Durante los primeros diez meses de 2024, la inversión en obra pública nacional experimentó una disminución promedio del 83% en términos reales, afectando significativamente a todas las provincias. En este contexto, La Rioja se posicionó como la jurisdicción que menos recursos recibió, marcando una caída histórica en los fondos destinados a infraestructura.
El diputado nacional del PJ riojano, Ricardo Herrera, compartió en redes sociales un análisis donde se examina el impacto del ajuste del Gobierno Nacional en la obra pública provincial. Este informe revela que, aunque el recorte afectó a todas las provincias, La Rioja y La Pampa fueron las más perjudicadas.
En 2024, las jubilaciones, las transferencias de Nación a las provincias y la obra pública fueron factores clave para lograr un resultado fiscal positivo. Sin embargo, la decisión de reducir drásticamente la inversión en infraestructura tuvo un impacto profundo en las provincias. Durante los primeros diez meses del año, la ejecución en obra pública nacional cayó un 24% en términos nominales y un 83% en valores reales en comparación con 2023.
La inversión real directa (IRD), que incluye proyectos de edificación, infraestructura y mejoras significativas, es esencial para fortalecer la capacidad productiva del país. A diferencia de las transferencias realizadas por el Gobierno Nacional a las provincias, la IRD es gestionada centralmente por organismos nacionales. Esta modalidad busca garantizar el desarrollo equitativo en todo el territorio, pero el ajuste presupuestario evidenció disparidades significativas.
El impacto del ajuste varió considerablemente entre las provincias. Mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires fueron las jurisdicciones con mayores montos recibidos, también registraron caídas reales del 82% y 89%, respectivamente. Por otro lado, La Rioja recibió solo $1.352 millones durante 2024, lo que representa una contracción real del 97%, ubicándola como la provincia más afectada.
De manera similar, San Luis se posicionó entre las más perjudicadas, con una caída real del 94%. Estas cifras contrastan con el desempeño de provincias como Jujuy y Tierra del Fuego, que lograron minimizar el impacto inflacionario con reducciones reales menores al promedio nacional (-29% y -48%, respectivamente).
La inversión nacional también mostró diferencias significativas según la categoría. Los recursos asignados a proyectos de alcance interprovincial cayeron un 81% en términos reales, mientras que las inversiones nacionales se contrajeron un 72%. Dentro de esta última categoría, más del 70% de los fondos se destinaron a la Dirección Nacional de Vialidad, principalmente en el mantenimiento de redes y corredores viales.
La Rioja no solo recibió los menores recursos de todo el país, sino que su contracción del 97% resalta la magnitud de la crisis que enfrenta. La falta de inversión nacional en infraestructura tiene un impacto directo en la generación de empleo, el desarrollo económico y la calidad de vida de los riojanos. Proyectos esenciales para la provincia quedaron paralizados, agravando las desigualdades estructurales.
Ricardo Herrera destacó la necesidad de una distribución más equitativa de los recursos y cuestionó la política de ajustes del Gobierno Nacional. Según el diputado, el abandono de las provincias más pequeñas "compromete no solo el desarrollo regional, sino también la cohesión territorial del país".
El Poder Ejecutivo señaló su intención de modificar el modelo de inversión pública, reduciendo la obra pública tradicional y promoviendo la participación privada a través de concesiones y contratos público-privados. Este enfoque plantea un cambio de paradigma que podría redefinir las prioridades de la inversión en infraestructura en los próximos años.
Aunque la inversión real directa no se eliminó por completo en 2024, el ajuste promedio del 83% en términos reales plantea interrogantes sobre la capacidad del sector privado para compensar esta retracción. En un escenario donde los recursos nacionales se destinan principalmente a mantenimiento y proyectos puntuales, el desarrollo de nuevas infraestructuras depende en gran medida de la iniciativa privada.
La contracción en la obra pública nacional y la desigual distribución de los recursos evidencian la necesidad de un debate profundo sobre las prioridades de la inversión pública. Si bien el nuevo enfoque busca aliviar las finanzas nacionales, el costo de esta política recae desproporcionadamente en provincias como La Rioja, que dependen de la inversión estatal para impulsar su desarrollo.
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