El gobierno de Milei abrirá este jueves las ofertas económicas de la licitación para privatizar AySA, en la instancia que definirá qué grupo empresario quedará a cargo del 90% de las acciones que actualmente pertenecen al Estado nacional. La apertura se realizará a las 10 a través de la plataforma CONTRAT.AR y tendrá como únicos participantes a dos consorcios que superaron la primera etapa del proceso: Rowing-Arcos-Transclor-PHX y Roggio ROAS S.A.U. y otros. La administración nacional espera obtener alrededor de US$500 millones por la operación, aunque el monto definitivo dependerá de las propuestas que presenten los oferentes.
La privatización alcanza a la empresa que presta los servicios de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios bonaerenses, con unos 3,8 millones de usuarios y una población atendida cercana a los 14 millones de personas. El esquema diseñado por el Ejecutivo contempla la transferencia del 90% de las acciones estatales: al menos el 51% será adjudicado al operador estratégico mediante la licitación y el 39% restante deberá colocarse posteriormente en bolsas y mercados. El 10% que no pertenece al Estado continuará en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada. (Argentina)
La apertura de los sobres económicos fue oficializada por la Resolución 1722/2026 del Ministerio de Economía, publicada este martes en el Boletín Oficial. La norma aprobó lo actuado en la primera etapa de la Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple N° 504/2-0003-LPU26 y seleccionó formalmente las dos propuestas que quedaron habilitadas para competir por la operación. El procedimiento no establece un precio base para la venta.
Una venta a 30 años
La operación forma parte del programa de privatizaciones habilitado por la Ley Bases, que incluyó a AySA entre las empresas sujetas a privatización. El decreto 494 de julio de 2025 autorizó la venta de la totalidad de las acciones estatales y estableció que al menos el 51% debía ser transferido a un operador estratégico mediante una licitación pública, mientras que el remanente estatal sería vendido posteriormente a través del mercado de capitales.
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El cambio de propiedad se complementa con un nuevo contrato de concesión que tendrá una duración inicial de 30 años y contempla una extensión de hasta diez años. De esta manera, la definición que se conocerá este jueves no se limita al precio que los grupos empresarios están dispuestos a pagar por las acciones, sino que se vincula con la administración durante las próximas tres décadas de un servicio público que alcanza a una parte central de la población del Área Metropolitana de Buenos Aires.
El Gobierno sostiene que la transferencia permitirá incorporar capital privado y reducir la necesidad de financiamiento estatal para las obras de infraestructura. En septiembre, el Ministerio de Economía informó que el futuro operador deberá ejecutar un plan de inversiones por 2,89 billones de pesos, a valores de diciembre de 2025 y sin IVA, durante el primer ciclo tarifario, correspondiente al período 2027-2031. La estimación oficial ubica ese compromiso por encima de los 2.000 millones de dólares.
El contrato fija además metas de expansión. Para 2031 se establece una cobertura de 75,3% para agua potable y de 63,9% para desagües cloacales. Al finalizar el plazo inicial de 30 años, los objetivos mínimos ascienden a 90% y 75%, respectivamente. El Gobierno plantea que esas obligaciones deberán ser afrontadas por el nuevo operador dentro del esquema de concesión.
Los compiten por AySA
La primera propuesta corresponde al consorcio integrado por Rowing S.A., Arcos Saneamento e Participações, Transclor S.A. y PHX AQUA AR BV. Rowing encabeza el grupo, mientras que Arcos pertenece al ámbito empresario brasileño y cuenta con experiencia en la operación de servicios de agua y saneamiento. Transclor está vinculada al empresario Mauricio Filiberti y PHX es un vehículo de inversión radicado en Países Bajos.
La segunda oferta fue presentada por Roggio ROAS S.A.U., Hidrosan Capital S.A.U., Aguas del Plata Participaciones S.A., Benito Roggio e Hijos S.A. y Central Buen Ayre. El Grupo Roggio ya participa en el negocio del agua mediante Aguas Cordobesas y tiene presencia en otros servicios urbanos e infraestructura.
El número de participantes se redujo considerablemente respecto de la cantidad de empresas que habían manifestado interés en las etapas iniciales. De los 17 grupos que habían mostrado interés, solo dos terminaron presentando propuestas en la apertura de los sobres técnicos realizada en septiembre. La competencia económica de este jueves se desarrollará, por lo tanto, entre esos dos consorcios.
El diseño de la privatización había sido presentado por el Gobierno como un proceso abierto a operadores nacionales e internacionales con experiencia en servicios de agua y saneamiento. La primera etapa, sin embargo, terminó con dos consorcios encabezados por grupos empresarios argentinos y asociados con compañías extranjeras. El ingreso fiscal y las inversiones.
La cifra de 500 millones de dólares que el Gobierno espera obtener funciona como uno de los principales datos económicos de la operación, aunque no constituye todavía el precio de venta. Estimaciones difundidas durante el proceso ubicaron el posible ingreso para el Estado en un rango de entre 450 millones y 500 millones. La cifra final surgirá de las ofertas económicas que se conocerán este jueves.
El destino de esos recursos también forma parte de la discusión sobre la operación. Distintas fuentes periodísticas señalaron que el Gobierno prevé utilizar los dólares obtenidos para afrontar vencimientos de deuda pública. El monto de la venta representa, en ese sentido, un ingreso extraordinario para las cuentas nacionales, mientras que la prestación del servicio quedará vinculada durante décadas al contrato de concesión.
La ecuación planteada por el Ejecutivo incorpora, en paralelo, un programa de inversiones obligatorio para el futuro operador. El Gobierno informó que durante los primeros cinco años deberá ejecutar obras por más de US$2.000 millones, mientras que el contrato establece metas de cobertura y compromisos de expansión a lo largo de la concesión. El punto de discusión no se limita entonces al precio de las acciones. La transferencia de AySA implica modificar el esquema mediante el cual se financian las obras, se administra la infraestructura y se presta un servicio esencial. La concesión mantendrá al Estado como autoridad regulatoria, pero trasladará al sector privado la operación de la empresa y la responsabilidad de cumplir con las inversiones previstas en el contrato.