El Gobierno español en minoría y los dos sindicatos mayoritarios acordaron el viernes implantar una semana laboral más corta con el mismo salario, aunque el cambio aún debe ser aprobado por un Parlamento fragmentado mientras se enfrenta a la oposición de los empresarios.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los líderes de los sindicatos UGT y CCOO destacaron el carácter "histórico" de la medida que reduce el número máximo de horas de trabajo a la semana a 37,5 desde las 40 actuales, con salarios invariables, antes de finales de 2025.
"Hoy saldamos una deuda con las personas trabajadoras de España (...) con las nuevas generaciones que entienden que el tiempo personal no es un lujo, sino un derecho fundamental", dijo Díaz, que también es vicepresidenta del Gobierno y lidera el partido de izquierdas Sumar.
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El cambio previsto afectaría a unos 12 millones de trabajadores, especialmente a los que tienen empleos precarios, además de reducir las emisiones de carbono, dijo.
El nuevo límite semanal se calculará sobre una media anual, y las horas adicionales trabajadas se considerarán horas extraordinarias. Se endurecerá el cumplimiento de las obligaciones de registro del tiempo de trabajo y se elevarán las multas a 10.000 euros (10.382 dólares) por trabajador para las empresas incumplidoras.
La reducción de la jornada laboral, una de las piedras angulares del acuerdo de coalición de Gobierno entre los socialistas y Sumar, ha contado con la oposición de la principal patronal, la CEOE, que defiende que no debe imponerse por ley, sino a través de la negociación colectiva con cada empresa para adaptarla a las necesidades específicas de productividad.
"El acuerdo real es pensar de verdad en la economía, no hacer titulares", dijo el jueves el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, subrayando la preocupación de las empresas por los costes de la medida.
También elogió al ministro de Economía, el socialista Carlos Cuerpo, que ha señalado que la plena aplicación de la medida podría retrasarse hasta 2026 para dar a las pequeñas empresas una mayor flexibilidad y asegurar el apoyo parlamentario para su aprobación.
Sigue sin estar claro si el cambio podrá ser aprobado por el Congreso de los Diputados, ya que el Gobierno en minoría depende de una serie de partidos más pequeños, como el partido independentista catalán Junts, al que puede resultar difícil convencer debido a su postura favorable hacia las empresas.
(1 dólar = 0,9632 euros)
Con información de Reuters
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