La decisión de postergar la actualización de la metodología para medir la inflación terminó por convertirse en un problema de confianza, y esa inseguridad se refleja en los números financieros. La marcha atrás del Gobierno en publicar la medición actualizada de la inflación, cuando ya lo había anunciado en septiembre último, no solo dejó sin efecto un ajuste técnico, sino que abrió una grieta que vuelve a alimentar la sospecha sobre el uso político de los datos oficiales y los verdaderos rendimientos de los activos atados a la evolución de los precios, incluyendo las bandas cambiarias.
“Dejando de lado las cuestiones metodológicas, nos cuesta imaginar que algún inversor privado vea con buenos ojos la decisión política de postergar el nuevo IPC”, señalaron desde la consultora 1816, subrayando que la percepción de una intervención política pesa más que la diferencia numérica en sí. En Econviews, el economista Alejandro Giacoia también puso el foco en la señal institucional, al afirmar que “incluso si la diferencia entre el IPC actual y el actualizado hubiera sido marginal en los primeros meses, la decisión de frenar la reforma deja una marca institucional difícil de borrar”.
El impacto, desde esta perspectiva, no sería meramente estadístico sino reputacional, en una economía que ya carga con escepticismo histórico sobre sus estadísticas. Cualquier decisión que se interprete como política prima sobre una discusión técnica.
La consultora Eco Go, liderada por Marina Dal Poggetto, advirtió en términos similares que “la actualización metodológica no respondía a una urgencia electoral sino a una necesidad estructural” porque la canasta vigente no reflejaba el peso real que servicios como electricidad, gas o transporte tienen en el gasto de los hogares. Para estos analistas, postergar la corrección no sólo acumula imprecisiones, sino que deja abierto un vacío de credibilidad que se traslada a otros precios y decisiones.
Desde C&T Asesores Económicos señalaron que, incluso suponiendo que la diferencia entre metodologías pueda “rondar apenas una décima mensual”, esa posible insignificancia técnica no explica por qué frenar el cambio, lo cual sugiere que la decisión “no está en la técnica sino en el relato”. Por su parte, desde LCG plantearon que “con una canasta desactualizada, el IPC tendería a subestimar el impacto de los ajustes tarifarios ya anunciados”, lo que termina reverberando en contratos indexados y en activos financieros que dependen de la medición oficial.
Esa subestimación se vuelve especialmente relevante porque, en la práctica, hay bonos atados al CER, alquileres y activos remunerados por IPC como referencia automática, de modo que una inflación subestimada significa ajustes más duros en otros precios y en la demanda de cobertura. Ese incertidumbre entre percepción y cálculo real incide también directamente en el comportamiento del dólar. En una economía donde la inflación siempre está agazapada y lista para pegar el salto, el dólar es el refugio de valor,. Especialmente cuando el Gobierno se comprometió a actualizar la banda superior cambiaria al ritmo de la inflación.
Cuando el mercado interpreta que la inflación medida puede estar por debajo de la inflación real, la presión sobre el dólar se desplaza hacia adelante, encareciendo los dólares paralelos y financieros como mecanismo de cobertura. La brecha entre el dólar oficial, administrado por el Banco Central, y las cotizaciones alternativas se alimenta de esa incertidumbre.
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