El gobierno de Javier Milei publicó este lunes el decreto 1131/2024, oficializando la prórroga del Presupuesto General de la Administración Nacional para 2025, al no haberse alcanzado un acuerdo en el Congreso para aprobar una nueva Ley de Leyes.
De este modo, en una situación inédita para la historia democrática argentina, se prorrogó el Presupuesto 2023 por segundo año consecutivo, con lo que el Gobierno podrá manejar y ajustar partidas a discreción.
"Dado lo avanzado del Ejercicio Presupuestario 2024, no resulta posible definir con inmediatez y precisión las adecuaciones referidas en el artículo 27 de la Ley N° 27.701, por lo cual estas se llevarán a cabo oportunamente”, afirmó el Ejecutivo en el decreto de este lunes.
En este marco, determinaron que “teniendo en cuenta tal circunstancia, y con el objeto de asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios mínimos y esenciales a cargo de la Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional, corresponde prorrogar los recursos, fuentes financieras y créditos vigentes al cierre del Ejercicio 2024″.
Las fallidas negociaciones por el Presupuesto 2025
A pesar de haber presentado un proyecto de presupuesto en septiembre, el Ejecutivo decidió no convocar sesiones extraordinarias, argumentando que no había condiciones para llegar a un acuerdo con los bloques dialoguistas y la oposición.
Además, los gobernadores reclamaron al Gobierno puntos que, para Milei, atentan contra su premisa central del déficit cero, lo cual terminó empantanando las negociaciones.
Desde el oficialismo sostienen que, si los gobernadores acceden a garantizar el respaldo al proyecto original presentado en septiembre, el Presupuesto podría tratarse en febrero, aunque advierten que no hay antecedentes de votaciones presupuestarias en ese mes. “No hay antecedentes de que se vote en febrero, pero bueno… esto es día a día”, comentó una fuente oficial a la agencia NA.
Discrecionalidad y ajuste
Con la prórroga del Presupuesto 2023 por segundo año consecutivo, el Gobierno no asignará gastos de manera anticipada sino que podrá manejar las partidas a discreción.
En ese sentido, el artículo 2 del decreto de este lunes delega al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la facultad de “adecuar oportunamente” la previsión presupuestaria según el contexto económico y financiero.
Básicamente, el Gobierno podrá definir el nivel de aumento de todas las partidas no automáticas, es decir, las que no tienen una pauta prefijada de suba, por lo que quedará habilitado a ajustarlas según su voluntad. De este modo, también podrá faclitar despidos en la administración pública en las áreas que decida ajustar discrecionalmente.
En cambio, no podrá ajustar las partidas automáticas, que sí tienen una pauta de aumento ya estipulada en relación a la inflación, como por ejemplo las jubilaciones desde 2024.
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Además, la falta de un presupuesto aprobado es, por lo general, mal visto por el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la falta de previsión e institucionalidad que conlleva, lo que podría traer tensiones en medio de las negociaciones por un nuevo acuerdo que otorgue fondos extra para salir del cepo.
La duda es si el Gobierno igualmente cumplirá, al reasignar partidas, con la "regla fiscal" de déficit cero que propuso al enviar el proyecto del Presupuesto 2025 al Congreso en septiembre pasado, la cual implica que priorizará el pago de intereses de deuda antes de aumentar el gasto en cualquier partida. Aunque sería lógico que la administración de Milei pretenda de todos modos acatar esa regla como un mensaje a los inversores internacionales, ahora la pauta no estará formalmente garantizada.
La Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) advirtió que la prórroga del Presupuesto 2023 por segundo año consecutivo "constituye un retroceso en la institucionalidad del Sector Público Nacional y refleja la imposibilidad de alcanzar los acuerdos mínimos necesarios que permitan contar con la norma más importante para la gestión anual de gobierno".
"Este retroceso no se limita a una cuestión de formas, ya que también tiene implicancias en diversos órdenes, dado que el Presupuesto, aparte de ser la expresión financiera anual de las políticas públicas, y como tal incluye los autorizaciones máximas de gasto y el cálculo de los recursos para atenderlos, también contempla los niveles prestacionales en términos físicos, define la meta de resultado financiero, autoriza la emisión de nueva deuda pública, incluye el plan de obras en infraestructura, contempla disposiciones que afectan a distintos actores económicos del sector privado, establece los recursos financieros que recibirán las provincias, los municipios y las empresas públicas en concepto de transferencias, contiene pautas de evolución de los salarios públicos y de las jubilaciones y pensiones, incorpora definiciones de la política de empleo público y contempla aspectos funcionales del Estado Nacional, entre otras cuestiones", alertó la ASAP.
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