“No en nuestro nombre” subraya el comunicado que dio a conocer un conjunto de productores y pymes al rechazar el escándalo de la criptomoneda $LIBRA que involucra directamente al presidente Javier Milei, luego que el mandatario asegurara que el objetivo era financiar a pequeñas empresas del país. Al respecto, al mismo tiempo que el gobierno nacional se ve involucrado en lo que sería una estafa millonaria, en la vereda de enfrente, el mundo productivo denuncia la eliminación de herramientas de financiamiento, lo que está “asfixiando” a sectores productivos, principalmente pequeños y medianos, agricultores familiares, campesinos, cooperativas, en un escenario de crisis del mercado interno, suba de costos y apertura desregulada de importaciones.
“Genera indignación que el presidente haga este juego de timba financiera en nombre de las pymes y el sector productivo que está, por el contrario, totalmente abandonado”, señaló en diálogo con El Destape, Diego Montón, ingeniero agrónomo e integrante de la Mesa Agroalimentaria Argentina. En lo concreto, el sector denunció que “se desmantelaron herramientas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) que permitirán contar con fondos de financiamiento, también todos los aportes reembolsables y no reembolsables de distintos programas que tenían como financiamiento originario el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)”.
Un aspecto no menor, vinculado a la incertidumbre que atraviesan, tiene que ver con los efectos del cambio climático, “desde sequía, inundaciones, incendios, granizo, todo lo que implica un elemento mayor de riesgo y, en general, son los pequeños y medianos productores los que asumen los costos, con un Estado que niega sistemáticamente esta situación”, agregó el entrevistado.
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En Argentina, casi cuatro millones de personas viven en el campo, de ellas el 60% es considerada parte de la agricultura familiar y produce más de la mitad de los alimentos que llegan a las familias del país, aunque sin ser propietarias y enfrentando desalojos frecuentes. En este último tiempo, además, vienen atravesando una dura situación debido al encarecimiento de insumos, el alza de tarifas de servicios y combustibles, y ahora enfrentan el ajuste del Estado en recursos que permitían mejorar la calidad y cantidad de los productos que ofrecen a la población.
Sectores productivos en alerta
“Más producción y menos timba financiera”, es lo que piden los pequeños y medianos productores de todo el país que en estos días rechazaron cualquier vínculo con el negocio financiero -puntualmente la criptomoneda $LIBRA- según dio a entender el propio jefe de Estado, tras el escándalo internacional. En lo concreto, desde la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA) que incluye a agricultores familiares, campesinos, cooperativas y pymes, cuestionaron que “el presidente, en lugar de enfocarse en acompañar a los sectores productivos, dedica su tiempo y sus redes a promover estafas y negocios financieros” y pusieron el foco en la falta de financiamiento para el sector.
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“La agricultura familiar, la campesina, pequeños y medianos productores, cooperativas, estamos en una situación muy complicada que viene de varios años de ir perdiendo rentabilidad frente al sector corporativo y que, por supuesto, desde que asumió Milei, se ha profundizado”, señaló a este portal Diego Montón, vocero del Movimiento Nacional Campesino Indígena–Somos Tierra y de la MAA. Para ejemplificar: en enero del 2023, un productor de tomate necesitaba cuatro kilos para comprar un kilo de pan, un año después necesitó 11 kilos de tomate, y en la actualidad -dos años después- ya necesita de 16 kilos de tomate para poder comprar el mismo kilo de pan.
Para entender la compleja situación agregó que “la pérdida de rentabilidad está asociada al aumento sideral de los costos (combustibles, energía, tarifa de riego, entre otros) y que está planchado el precio en finca, no así el precio en góndola al consumidor”. Otro ejemplo al respecto: en Neuquén, un campesino que con el valor de un chivito podía comprar el año pasado seis bolsas de 25 kilos de harina, en esta temporada pudo comprar tres de esas bolsas.
