El gobierno de Javier Milei paralizó el mantenimiento de las rutas y caminos, pero el año pasado recaudó $ 2,5 billones por el impuesto a los combustibles, un tributo que paga cada contribuyente cuando carga nafta y gasoil y que aporta fondos para obras viales.
La paralización de la obra pública afectó el estado de las rutas nacionales. Sin embargo, la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC), cuya mayor parte se destina a fondos para obras viales, tuvo un crecimiento interanual de 34% en términos reales (contemplando la inflación), según se desprende de un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
En enero de 2024, el Estado recaudó por el impuesto a los combustibles $ 46.121 millones, pero en diciembre el monto ascendió a $ 447.099 millones. En total, en 2024 el tributo recaudó $ 2,5 billones, según datos del Ministerio de Economía. De todos modos, esos fondos no se destinaron a obras de vialidad, como marcan por las leyes 27.430 y 23.996. Varios gobernadores tienen este tema en agenda porque las rutas están cada vez más deterioradas, pero el gobierno no les gira los fondos para el mantenimiento.
Impuestos
En la Argentina, el consumo de combustibles en el mercado local se grava desde hace varias la décadas. Luego de algunas modificaciones, en 1998 se establecieron el ICL y el IDC por cada litro de nafta y gasoil vendidos con una actualización trimestral según la inflación del INDEC. Por normativa, lo recaudado se distribuye en un 28,5% al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte; un 10,4% va al Tesoro Nacional; un 15% al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI); alrededor de 10% se gira a las provincias; casi un 29% al Sistema Único de Seguridad Social; 4,3% al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica; y un 2,5% Compensación Transporte Público.
El Fideicomiso de Infraestructura de Transporte recibió durante 2024 casi $ 620.000 millones. De ese monto, la mitad debería haber llegado a Vialidad Nacional para que realice obras en rutas y caminos. Sin embargo, sólo se transfirieron $ 150.000 millones, según detalla el CEPA. Es decir, el gobierno libertario recaudó $ 2,5 billones pero prácticamente no giró recursos para las obras viales. Según el mismo informe, este tributo aumentó 302% desde que asumió Milei (entre diciembre 2023 y febrero 2025). De este modo, el impuesto a los combustibles “pasó de representar el 0,7% del total de ingresos en febrero de 2024 al 2,5% en febrero de 2025”, afirma el CEPA.
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Incluso, la recaudación hubiese sido aún mayor si Caputo hubiese actualizado por completo el impuesto según el IPC, como indica la normativa. El atraso en la actualización del gravamen viene del gobierno de Alberto Fernández. Sin embargo, el ministro prefirió actualizar el tributo de manera parcial para evitar una mayor presión sobre el precio de las naftas para reducir el impacto en la inflación.
Vialidad
El Destape dialogó con Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales, organización que estos días está atravesando un conflicto por la amenaza de despido de 1.200 trabajadores sobre una planta de 5.400 en distintas provincias. El administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad es Marcelo Campoy, ex funcionario del gobierno de Carlos Menem (estuvo en el mismo organismo en 1999) que asumió en el área en junio del año pasado. Esta semana, Campoy notificó oficialmente que el Estado dará de baja por “restricciones y limitaciones presupuestarias” a los contratos aún vigentes de obras viales firmados con contratistas privados.
Uno de los argumentos que sostiene el sindicato es que Vialidad Nacional tuvo un desfinanciamiento de alrededor de $ 340.000 millones “que se quedó Caputo en 2024 del impuesto a los combustibles”, explicó Aleñá. El conflicto por despidos masivos en Vialidad sigue abierto.
Caída de la ejecución
El informe del CEPA que analiza la ejecución presupuestaria durante el año pasado detalla la caída de los fondos destinados al mantenimiento de rutas. “En materia de transporte y obra pública, encontramos programas con un nivel de ejecución tan bajo que se encuentran cerca de la paralización”, afirma el centro de investigación.
El CEPA remarcó que el gobierno de Milei suspendió 20 obras en rutas nacionales que tenían un nivel de avance de más de 70%. El caso más significativo es la paralización de las obras de la Ruta Nacional 8 en la provincia de Santa Fe, que tiene un grado de ejecución de 95%. Pero, además, hay otras 45 obras que tienen un 30% promedio de ejecución.
La variación interanual en términos reales de la ejecución presupuestaria en 2024 en comparación con 2023 indica que el rubro Construcción de Rutas y Obras de Pavimentación y Túneles y Puentes Grandes cayó 92,7%, mientras que la ejecución del Programa Rutas Seguras (más anchas y con asfalto en la banquina) disminuyó un 80% durante el primer año del gobierno de Milei.
Además, las obras de seguridad en rutas nacionales cayeron un 81%, el desarrollo de infraestructura en municipios se desmoronó el 100% y el programa de Consolidación Urbana y Mejoramiento de Barrios descendió un 80%. El total devengado del presupuesto de la Dirección de Vialidad Nacional fue 72,2% menor en 2024 que en 2023.
Por ley, el 15% de lo recaudado por el impuesto a los combustibles debería transferirse al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI). Por normativa, si la recaudación por el tributo a las naftas fue de $ 2,5 billones en 2024, debería haber llegado al FONAVI por este tributo un total de $ 374.203 millones, según detalla un informe sobre la recaudación del Estado realizado por el Instituto Argentina Grande.
Pero a las provincias se transfirieron $ 327.070 millones. La diferencia que Caputo no envió al fondo de vivienda de lo recaudado por el impuesto a los combustibles es de $ 41.894 millones.
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