Un grupo de vecinos de El Calafate presentó este martes ante la Legislatura de Santa Cruz una petición respaldada por más de 3.000 firmas para exigir que se investigue la autorización de transferencia de tierras en la Península de Magallanes, cerca del glaciar Perito Moreno. El reclamo apunta al Decreto Provincial 915/2026, firmado durante la gestión de Claudio Vidal, y al procedimiento administrativo que permitió avanzar con la operación inmobiliaria.
La presentación solicita que se conforme de manera urgente la Comisión Investigadora de la Administración Pública para analizar el decreto, el expediente que le dio origen y los antecedentes vinculados con las parcelas identificadas como G2 y G3. Según informó Ahora Calafate, los vecinos cuestionan la decisión que habilitó, de manera excepcional y por única vez, la transferencia de los terrenos a ASB Hospitality Calafate S.A.U., una firma vinculada a capitales de Dubái.
El pedido busca que los diputados determinen la legalidad y la pertinencia del procedimiento administrativo, en una controversia que involucra tierras de alto valor ambiental y turístico por su cercanía con el Parque Nacional Los Glaciares y el glaciar Perito Moreno.
La entrega de las firmas se suma a la campaña de adhesiones impulsada en los últimos días bajo la consigna "La Península de Magallanes no se toca". Los vecinos buscan que el reclamo avance en el ámbito legislativo, mientras también se impulsan acciones judiciales y proyectos para revertir la decisión provincial.
Una cautelar frenó temporalmente la transferencia de las tierras
La controversia ya llegó a la Justicia Federal. El Juzgado Federal de Río Gallegos dictó una medida cautelar que ordenó al Registro de la Propiedad Inmueble de Santa Cruz abstenerse de realizar transferencias sobre las parcelas G2 y G3.
La resolución del juez Claudio Marcelo Vázquez respondió a un amparo presentado por legisladores provinciales y el Centro de Estudios Estratégicos en Justicia y Sociedad (CEJUS). La medida busca impedir temporalmente que se concrete el traspaso de los terrenos desde Lacustre del Sud S.A. hacia ASB Hospitality Calafate S.A.U., mientras se resuelve la controversia judicial.
El planteo cuestiona, entre otros puntos, la aplicación del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras. El magistrado se declaró incompetente para resolver la cuestión de fondo, al considerar que el conflicto involucra al Estado nacional, a la provincia de Santa Cruz y a las partes privadas que intervienen en la operación. Por ese motivo, sostuvo que la causa debe tramitar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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La cautelar mantiene la restricción sobre las transferencias, aunque no suspendió formalmente el decreto provincial ni el DNU nacional. De esta manera, el freno judicial es provisorio y no constituye una resolución definitiva sobre la legalidad de la operación.
Un proyecto hotelero en una zona de alto valor ambiental
La operación inmobiliaria está vinculada con un proyecto de desarrollo hotelero de lujo que, según los antecedentes difundidos sobre la iniciativa, contemplaba tarifas de hasta 2.000 dólares por noche. La propuesta generó cuestionamientos entre vecinos y referentes del sector turístico, que advierten sobre sus posibles consecuencias para el territorio y la actividad local.
Pablo Perret, titular de la Asociación Civil de Alojamientos Turísticos de El Calafate, recordó en diálogo con El Destape antecedentes de desarrollos similares en la zona durante la década de 1990 y cuestionó el impacto que una iniciativa de estas características podría tener sobre la comunidad, especialmente en un contexto complejo para el turismo.
Entre las preocupaciones expresadas por los vecinos aparece el precedente que podría sentar una autorización excepcional para transferir tierras en un área de relevancia ambiental y paisajística. El temor planteado es que la decisión abra la puerta a nuevos desarrollos privados en sectores de características similares.
La Legislatura deberá definir los próximos pasos
Además de la petición respaldada por más de 3.000 firmas, se presentó un proyecto legislativo que propone derogar el Decreto 915/2026. A esto se suma el amparo judicial que consiguió frenar temporalmente la transferencia de las parcelas.
Ahora, la Cámara de Diputados deberá resolver qué trámite le dará al pedido vecinal y si avanzará con la conformación de la Comisión Investigadora de la Administración Pública. Esa instancia permitiría examinar los antecedentes administrativos de la operación y analizar el procedimiento que habilitó la transferencia.