso, ya que se encuentra sesgado por una lectura arbitraria de las estadísticas”.
Además Caraballo señaló que las comparaciones tomadas por el Ejecutivo son imprecisas. “El gobierno cuando argumenta toma como punto de comparación el 2020, año que se redujo significativamente el delito en general a causa del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO). A medida que se fue flexibilizando el aislamiento, el delito de niños, niñas y adolescentes se incrementa, pero no mucho más que los niveles desde 2015 a 2019. Es decir que, sin tener en cuenta la pandemia, el delito tiene un margen constante desde 2015, sin incrementos significativos”, detalló el jurista.
Por su parte, Caraballo expresó que frente a la idea de que bajar la edad de imputabilidad impactará favorablemente en la seguridad de la población, no hay prueba que argumente esta afirmación. "Brasil y México establecen en 12 años la edad de imputabilidad y tienen un promedio de 23 homicidios cada 100 mil habitantes en 2023, muy por encima de nuestro país, que tiene la edad en 16 años y registra un promedio de 5 homicidios cada 100 mil habitantes”.
“Bajar la edad no ha demostrado ser una política exitosa en términos de seguridad”, sentenció el formoseño.
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El ejemplo de la provincia de Formosa
Caraballo destacó el abordaje e innovaciones de la nueva Constitución de Formosa, sancionada en 2025: “La Carta Magna provincial consagra de manera explícita los derechos de la infancia y la adolescencia, alineándose con estándares internacionales y reconociendo la dignidad y protección de los menores, su participación en decisiones que les afectan, el acceso a la justicia, la atención especializada ante situaciones de vulnerabilidad, y, como derecho de cuarta generación, la protección en el entorno digital, ofreciendo así una mirada inclusiva y completa de sus derechos”.
La necesidad de un sistema inclusivo y no punitivista
Caraballo destacó que, ante cualquier discusión sobre la reforma del sistema penal juvenil, es imprescindible atender factores sociales urgentes. La falta de oportunidades, de perspectivas de superación, de acceso a bienes, servicios básicos, a políticas educativas inclusivas, así como la exposición a discursos de odio, discriminación y racialización generan marginación y alientan a las violencias.
“El sistema penal es discriminatorio, selectivo y estigmatizante. No persigue a todos por igual, sino a los más pobres, los más vulnerables. El Sistema Penal no es la solución”, detalló.
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