La secretaria de Energía, Martía Tettamanti, confirmó que avanza en cambios regulatorios para que las diferencias de costos en el sistema gasífero se trasladen con mayor rapidez a las facturas de los hogares. La decisión fue confirmada por la titular del áreadurante el Midstream & Gas Day 2026, donde además ratificó la decisión oficial de que el Estado abandone cualquier intervención en la determinación del precio del gas y deje esa tarea exclusivamente en manos del mercado.
Las declaraciones de la funcionaria se producen en un contexto de fuertes aumentos tarifarios, de reducción de subsidios y de crecimiento sostenido del peso que tienen los servicios públicos sobre los ingresos familiares. Según el último informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA-Conicet, la factura promedio de gas para un usuario residencial sin subsidios alcanzó en mayo los 71.732 pesos mensuales, mientras que para quienes reciben asistencia estatal llegó a 52.040 pesos. En el caso de los usuarios de ingresos altos (N1), el promedio se ubicó en torno a los 49.972 pesos mensuales.
Lo que anticipó la secretaria de Energía es un cambio en la mecánica de traslado de costos que podría hacer que los incrementos lleguen más rápido a las boletas, reduciendo los períodos de amortiguación que existían hasta ahora.
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Durante su exposición, Tettamanti explicó que actualmente existen reglas que permiten compensar las diferencias diarias de costos dos veces por año, pero que el Gobierno busca modificar ese esquema. "Había unas reglas de las diferencias diarias dos veces al año y lo que estamos trabajando es cambiar ese punto de la distribución para que esas diferencias diarias se trasladen con más periodicidad, que esas diferencias diarias se trasladen más prontamente", sostuvo.
La afirmación implica que los usuarios recibirían con menor demora los impactos derivados de variaciones en los costos de abastecimiento, importaciones o funcionamiento del sistema. Consultada sobre quién terminará absorbiendo esos mayores costos, la funcionaria fue explícita: "Sí, el usuario lo va a terminar pagando, pero con menos estacionalidad entre invierno y verano".
La explicación oficial es que el nuevo esquema permitiría suavizar las diferencias entre estaciones, evitando saltos bruscos concentrados en determinados momentos del año. Sin embargo, la consecuencia práctica es que cualquier incremento de costos tendría una vía más rápida para impactar en las facturas residenciales.
Las declaraciones también dejaron en evidencia la filosofía económica que guía la política energética de la administración Milei. Para Tettamanti, el Estado no debe intervenir en la formación de precios. "El Estado no tiene que digitar los precios del gas, tiene que valer lo que diga el mercado", afirmó durante el encuentro organizado por Econojournal.
La funcionaria profundizó esa posición al señalar que "el precio del gas es el que tiene que ser" y agregó: "Yo no puedo decir 'el gas tiene que valer esto', tenemos que hacer que las reglas sean lo más claras posibles y lo más competitivas posibles para que los precios surjan de dicha competencia".
"El Estado no tiene que digitar los precios. Yo no puedo decir lo que vale. El mercado es el que dice lo que tiene valer. Lo que hay que hacer es que el precio sea el que el mercado defina en competencia", insistió. La definición marca un contraste con la lógica que predominó durante gran parte de las últimas dos décadas, cuando el precio de la energía fue considerado un componente estratégico de la política económica y social. En ese esquema, el Estado intervenía activamente mediante subsidios, regulaciones y mecanismos de desacople para moderar el impacto de las variaciones internacionales sobre los consumidores locales.
El informe del IIEP UBA-Conicet mostró que en mayo el cargo fijo del gas aumentó 4 por ciento y el cargo variable 3,3 por ciento. Sin embargo, el mayor impacto provino de la estacionalidad del consumo. Según el estudio, el consumo promedio prácticamente se duplicó entre abril y mayo debido al inicio de las temperaturas más bajas. Como resultado de la combinación entre mayores tarifas y mayor demanda, la factura final registró un incremento del 53,3 por ciento en apenas un mes.
"El componente más relevante es el gas, cuya factura casi se duplica respecto de abril por el efecto conjunto de la suba tarifaria y el salto en el consumo típico de esta época del año", señaló el documento. La situación adquiere especial relevancia en un escenario de salarios que todavía muestran dificultades para recuperar el terreno perdido frente a la inflación acumulada de los últimos años. Mientras la administración nacional exhibe como logro la desaceleración del índice general de precios, los gastos vinculados a servicios públicos continúan creciendo por encima de muchos ingresos laborales.
El informe también revela movimientos significativos en las cuentas públicas vinculadas al sector energético. ENARSA registró un incremento del 282 por ciento nominal y del 211 por ciento real en sus transferencias. Los investigadores aclaran que todavía no se reflejan plenamente las compras estacionales de Gas Natural Licuado (GNL) para afrontar la demanda invernal y advierten que pueden existir demoras administrativas derivadas del nuevo marco normativo de importaciones.
En paralelo, el Fondo Fiduciario para el consumo de gas aumentó 223 por ciento nominal y 150 por ciento real, consolidando una expansión de las erogaciones asociadas al sistema energético. En contraste, las transferencias destinadas al Plan Gas.Ar mostraron una caída del 18 por ciento nominal y del 37 por ciento real. El programa había sido diseñado para incentivar inversiones y producción mediante mecanismos de garantía de precios y compensaciones estatales.
El trabajo de la UBA y el Conicet también muestra cómo quedó distribuido el costo del abastecimiento tras los últimos cambios regulatorios. A partir de mayo comenzaron a regir nuevos cuadros tarifarios que diferencian dos grandes segmentos: usuarios sin subsidios, que pagan el costo pleno del gas, y usuarios subsidiados, que reciben una bonificación del 50 por ciento más un descuento adicional del 25 por ciento hasta determinados umbrales de consumo. Aun con esas bonificaciones, la asistencia estatal continúa reduciéndose. El estudio señala que actualmente "un usuario residencial promedio abona el 74 por ciento del costo de abastecimiento mientras que el 26 por ciento lo aporta el Estado".
La composición de las facturas también permite observar la magnitud del proceso de recomposición tarifaria. Para los usuarios sin subsidios, el 47 por ciento de la boleta corresponde al precio del gas, el 31 por ciento al Valor Agregado de Distribución (VAD) y el 22 por ciento a impuestos. Entre los usuarios subsidiados, el peso relativo del precio del gas baja al 27 por ciento, mientras que distribución e impuestos representan la mayor parte del total facturado.
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