El Congreso nacional se prepara para debatir el proyecto de Ley de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei, una iniciativa que introduce cambios de fondo en el régimen de trabajo y que alcanza tanto a los empleados estatales como a los trabajadores del sector privado. Despidos, vacaciones, jornada laboral y negociación colectiva figuran entre los ejes más sensibles de una propuesta que el Gobierno presenta como una modernización del sistema laboral argentino.
Desde el oficialismo sostienen que la reforma busca reducir la litigiosidad, actualizar normas vigentes desde hace décadas y adaptar los procesos productivos a las nuevas dinámicas del empleo. Sin embargo, distintos sectores advierten que los cambios implican una redefinición de derechos adquiridos.
Cambios en las vacaciones
Uno de los puntos que impacta de manera directa en todos los trabajadores, incluidos los estatales, es la modificación del régimen de vacaciones. El proyecto habilita el fraccionamiento de la licencia anual, aunque cada período no podrá ser inferior a siete días corridos.
Además, establece que al menos una vez cada tres años el empleador deberá permitir que las vacaciones se tomen durante el verano; que la fecha deberá notificarse con 30 días de anticipación; que el período de licencia deberá otorgarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril; y que, en caso de enfermedad durante las vacaciones, el empleador estará obligado a reprogramar los días no gozados.
En el sector público, estos cambios podrían alterar esquemas tradicionales de licencias, mientras que en el sector privado implican una mayor capacidad de organización por parte del empleador.
Banco de horas y jornada laboral
Otro eje central es la creación del Banco de Horas, un mecanismo que permite compensar picos de producción con menores cargas horarias en otros períodos. El sistema deberá implementarse mediante acuerdo entre trabajador y empleador y contempla descansos mínimos de 12 horas entre jornadas y 35 horas semanales.
Para los trabajadores estatales y de servicios públicos, este esquema podría habilitar reorganizaciones de turnos y extensiones de jornada en determinados momentos, mientras que para otros sectores abre la puerta a una mayor flexibilidad horaria.
Despidos e indemnizaciones
En materia de despidos, la reforma habilita reemplazar el esquema tradicional de indemnización por fondos o seguros sectoriales de cese laboral, financiados con aportes mensuales de los empleadores. El cálculo seguirá considerando salario y antigüedad, pero excluirá pagos extraordinarios y gratificaciones habituales, como aguinaldo y vacaciones.
Asimismo, se fija un tope máximo equivalente a tres veces el salario promedio del convenio aplicable, con un piso mínimo de un sueldo. Este cambio impacta tanto en empleados públicos como privados, al modificar la previsibilidad del ingreso ante una desvinculación.
Convenios colectivos y actividad sindical
La iniciativa también introduce modificaciones en los convenios colectivos. Se propone limitar la ultraactividad, de modo que, una vez vencido un convenio, solo continúen vigentes las cláusulas normativas, mientras que las obligacionales requerirán un nuevo acuerdo.
Además, los convenios de ámbito menor podrán prevalecer sobre los de alcance general, incluso si estos últimos son posteriores, y se establecen criterios más estrictos para su homologación. En el sector estatal, esto podría afectar negociaciones centralizadas, mientras que en el sector privado redefine la relación entre sindicatos y empleadores.
Servicios esenciales y derecho a huelga
Otro punto sensible para los empleados estatales es la modificación del régimen de servicios esenciales. De aprobarse la reforma, se deberá garantizar un 75% de servicios mínimos en sectores críticos y un 50% en actividades consideradas estratégicas, como salud, energía, transporte, educación, logística, bancos y comercio digital. Este cambio impacta de manera directa en la capacidad de protesta de los trabajadores estatales y de áreas clave, al elevar los niveles de prestación obligatoria durante conflictos gremiales.
En conjunto, la reforma laboral plantea una reconfiguración del marco de derechos y obligaciones que alcanza tanto al empleo público como al privado, y abre un debate profundo sobre el equilibrio entre flexibilidad laboral, protección de los trabajadores y rol del Estado en las relaciones laborales.
Cerrar sesión