El Gobierno finalmente decidió renovar los contratos de unos 40.000 empleados públicos de la administración nacional, aunque solo por tres meses y se trata de aquellos que no integran la planta permanente estatal. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) informó que en la primera semana del Sistema de Evaluación Pública (SEP) el 96,3% de los exámenes ya fueron aprobados y exigieron su pase a planta permanente. “Al Gobierno le salió el tiro por la culata”, apuntó Rodolfo Aguiar, Secretario General del sindicato.
Desde que asumió, la gestión de Javier Milei viene renovando estas contrataciones de forma precaria, cada tres meses, para definir qué porción de los trabajadores mantiene su puesto y cuáles son despedidos. Lo hará otra vez ahora con nuevas prórrogas hasta fines de marzo a la espera de que estos empleados realicen un examen de idoneidad para pasar a un régimen de mayor estabilidad.
El sindicato informó que 4156 agentes rindieron sus exámenes en esta primera semana en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) con dirección en Av. Belgrano 637, siendo poco más del 10% del universo que el Gobierno pretende evaluar. De ese total, 4002 fueron aprobados.
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“Parece que en el Estado los burros no somos los trabajadores, son los funcionarios que llegaron el 10 de diciembre del 2023. Fracasaron en este intento ilegal de seguir estigmatizando y desprestigiando el empleo público”, indicó el referente estatal. En este marco, el dirigente aseguró: “Como era de esperar, todos los exámenes están siendo aprobados por los agentes y según el propio Ejecutivo, se está demostrando su idoneidad".
Unos 40.000 empleados siguen contratados bajo el artículo 9° de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional que establece regímenes por un tiempo determinado por servicios transitorios o estacionales. A todos se les venció su convenio el último día del 2024, pero en las distintas dependencias se están firmando renovaciones por otros tres meses.
Se espera que esta sea la última prórroga, ya que se dispuso que todos deberán rendir la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, un "examen de idoneidad" con un cuestionario dividido en tres categorías: comprensión lectora, razonamiento lógico matemático y administración pública. De los empleados contratados, a partir de marzo seguirán los que cumplan con dos condiciones: el examen de idoneidad aprobado y que sus jefes consideren que la persona cumple una función necesaria para el área, indicaron fuentes oficiales.
Los despidos encubiertos
La ATE denunció que no son 40.000 sino más de 55.000 los empleados a los que se les venció su contrato el 31 de diciembre. Contabilizan también los monotributistas bajo locación de servicios y los 2.400 empleados que dependían de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), un ente cooperador del Ministerio de Justicia para agilizar los trámites en los registros del automotor.
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En ATE señalaron que con el cambio de año "se detectaron los primeros despidos en el Ministerio de Justicia, en el Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) -la obra social de los uniformados- y en Parques Nacionales". En el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ubicado en la ex-ESMA, 87 empleados recibieron un mensaje por WhatsApp el 31 de diciembre en el que se les comunicaba que ya no debían presentarse a trabajar.
El Gobierno publicó dos nuevos decretos para congelar la plata de la administración nacional y limitar el ingreso de personal nuevo al sector público.
Excepcionalmente, se podrán prorrogar las designaciones transitorias y de contratos firmados el año pasado. Cualquier alta nueva excepcional en un organismo público deberá estar respaldada por la baja de tres empleados "cualquiera fuera la causal, producidas a partir de una renuncia, jubilación o desvinculación".
El decreto 1149/24, en tanto, establece que, a partir del 1 de marzo de 2025, quienes aspiren a ingresar al sector público deberán aprobar el examen de idoneidad implementado previamente para los empleados existentes. Este examen también será obligatorio para las empresas con mayoría accionaria estatal.
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