La administración de Javier Milei vuelve a la carga con un programa de desguace del INTA que podría ser aprobado por su Consejo Directivo la semana que viene. En el acta constitutiva de la reunión de directorio llevada adelante este jueves, las autoridades nacionales sostuvieron que “durante los últimos años, el organismo fue desvirtuado de su propósito original, con altos niveles de ineficiencia, mala administración de los recursos públicos, siendo utilizado como herramienta de militancia política, y con un enfoque muy alejado de las necesidades reales del sector agroindustrial”
Con ese preludio eufemístico, los directivos del INTA que responden directamente al secretario de Economía, Luis Caputo (Bessent, el ministro), explicitaron su programa de “despidos encubiertos” vía retiros (in)voluntarios, el cierre de las Estaciones Experimentales – claves para los desarrollos territoriales de los pueblos agropecuarios y la transferencia de tecnología- y el remate de miles de hectáreas de campos bajo titularidad del organismo.
El próximo lunes, el Consejo Directivo, a cargo de Nicolás Bronzovich, mantendrá una reunión con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta y al día siguiente se pautó una reunión extraordinaria del Consejo. Los trabajadores del INTA, nucleados en ATE, irrumpieron en la reunión de este jueves con el objetivo de defender el rol territorial del organismo y sus puestos de trabajo. Se mantienen en un estado de alerta.
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La ideología del desguace
El Poder Ejecutivo vuelve a la carga con el desmantelamiento del INTA. Lo que no pudo lograr a través del DNU 462/25, frenado por una medida cautelar y luego rechazado por el Congreso, ahora pretende concretarlo a través de la simple firma de su Consejo Directivo.
En un documento difundido antes de la reunión del Consejo Directivo de este jueves –temario que será tratado la semana que viene-, las autoridades del organismo plantearon una mirada exclusivamente economicista (y miope) sobre el rol del INTA.
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“A los gastos fijos que el INTA debe afrontar en concepto de servicios y mantenimiento de las 293 Agencias de Extensión Rural en todo el país, hay que añadirle el costo de alquiler del 12% de ellas. De las cuales, el 65% funcionan con menos de 4 personas, y de ese porcentaje, el 18% operan como oficinas privadas de una sola persona”.
Con este argumento, el organismo abrirá un nuevo proceso de retiros (in)voluntarios; sería para los trabajadores de planta que tengan más de 3 años de antigüedad y menos de 64 (edad de jubilación).
“El INTA es una institución de gran envergadura, con aproximadamente 6.000 agentes (de los cuales sólo 2.700 tienen carreras afines al sector) y alrededor de 400 sedes en todo el país”, puede leerse en el acta de la reunión. ¿Cuántos trabajadores piensan desechar a través de estos mecanismos?
Detrás de la reformulación organizativa de los centros de investigación y estaciones experimentales se esconde la intención de escamotear la presencia del organismo en el territorio, una desterritorialización encubierta, salvo en aquellos casos en que sean convocados por las grandes corporaciones de las cadenas agroindustriales del país.
De esta manera, el INTA se propone unificar los Centros de Investigación y los Centros Regionales y crear una dirección nacional. En total, la administración Milei pretende derogar 30 unidades administrativas a nivel central.
Se van a reducir los centros regionales, claves para el desarrollo territorial y contacto directo con los productores y las comunidades. De un total de 15 unidades, el INTA dejaría en pie solamente cinco que serán reagrupados en macro regiones (Noroeste (NOA), Noreste (NEA), Centro, Cuyo y Sur)
También van por las Estaciones Experimentales, actualmente 53 distribuidas en todo el país. “Se propone realizar una evaluación y racionalización de las Estaciones Experimentales Agropecuarias, a fin de definir cuáles resultan necesarias para cumplir adecuadamente con las funciones de investigación e innovación aplicada”, definió el INTA.
“En función de ello, se propone mantener una Estación Experimental por cada una de las 23 provincias. El Consejo Directivo definirá cuáles EEA continuarán operativas y qué especialización productiva o tecnológica asumirá cada una”. Es decir, el buscarán desmantelar 30 estaciones experimentales.
En tiempos donde la construcción del concepto de comunidad requiere no olvidarse del contacto cara a cara, del diálogo con “ese otro” que conoce a su interlocutor por convivir en un mismo pueblo, las Agencias de Extensión Rural serán reemplazadas por un bot de whatsapp.
“Se deberán identificar entre quince (15) y veinte (20) Agencias de Extensión Rural (AER). Las restantes AER u oficinas serán reemplazadas por mecanismos de transferencia tecnológica digital y por dispositivos de articulación público-privada, acordes con las nuevas herramientas disponibles y orientados a optimizar la llegada territorial y la eficiencia institucional”.
Reforma de los centros y programas de investigación
Bajo este capítulo, el INTA desmantelará programas que no considere estratégicos y dejará en pie las investigaciones que sean de utilidad para los sectores más rentables y concentrados de las cadenas agroindustriales.
En total, podrían desmantelarse 43 proyectos de investigación. Y en paralelo, se abrirá un canal de diálogo con el sector privado para que puedan presentar hasta 20 proyectos que recibirán financiamiento del Estado. Financiamiento VIP. Esta directriz constituye un golpe directo hacia un esquema democrático en la transferencia de tecnología y los conocimientos aplicados.
En particular, el INTA se propone revisar con el objetivo de dar de baja proyectos vinculados a la gestión de los recursos naturales y la mitigación de los impactos ambientales. El documento presenta una mirada con cierto desdén hacia la agenda del cambio climático (en línea con lo formulado por Donald Trump en su documento sobre la neo Doctrina Monroe).
Se insiste con la derogación del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (CIPAF) por no considerarlo estratégico. Pretenden una territorialidad sin productores.
Otros proyectos de investigación que serán analizados para darlos de bajo tienen que ver con la “determinación de usos productivos, valoración económica y recomendaciones participativas para la gestión sostenible de los humedales”; todo lo vinculado a la agricultura familiar; el programa de investigación “Aportes al desarrollo sostenible de los valles patagónicos”; el mejoramiento genético de hortalizas, ornamentales, aromáticas y medicinales basado en el mercado, en un contexto de intensificación sostenible y cambio climático, entre otros.
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Desafectación de bienes y tierras en desuso
El Consejo Directivo del INTA buscará que se apruebe el remate miles de hectáreas de campos bajo titularidad del organismo por considerarlas “en desuso, sin destino a actividades de experimentación ni de producción”.
“Se propone que el Consejo Directivo disponga la desafectación de los bienes inmuebles detallados en el Anexo II, que totalizan 33.836 hectáreas, los cuales han sido debidamente analizados y se encuentran sin utilidad para fines de experimentación, además de reunir las condiciones dominiales necesarias para proceder a su desafectación”, puede leerse en la documentación oficial.
También van a rematar bienes de uso cotidiano del organismo. Todo por dos pesos.
Las tierras del INTA en las que se realizaban desarrollos tecnológicos, ¿innecesarias para quién? Un negocio inmobiliario oculto.
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