En los dos primeros años del gobierno de Javier Milei, los fondos fiduciarios que permanecen operativos obtuvieron ingresos superiores a $ 8,2 billones y registraron un superávit próximo a los US$ 3.000 millones. Pero, aunque se trata de recursos que por ley tienen destinos específicos, fundamentalmente vinculados con obras de infraestructura, el Gobierno nacional utiliza solamente una parte para cumplir con esos objetivos originales.
En cambio, una proporción considerable de los recursos recaudados termina destinada a la adquisición de letras y otros títulos públicos, con el propósito de apuntalar la política de déficit cero impulsada por la Casa Rosada.
Este mecanismo se desprende del relevamiento de balances contables, documentos presupuestarios y reportes oficiales elaborados por la Jefatura de Gabinete y la Oficina Nacional de Presupuesto, analizados por el diario La Nación y citados por la Agencia Noticias Argentinas.
Estos fideicomisos, remarcaron ambos medios, obtuvieron un superávit financiero de $ 1,86 billones en 2024 y de $ 1,23 billones durante 2025, cifras que representan US$ 1.978 millones y US$ 973 millones, respectivamente, tomando como referencia el tipo de cambio oficial promedio correspondiente a cada año.
De este modo, según muestran las planillas oficiales, los fondos utilizaron apenas el 55,8% de sus ingresos durante 2024, mientras que la ejecución llegó al 69,5% en 2025 y al 69,7% en el primer trimestre de este año.
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Los activos que no son utilizados para esos fines pasan a ser destinados a inversiones financieras administradas bajo la órbita del Ministerio de Economía, en el marco de una modificación de la estrategia que reemplazó el depósito de los recursos en plazos fijos del Banco Nación por la compra directa de instrumentos de deuda emitidos por el Tesoro.
Para el actual ejercicio, las proyecciones incluidas en las planillas presupuestarias prevén inversiones por $ 1,33 billones en letras, bonos, títulos públicos y plazos fijos. De esta manera, el Ministerio de Economía podrá disponer de cerca de US$ 880 millones adicionales originados en los recursos de los fondos fiduciarios.
Estimaciones elaboradas por consultoras privadas y centros de estudio calculan que, con este esquema financiero, los excedentes acumulados por los fideicomisos se acercarán a los US$ 4.000 millones una vez completados los primeros tres años de gestión.
Vivienda, transporte y obras sanitarias, los fondos con más recortes
Entre los 29 fideicomisos que todavía se encuentran activos o atraviesan un proceso de liquidación, los recortes más importantes en los desembolsos afectan a áreas sensibles como el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), cuyas transferencias cayeron un 94%, lo que derivó en la paralización de 636 proyectos de infraestructura básica y construcción de viviendas en barrios populares.
El mismo fenómeno se observa en el Sistema de Infraestructura del Transporte y en el Fondo de Infraestructura Hídrica, en los que las colocaciones financieras ordenadas por el Poder Ejecutivo son ampliamente superiores a los recursos efectivamente destinados a obras viales, mantenimiento de rutas y tareas de saneamiento a lo largo del país.