Tras la aprobación holgada del Presupuesto 2026 la CGT se convenció de que el Gobierno también logrará imponer una reforma laboral y sobre esa premisa reformuló su estrategia: en la superficie sostendrá una oposición cerrada a todos los puntos del proyecto oficial, al tiempo que reforzará lazos con gobernadores y legisladores para blindar algunas de las prerrogativas más críticas para los sindicatos; en paralelo, y de manera reservada, reescribirá algunos ítems de la iniciativa para ofrecerle el resultado al ala libertaria “dialoguista”, referenciada en Santiago Caputo, como alternativa para un texto final de mayor consenso.
Así lo consensuó la “mesa chica” de la central obrera con el nuevo triunvirato que integran Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, a quienes se suman históricos como Héctor Daer, Gerardo Martínez y Hugo Moyano. La labor más sensible del plan, que pasa por el diseño de capítulos “edulcorados” de la reforma presentada por el oficialismo, quedó a cargo de un equipo reducido en el que figuran el bancario y diputado nacional Sergio Palazzo (pieza clave de todas las maniobras que frenaron en el Congreso los proyectos antisindicales), su nuevo compañero de banca y abogado laboralista Hugo Antonio Moyano (hijo y homónimo del líder camionero) y la letrada Marta Pujadas, asesora de Gerardo Martínez (albañiles, Uocra).
La estrategia, si bien busca cubrir todas las eventualidades desde la sanción de la reforma tal y como la ideó Federico Sturzenegger hasta una improbable caída del proyecto, no está exenta de discrepancias e incluso contradicciones en la interna de la CGT. En particular, entre los dirigentes más resueltos a confrontar la iniciativa libertaria entre los que se cuentan Sola y Daer, y otros más proclives a convalidar adecuaciones de la legislación laboral como Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) y Guillermo Moser (Luz y Fuerza), referentes del sector denominado Agenda Siglo XXI y que tienen en el líder de la Uocra su puerta de acceso a la central obrera.
El entusiasmo que imperó entre los gremialistas cuando Patricia Bullrich anunció el 18 de diciembre, horas después de la marcha de la CGT a la Plaza de Mayo, la postergación hasta el 10 de febrero de la discusión por la reforma laboral encontró su límite con el triunfo del Gobierno en el debate por el Presupuesto. Sobre todo por el rol que adquirieron gobernadores como Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) al facilitar senadores que les responden para engrosar el número de votos favorables. Ese trance convenció a la dirigencia de que La Libertad Avanza finalmente logrará aprobar la flexibilización laboral y de que la mejor alternativa bajo esa premisa será un programa de “reducción de daños” coordinado con otros gobernadores como Martín Llaryora (Córdoba) y hasta Carlos Sadir (Jujuy) o Claudio Vidal (Santa Cruz).
Un referente de la “mesa chica” emparentó la gestión por delante con la prédica del “paso a paso” que popularizó el técnico Reinaldo “Mostaza” Merlo para conducir a Racing a la obtención de su título de 2001. Se trata de un abordaje por temas diferenciados con cada mandatario provincial y legisladores para convencerlos de resistir el proyecto del oficialismo al menos en algunos de sus capítulos. De ese modo, creen en CGT, podrán quitarle fuerza a ítems considerados innegociables como la prevalencia de los convenios de orden nacional por sobre los de menor nivel; la vigencia de la ultraactividad y de la irrenunciabilidad de los derechos adquiridos, y la obligatoriedad de los empleadores para oficiar de agentes de retención de las cuotas de afiliación a los sindicatos.
Esos puntos de la dimensión del derecho colectivo son para la central obrera vitales para la vigencia del modelo sindical argentino y, creen, objeto de una posible negociación con las “palomas dialoguistas” del Ejecutivo lideradas por Santiago Caputo. Ese núcleo, adonde se encuentran también el ministro del Interior, Diego Santilli y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, ya le hizo saber a los dirigentes que su planteo de máxima no incluye, como sí lo declama Sturzenegger, la reducción a su mínima expresión de los sindicatos en la Argentina.
En cambio, para la CGT puede haber margen para negociar otros tópicos más asociados al derecho individual entre los que figuran el fraccionamiento de las vacaciones y el pago en cuotas de las indemnizaciones. Incluso, para algunos dirigentes es discutible la vigencia de las cuotas solidarias que pagan los trabajadores no afiliados al sindicato que negocia sus salarios en el ámbito de las paritarias. El punto divide a la central obrera entre aquellos gremios que tienen en esos aportes forzosos su base recaudatoria principal y los que mantienen al grueso de los trabajadores de su actividad afiliados sin necesidad de apelar a esos instrumentos.
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