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Frente a esta realidad aparecen en escena las dificultades para acceder a financiamiento. “No hay tenemos forma de acceder a financiamiento, tanto de capital de trabajo como para afrontar el problema de la inflación, que si bien ha disminuido sigue existiendo”. Lo anterior es consecuencia de que “todos los programas fueron desmantelados, la asistencia técnica, la asistencia comercial, el acompañamiento a las organizaciones del sector, solo quedan algunas provincias con ciertas políticas, pero en la mayoría la situación es complicada. Y acá también hay que sumar el avance contra el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), ya que el gobierno nacional pretende erradicar los distintos espacios para la investigación especializada”.
En esa línea los pequeños y medianos productores se declararon en alerta por el desfinanciamiento: “Se desarticularon herramientas del INAES que, por ejemplo, consistían en fondos rotatorios que se entregaban a federaciones de cooperativas y se iban utilizando y devolviendo, para que usara otra cooperativa. También se desmantelaron los aportes reembolsables y no reembolsables de distintos programas que tenían como financiamiento originario el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) que estaban destinados a todos los sectores, como el caprino, bovino, para el productor de cerdos, para los horticultores, fruticultores, entre otros”, explicó Montón.
Impacto de las importaciones
Las organizaciones que se nuclean en la Mesa Agroalimentaria sostienen que “no hay soberanía alimentaria sin producción de alimentos” y, en esa línea, subrayan el impacto negativo de la apertura desregulada de las importaciones de alimentos promovida por la gestión de gobierno nacional.
Para entender por qué afecta a la producción local y cuál es el impacto en la góndola, Montón explicó que “la industria agroalimentaria concentrada en Argentina es, en gran medida, la que intermedia en la importación. Eso hace que se importe materia prima pero que no incida en una baja de precios al consumidor, sino que se transforma en una herramienta extorsiva para bajar el precio que se paga por esa misma materia prima a los productores locales, cada vez más en riesgo”.
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Lo anterior se evidencia en casos concretos. “En Misiones la industria está exprimiendo a los pequeños productores porque pretende pagarles por la hoja verde un precio que no está ni cerca de los costos operativos que tiene el pequeño productor. En el caso del tomate, por ejemplo, se está importando desde Paraguay, Italia, Chile, China, países en los que se subsidia a la agricultura familiar, por lo tanto, ingresa materia prima subsidiada y eso tira para abajo el precio para el pequeño productor argentino”, agregó el referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena–Somos Tierra.
Asimismo contó que, en el caso de la producción vitivinícola, “ya se habla de importación de uva y también de vino, en el marco de la negociación de precios entre las grandes bodegas que buscan pagar menos a los pequeños productores, que a su vez vienen perdiendo mucha rentabilidad”.
Propuestas sobre la mesa
En esta coyuntura desde el espacio elaboraron una serie de propuestas qué buscan comenzar a dar respuesta a sus demandas. “Es necesario construir un programa hacia la soberanía alimentaria argentina", señalan. En ese sentido, "una idea clave es la comprensión de que la política agropecuaria debe ser segmentada, diferenciada, según el tipo de productor (pequeños, medianos, campesinos, grandes corporaciones, los pools de siembra) y aparece, por supuesto, el rol central del Estado en función de poder generar un stock de alimento basado fundamentalmente en el abastecimiento del mercado interno, con una planificación de la producción, de las compras, y una dinámica de financiamiento para acceder a tecnología e infraestructura”, detalló el especialista.
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También agregó la necesidad de “volver a estructurar un sistema de comercialización local, pensando en circuitos cortos de alimentación, y se suma fortalecer la agroecología como técnica de producción que no solamente es mucho más amigable con la salud y el ambiente, sino que además es una forma de desacoplarnos del valor del dólar y de la necesidad de importar nutrientes, semillas híbridas y agrotóxicos”.
Finalmente remarcó que “es central abordar el acceso a tierra, que está quedando cada vez en menos manos, con créditos para que los pequeños productores puedan comprar su parcela", entre los ejes principales.