El presidente Javier Milei anunció este martes que designará por decreto en la Corte Suprema de Justicia al juez Ariel Lijo y al abogado Manuel García Mansilla para cubrir las dos vacantes que hay en la actualidad en el máximo tribunal del país. Esta decisión tomada por el libertario fue profundamente cuestionada desde distintas partes del escenario político, siendo el gobernador Ricardo Quintela una de las voces más destacadas al asegurar que esta medida supone el "fin de la división de poderes".
A través de sus redes sociales, el mandatario riojano aseguró que "nuevamente el presidente Milei, imputado por estafador en la causa de las criptomonedas, vuelve a doblegar la apuesta realizando actos de gobierno con total desprecio por las instituciones y la Constitución Nacional".
"La reforma constitucional de 1994 prohíbe expresamente cualquier intento de hacer emerger una competencia para nominar jueces de la CSJN a partir del artículo 99, inciso 19. La actividad ejecutiva que pretenda nominar comisionados como jueces de la CSJN incurre en un abuso del Derecho y en el mal desempeño de las funciones. Esta provocación del presidente, refleja su desapego por el principio de legalidad, hecho grave que desafía al sistema democrático en su conjunto", concluyó el gobernador.
Por su parte, la senadora riojana a nivel nacional del Partido Justicialista, Florencia López, fue tajante al advertir que "el juez que acepte ser designado por decreto tendrá un rechazo profundo de su pliego por parte de la Cámara Alta del Congreso".
"Hay falta de voluntad por parte de Nación en negociar y dialogar sobre temas básicos. Elegir un juez de la Corte Suprema es algo importante para que la justicia vuelva a ser creíble, Además creo que debe haber una representante mujer", sentenció la legisladora en comunicación con Radio Rivadavia.
Persecución política y dolarización: quiénes son Lijo y García Mansilla
Lijo fue una pieza clave de la persecución judicial en el macrismo y para la repetida táctica de armar causas judiciales y moverlas para tapar decisiones económicas. La primera señal fue a los 6 días de la asunción de Macri como presidente. El 16 de diciembre Macri anunció el fin del “cepo al dólar”, lo que generó una megadevaluación. “Liberaron la compra y venda de dólares”, puso Clarín en tapa. El mismo día del fin del cepo el juez Lijo rechazó un pedido de Amado Boudou para salir del país por estar acusado en el caso Ciccone.
La estrategia de la persecución judicial en el caso Ciccone tuvo dos ejes, el ataque a Boudou y la protección de los personajes a los que conducía la pista del dinero: los banqueros Raúl Moneta y Jorge Brito. Para lograr esto el juez Lijo dividió el expediente. La parte que podía involucrar a Boudou la elevó rápidamente a juicio en mayo de 2017; la que salpicaba a Moneta y Brito la guardó en un cajón. Moneta falleció impune y a Brito el juez le dictó una falta de mérito.
Por su parte, Manuel García Mansilla fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y profesor de derecho constitucional. Se presenta como “Especialista en Derecho Constitucional, Oil & Gas y Derecho Empresario”. El portal de la Universidad Austral publicitó una nota donde García Mansilla considera que la dolarización no sería inconstitucional como sostuvo Rosatti. El título de esa nota, que se publicó en septiembre del 2023 en La derecha diario, medio que comanda el mileísta Fernando Cerimedo, expone las intenciones que puede tener el Presidente con la presencia de este abogado en la Corte: “El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral refuta a Rosatti y explicó que la dolarización es constitucional”.
En esa nota se sostiene que para García Mansilla “sin lugar a dudas que la dolarización es totalmente compatible con los parámetros establecidos en la Constitución Nacional”. Allí se afirma que “el eje de la discusión gira en torno al artículo 75 de la Constitución, cuando se establece que ‘le corresponde al Congreso defender el valor de la moneda’”. Y se señala que para “García Mansilla, esto constituye una potestad que tiene el Congreso pero no estrictamente una obligación en sí misma”.
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