En los últimos días la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avanzó con una nueva medida de simplificación administrativa que beneficia a importadores y exportadores.
Se trata de la eliminación de uno de los requisitos que hasta ahora complicaban la habilitación de depósitos fiscales para estas personas y que llegó junto con otra medida que apunta algo similar: la reducción de la superposición de controles entre organismos nacionales, provincias y municipios.
Desde la ex AFIP sostuvieron que esto forma parte del proceso de desregulación impulsado por el Gobierno nacional con el objetivo de “reconstruir la economía" eliminando distintas barreras y restricciones.
Cuáles son los cambios de ARCA en las importaciones y exportaciones
Puntualmente la nueva medida de ARCA impacta específicamente sobre el trámite de habilitación de depósitos fiscales en los cuales se alojan los productos bajo el control aduanero antes de que sean exportados o importados.
El cambio es que hasta ahora para habilitar uno de esos depósitos, la Aduana podía exigir documentación municipal como parte de los requisitos administrativos, pero no había un criterio uniforme entre las comunas y podía traer inconvenientes a la hora de hacer las transacciones.
Ahora con esta nueva medida se eliminó ese requisito y se le pide una declaración jurada al dueño del depósito fiscal, simplificando el movimiento pero, según destacaron desde la entidad, sin afectar el procedimiento.
Además de los importadores y exportadores, utilizan los depósitos fiscales los operadores logísticos, las terminales de carga, courriers y los despachantes de aduana ya que son las instalaciones autorizadas por la Aduana para almacenar la mercadería de manera legal.
Según la propia ARCA se busca evitar que un trámite nacional dependa de requisitos municipales que pueden variar de una jurisdicción a otra y que los municipios mantengan sus controles locales, pero que esos permisos no funcionen como condición previa dentro de trámites nacionales, separando las competencias.
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En esa línea, el SENASA también avanzó en una flexibilización bastante parecida a la de la ex AFIP al dejar de exigir habilitaciones municipales y provinciales en distintos registros y trámites nacionales vinculados a establecimientos agroindustriales, laboratorios y operadores sanitarios bajo el mismo argumento.
Sostuvieron desde la entidad que la exigencia de habilitaciones locales dentro de trámites nacionales generaba “duplicidad de requisitos y documentación”, además de incorporar condicionamientos ajenos a los objetivos sanitarios que tiene el organismo. Esto alcanza a gestiones vinculadas a establecimientos avícolas, predios feriales, empresas de productos veterinarios, laboratorios, terminales de carga y certificaciones sanitarias, entre otros.
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