Formosa se convirtió en la primera provincia del país en lograr la restitución de los pagos retroactivos de las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas por el Gobierno nacional. Esto se dio tras una sentencia de fondo que ordena a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en adecuar sus auditorías a la normativa vigente en materia de derechos de las personas con discapacidad. "No se puede invertir la responsabilidad del Estado", detalló.
En diálogo con El Destape 1070, el defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, habló sobre este precedente jurídico y especificó: “Mas allá del pago retroactivo que ya se efectivizó en la provincia por parte de ANDIS, la Justicia Federal ordenó que ajuste las auditorías a los estándares convencionales vigentes que existen en Argentina, para que los procesos no vulneren a las personas con discapacidad”.
Gialluca destacó que la Justicia le dio la razón por las anomalías en las inspecciones en la que se imputaban "diez días para acreditar, cuando los turnos los daban a 30 o 60 días en el sector público", y son personas que "no tienen los medios para pagar en el sector privado". "Se repartieron notificaciones en locales partidarios de La Libertad Avanza lo cual para nosotros estas acciones constituyeron un acto de denigración hacia las personas con discapacidad en nuestra provincia y en todo el país”, denunció el funcionario quién analiza la política desde una perspectiva "poco ética".
En este sentido, el funcionario detalló la incongruencia del ajuste al colectivo de discapacidad mientras se desarrollaba una causa de corrupción que alcanzó a Karina Milei y Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS: “La Justicia dejó en claro que no se puede invertir la responsabilidad del Estado haciendo responsable a la persona más débil, como es el colectivo de discapacidad”. Y sentenció: “Es el Estado a través del ANSES y ANDIS los que debían verificar la veracidad o no de las pensiones”.
El funcionario además dejó en claro que esta acción no significaba estar en contra de las auditorías, sino que deben realizarse “en el marco de las leyes, tratados internacionales y la Constitución Nacional, porque no son caprichosas". Asimismo, cabe recordar que tras la eliminación de las pensiones por discapacidad, se suma la desvinculación de la obra social para el mismo sector: “Estamos atentos y alertas porque esperamos cualquier cosa del Gobierno nacional en cuanto a este capricho, estigmatización y persecución y acción de dejar sin medios económicos y, fundamentalmente sin cobertura sanitaria a las personas con discapacidad no solo en Formosa sino en todo el país”.
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Desobediencia judicial
“Nosotros entendemos que el actual Gobierno nacional te puede sorprender con cualquier cosa y hasta puede incurrir en desobediencia judicial de ahora en adelante. Por eso también se pidió cumplir con la Ley de Emergencia con Discapacidad sin embargo están articulando para no cumplir”, expresó Gialluca.
Gialluca consideró que, si el Gobierno nacional no cumple con el fallo judicial realizarán las denuncias correspondientes en los foros penales y espera contar con el apoyo del Congreso de la Nación ya que estas medidas “eliminan derechos y afectan a las personas más vulnerables, y lo podemos observar también en la reforma laboral que pretenden ahora instalar”.
