Las autoridades brasileñas se disponen a expulsar a los mineros ilegales del oro de una reserva indígena de la selva amazónica que ha sido surcada por pistas de aterrizaje informales y contaminada con mercurio, dijo un funcionario.
El territorio Munduruku abarca casi 24.000 km2, aproximadamente el tamaño del estado estadounidense de Nuevo Hampshire, y alberga 61 aldeas de Munduruku, Apiacas y otros grupos indígenas en una zona conocida por sus violentas disputas por la tierra.
La reserva Munduruku es la segunda de Brasil con más minería ilegal, según un informe de la agencia gubernamental Censipam, que gestiona las operaciones de protección de la Amazonia, consultado por Reuters.
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El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se ha comprometido a luchar contra la minería ilegal en tierras indígenas después de un aumento bajo su predecesor Jair Bolsonaro.
Los mineros ilegales de oro han envenenado ríos y desencadenado crisis de salud pública en las reservas indígenas, que son responsabilidad del gobierno federal.
La operación planeada involucrará a organismos federales desde el Ministerio de Defensa hasta la agencia de asuntos indígenas Funai, dijo a Reuters Nilton Tubino, quien ha estado coordinando esfuerzos similares en el territorio Yanomami en el extremo norte de Brasil.
En el territorio yanomani, donde los mineros ilegales también han sido vectores de la malaria y otras enfermedades contagiosas, es donde más minería ilegal se ha practicado, según el Censipam.
Las autoridades han identificado 21 pistas de aterrizaje informales en el territorio de Munduruku que abastecen la actividad minera, según el informe del Censipam. Turbino dijo que la operación tendría como objetivo cortar los suministros para actividades ilegales en colaboración con los reguladores de combustible y aviación de Brasil.
El informe de Censipam mostró que 388 nuevos puntos de minería ilegal se abrieron en el territorio de Munduruku en 2022, el último año del gobierno de Bolsonaro, cayendo a 128 el año pasado y a 23 en lo que va de este año.
Tubino dijo que el gobierno evitaría inflamar cualquier conflicto con la operación.
Con información de Reuters
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