Según la ruta planteada en el Presupuesto 2025, el Gobierno planea congelar el bono a jubilados y dejarlo en el rango de 70 mil pesos. Con apenas 300 millones de dólares, la Anses podría actualizar el monto siguiendo el ritmo de la movilidad. La cifra es equivalente a lo que puede comprar el Banco Central en solo tres días y menor al superávit registrado por el organismo previsional este año.
¿Cómo deberían evolucionar los bonos si se actualizaran siguiendo las pautas de incremento de la fórmula de movilidad? Siguiendo la inflación estimada por el propio Presupuesto 2025, a enero del año próximo deberían duplicar su valor, y a diciembre de 2025 los guarismos indican que le estarán negando a los jubilados de la mínima $ 97.446 adicionales, según estimó el Centro de Economía Política. De acuerdo con datos actuales del Sistema Previsional Nacional Argentino (SIPA), existen 6,8 millones de perceptores de jubilación o pensión. De esta población, alrededor del 50 por ciento de los beneficiarios perciben una jubilación mínima.
Por ende, si se les pagara el adicional a los aproximadamente 3,4 millones de jubilados, el gasto previsional extra que debería erogar el Estado sería equivalente a 315 millones de dólares. Evidentemente, el ministro de Economía, Luis Caputo no considera viable la medida, ya que hace una semana sostuvo que únicamente "un 11 por ciento" de los jubilados son pobres. Y se justificó: "Hay recursos finitos. Por supuesto que si hubiera más recursos le pagaríamos más a todos".
La afirmación sobre la restricción de recursos es curiosa. La Anses registró entre enero y octubre un superávit financiero acumulado de 5,2 billones de pesos, según un informe Fundación Éforo. Lo histórico no implica que sea una buena noticia, dado que ese ahorro se consiguió a partir de menores transferencias a cajas previsionales provinciales, el veto al aumento jubilatorio y el recorte en asignaciones familiares.
El total de la Administración Pública Nacional registra a la fecha un superávit de 1,9 billones de pesos, una mirada desagregada revela que esta cifra se debe en gran parte al excedente de la ANSES. Si se excluyen los recursos y gastos de la Anses, el resto de la APN arrojaría un déficit de más de 3 billones de pesos.
En los primeros diez meses del año, la Anses recaudó un total de 36,3 billones de pesos, mientras que sus gastos alcanzaron los 31,1 billones, resultando en un superávit neto de más de 5 billones. “A pesar de este superávit, el Poder Ejecutivo no ha destinado recursos adicionales para reforzar las prestaciones sociales o las jubilaciones”, criticó el documento. Por el contrario, a lo largo del año, se suspendieron las transferencias a las cajas previsionales provinciales que no fueron transferidas a la Nación; se vetó la ley de movilidad jubilatoria que proponía mejoras en los haberes de los jubilados y ajustaron las asignaciones familiares para trabajadores en relación de dependencia y para las pensiones no contributivas por invalidez laboral.
El ajuste que fue y el que vendrá
Distintas estimaciones sostienen que el recorte en jubilaciones y pensiones constituye el 25,3 por ciento del total del ajuste en las cuentas públicas nacionales. El 91 por ciento de la población adulta cuenta con algún tipo de cobertura brindada por el SIPA. El 9 por ciento restante comprende adultos mayores que aún se encuentran trabajando, adultos mayores sin empleo o adultos mayores que se desempeñan en la informalidad.
El 67 por ciento de las jubilaciones vigentes se obtuvieron por la implementación de moratorias. Esto se explica por la baja proporción de aportantes actuales en relación a los beneficiarios. La jubilación de agosto de 2024 abonada por la gestión de La Libertad Avanza fue de 227.265 pesos, lo que significa un incremento real del 4,8 por ciento respecto a la de noviembre de 2023. En febrero de 2024 se liquidó el haber mínimo más bajo de los últimos 15 años. Fue de 152.900 pesos a valores constantes de agosto de 2024.
A junio de 2024, las personas que se encuentran cerca de la edad jubilatoria y están efectivamente en condición de jubilarse (cuentan con 25 años de aportes o más) son muy pocas: el 9,5% de las mujeres y el 20% de los varones. Significa que nueve de cada 10 mujeres y ocho de cada 10 varones sólo podrán acceder a la PUAM
Actualmente, una jubilación mínima alcanza para cubrir apenas una canasta básica total para un adulto mayor. De seguir vigente la nueva movilidad jubilatoria, ese será el poder adquisitivo real en el corto y mediano plazo para casi la mitad de los beneficiarios del SIPA, que son los que perciben ese tipo de haber. En abril de 2016, la jubilación mínima representaba 1,8 veces la canasta básica total de un adulto mayor, lo que indicaba que los ingresos de los jubilados eran más que suficientes para cubrir las necesidades básicas, alejando a esta población de la línea general de pobreza.
Otra de las novedades de 2025 es la desindexación de Asignaciones Familiares. El titular de Anses, Mariano De los Heros, reconoció la eliminación de la indexación en la propia Ley de Presupuesto, tal como se establece en el artículo 68 del mismo. Esta decisión es una trampa de la regla fiscal, porque convierte un gasto automático en un gasto discrecional, y por lo tanto, ajustable. De Los Heros también reconoció que no hay criterio de aumento para el año próximo: "Puede haber distintos índices para aumentos, pero están en elaboración".
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