Vivir con la mínima: el alquiler empuja a los jubilados a seguir trabajando

Para una parte cada vez más importante de los adultos mayores, el alquiler se convirtió, junto con otros gastos esenciales, en un rubro que empuja a prolongar la vida laboral incluso después de los 60 años. La combinación entre ingresos previsionales que perdieron poder de compra y el costo creciente de la vivienda generó una situación crítica: mientras el 27% de las personas de 60 años o más que viven en hogares propietarios permanece activo en el mercado laboral, entre quienes alquilan esa proporción trepó al 44%. 

Los datos surgen de fuentes oficiales y evidencian cómo las personas inquilinas en edad jubilatoria se ven obligadas a sostener su participación en el mercado laboral para poder afrontar el pago de un techo para vivir. Sin embargo, aún así, la situación no mejora ya que el alquiler se lleva una parte desproporcionada del ingreso: siete de cada diez hogares encabezados por quienes cobran una jubilación o pensión destinan más de la mitad de sus ingresos al alquiler.

En relación, lo anterior tuvo lugar en una coyuntura donde cada jubilado acumula, en promedio, una pérdida de 7,3 millones de pesos, desde noviembre de 2023, inicio de la gestión de Javier Milei. 

Ser jubilado y alquilar, misión imposible 

En los aglomerados urbanos de Argentina, donde viven aproximadamente 30 millones de personas, el porcentaje que vive en hogares inquilinos se mantiene en poco más del 18,0% (en 2007 era de 13,0%) dando cuenta de un crecimiento relativo durante estos casi veinte años del 33,0%, aunque hay aglomerados donde esa suba superó el 50%. Las variaciones más significativas se dieron en la Ciudad de Buenos Aires (del 22,9% al 35,0%), en los partidos del Gran Buenos Aires (del 10,0% al 15,8%), en el Gran Rosario (del 14% al 19,8%), en el aglomerado Neuquén-Plottier (del 17,0% al 22,2%) y en el aglomerado urbano Ushuaia-Río Grande (del 21,8% al 27%).

Así se desprende de la plataforma digital VivenData elaborada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia ACIJ (ACIJ) en base al procesamiento de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC), un relevamiento trimestral que refleja aspectos vinculados a las condiciones de vida de la población que reside en 31 aglomerados de todo el país y alcanza al 80% de su población urbana. La plataforma permite cruzar distintas dimensiones, como régimen de tenencia (propietarios o inquilinos), edad, sexo, nivel de ingresos, tasa de desocupación, entre otros.

En ese sentido, del informe al que accedió este portal se desprende un aspecto no menor vinculado a la situación económica de los hogares inquilinos: en estos últimos años aumentó significativamente la tasa de actividad (quienes trabajan o buscan trabajo) de quienes alquilan. En concreto se observó que la tasa de actividad es más alta en hogares inquilinos (66,8%) que en hogares propietarios (52,9%). 

No obstante, otro aspecto más que relevante aparece cuando se cruza la tasa de actividad con la edad: entre las personas de 60 años o más la tasa de actividad escaló al 27,7%, es decir, los adultos mayores se ven obligados a seguir trabajando para subsistir. A su vez, al cruzar esos datos con el régimen de propiedad de vivienda se desprende que esa situación se agrava para aquellos jubilados que alquilan: mientras que entre quienes son propietarios de su vivienda, el 26,5% permanece activo, ese porcentaje escala al 43,8% en los adultos mayores que alquilan (17,3 puntos más). De hecho, la brecha entre ambos grupos es incluso mayor que la que se observa en el total de la población (sin distinción de edad): 66,8% en hogares inquilinos versus 52,9% en hogares propietarios. 

“Una hipótesis es que las personas inquilinas en edad jubilatoria deben sostener su participación en el mercado laboral para poder afrontar el pago del alquiler”, señalaron los especialistas de ACIJ. 

Cabe destacar que, si bien la población inquilina de esa edad a nivel nacional ronda el 7,0%, para aglomerados como Gran Córdoba, Ushuaia-Río Grande y CABA ya supera el 10% y viene creciendo sostenidamente. Por ejemplo, en CABA la incidencia de personas mayores de 60 años en hogares inquilinos casi se duplicó entre 2007 y la actualidad, pasando del 5,8% al 10,6%.

Dichos números ponen sobre la mesa cómo los adultos mayores que alquilan están particularmente afectados por la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones: destinan más ingresos a pagar el alquiler, y cada vez más jubilados tienen que volver a trabajar para tener un ingreso extra. 

Sin embargo, este aumento de la actividad y empleo no conllevó una mejora en las condiciones de alquiler: el 70% de los hogares encabezados por mayores de 60 años que reciben una pensión o una jubilación declararon que tienen que destinar más de la mitad de sus ingresos a pagar el alquiler. Así se desprende de la Encuesta Inquilina 2025 de ACIJ que indicó e entre 2024 y 2025 creció de 30% a 47% el porcentaje de hogares sostenidos por personas de más de 60 años que declararon trabajar.

Ingresos por el piso

La situación de las y los jubilados que cada miércoles se movilizan al Congreso nacional en reclamo de mejores condiciones de vida y enfrentan la respuesta represiva de las fuerzas de seguridad, se torna cada vez más alarmante en materia de poder adquisitivo: las jubilaciones perdieron el 23% del poder de compra desde que gobierna Javier Milei. Esto implicó una pérdida acumulada cercana a los 7,3 millones de pesos por cada jubilado desde entonces, según un informe elaborado por el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE).

En particular, quienes cobran la mínima perdieron el 30% de su poder de compra y acumulan una pérdida equivalente a 8,4 jubilaciones de 2023.

Por último, esto ocurre en un escenario donde las condiciones de vida de las personas mayores muestran una vejez atravesada por ingresos que no alcanzan siquiera a cubrir lo básico: el valor de la Canasta Básica de los Jubilados que releva la Defensoría de la Tercera Edad de CABA se ubicó en agosto en $1.824.682 (incluye alimentación $410.600; medicamentos $503.600; Limpieza $116.008; Vivienda $360.150; Transporte $99.684; Vestimenta $63.250, Recreación $120.000 y Servicios $151.350). Esto es, casi cuatro veces más que lo que cobra un jubilado de la mínima en nuestro país aún con el extra de un bono de $70.000 que se mantiene congelado en ese monto hace más de un año y recorta cada vez más la cantidad de beneficiarios.