Tras haberse declarado nula la licitación para la concesión del corredor fluvial de la Hidrovía Paraná-Paraguay, los gobernadores de la Región Litoral (Gildo Insfrán, de Formosa; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Gustavo Valdez, de Corrientes; Leandro Zdero, de Chaco; y Hugo Passalacqua, de Misiones) enviaron una carta el Poder Ejecutivo en la que se reclama que se retome el proceso y participen las provincias de las mesas de diálogo con Nación para unificar criterios en torno a lo que cada provincia pretende.
Cabe destacar que la última reunión que se mantuvo con respecto a esta obra fue a fines del 2024, en donde los mandatarios insistieron en la importancia de incluir a todas las provincias del tramo norte, que abarca desde la confluencia de Corrientes hasta Misiones y Formosa, argumentando que de esta manera se maximizarían los beneficios económicos y logísticos de la obra.
Según los gobernadores, esta modificación sería clave para mejorar la competitividad de la región en el comercio internacional y potenciar el desarrollo de los territorios involucrados. Los funcionarios coincidieron en que es clave asegurar dragado, balizamiento, mantenimiento e inversiones para toda la región y remarcaron que "es fundamental que nuestra visión sea escuchada para que la hidrovía sea una herramienta de desarrollo para todas las provincias".
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DEME, una de las compañías de dragado más grandes del mundo, expresó este lunes su "sorpresa y preocupación por el notorio direccionamiento del pliego de licitación internacional lanzado por el Gobierno argentino" para el mantenimiento, modernización y ampliación de la Vía Navegable Troncal. "Estas irregularidades, que DEME ha denunciado ante la Justicia local en un expediente que se encuentra actualmente en trámite, afectan la libre competencia y significarán sobrecostos innecesarios a productores y exportadores argentinos, de no revisarse el proceso", advirtió la compañía en un comunicado.
La compañía calcula que el "perjuicio económico para la producción nacional se funda en que la ecuación utilizada para evaluar las ofertas en la licitación asigna un 60% de puntaje a los precios de la oferta en tres etapas y un 40% al puntaje técnico final". Sostuvo que a partir de esto "el actual operador podría ofertar una tarifa más alta y aun así ganar la licitación. Así, al privilegiarse los cuestionables aspectos técnicos que se detallan a continuación por sobre la oferta económica, un solo oferente –el concesionario actual- quedará en condiciones de fijar los términos comerciales a su antojo, viciando totalmente el proceso"
La empresa también cuestionó que "el tiempo para preparar las ofertas (55 días hábiles) es insuficiente en comparación con licitaciones similares y la documentación técnica proporcionada no es suficiente para realizar un análisis adecuado. Esto beneficia al operador actual que ya posee la información necesaria".
El directivo dijo que "se exige un calado máximo de 8 metros sin justificación técnica, lo cual limita la posibilidad de usar equipos más adecuados y favorece al actual concesionario, cuyo equipo ya cumple con esta restricción". Criticó también "la forma en que se evalúan los antecedentes financieros favorece a la empresa actual, ya que el sistema de puntaje minimiza la puntuación de nuevas empresas y maximiza la de la empresa que ya opera. Además de una garantía por 10 millones de dólares en caso de impugnación".
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