FMI: más ajuste, deuda superior a la capacidad de pago y el riesgo de una mayor fuga de capitales

La economía argentina enfrenta serios problemas en el sector externo y, en este panorama, el gobierno de Javier Milei cerró un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en medio además de un año electoral. Tras días de rumores se confirmó el préstamo de USD 20.000 millones por 48 meses, de los que USD 12.000 millones llegarían este martes. Sin embargo, hay al menos tres grandes riesgos que se desprenden del acuerdo y que marcarán el inicio de esta primera semana post anuncios: la ausencia de un programa económico que promueva el crecimiento y asegure condiciones de repago a futuro, la aceleración de la fuga de capitales de las empresas multinacionales, y el resultado incierto del combo devaluación e inflación, tanto para la vida de las y los argentinos como para la propia política en marcha. Tenemos FMI, al menos, hasta 2040. 

De esta manera, el gobierno de Milei abrió otro capítulo del ciclo de sobreendeudamiento que se inició en 2018 con el préstamo de Stand-By por USD 57.000 millones (no llegaron a desembolsarse en su totalidad) que el Directorio del FMI le otorgó al entonces gobierno de Mauricio Macri. El préstamo más grande de nuestra historia y de la historia del propio organismo internacional de crédito al que ahora se suma -como lo muestra el gráfico de vencimientos del FMI- la deuda libertaria. En relación, así como el préstamo de 2018 estuvo justificado, de acuerdo con el comunicado oficial del FMI, por “un cambio reciente en la actitud de los mercados y una funesta confluencia de factores que han sometido la balanza de pagos de Argentina a presiones significativas”, en el comunicado de estos días del organismo volvió a argumentar la necesidad de “asistencia a mediano plazo para la balanza de pagos” y “facilitar un retorno oportuno a los mercados internacionales de capital”. 

Un problema central de los procesos de sobreendeudamiento es el condicionamiento directo en las decisiones de política económica de los países deudores, con medidas que afectan los recursos, las actividades económicas y la calidad de vida de la mayoría de la población ya que las políticas de ajuste no pueden ser un plan de desarrollo para ningún país. “Al igual que en 2018, la Procuración del Tesoro de la Nación no pudo evaluar si existen recursos fiscales suficientes para el repago, ni el Banco Central pudo prever la existencia de reservas para el reembolso” planteó un informe del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), desde donde alertaron que no existió “un análisis de sostenibilidad de deuda que asegure que el plan económico acordado permita a la Argentina el cumplimiento de sus obligaciones”. 

Además de la continuidad histórica, de la presencia de funcionarios en común, de la repetición de argumentos oficiales, y la falta de condiciones para el repago, dichos endeudamientos también tienen en común la denuncia de irregularidades en su aprobación. Por un lado, en 2018, según la Auditoría General de la Nación (AGN) “no se cumplieron los procedimientos internos específicos para la aprobación de préstamos provenientes de organismos multilaterales” a la vez que no se contó con “la debida información en cuanto al costo y riesgo asumidos, impactando en la efectividad y la eficiencia en la gestión de la deuda, así como en la solvencia y sostenibilidad de la deuda pública”. En este 2025, “el decreto 179/2025 del gobierno incumplió la Ley 27.612, de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, en menoscabo de las funciones del Congreso, eludiendo los procesos básicos de formación de la voluntad pública, careciendo de validez en términos del proceso legal”, señalaron desde el ETFE. 

Por qué fue realmente Milei al FMI 

Si bien Milei insistió en el video oficial del viernes con que la nueva deuda es producto del “éxito” de su programa de gobierno, lo cierto es que, tras un enorme recorte fiscal y recesión económica en 2024, persisten problemas de magnitud para la acumulación de reservas y el sostenimiento de la política cambiaria actual, con turbulencias recientes y hasta una aceleración de la inflación (+3,7% en marzo).

Así, en lo que va del año se perdieron 5.000 millones de dólares de las reservas, ubicándose en 24.657 millones de dólares el 8 de abril, un nivel apenas superior al comienzo de la gestión de Milei. “Las reservas experimentaron una importante recuperación hasta junio que se sustentó en el ajuste a las importaciones y el atraso en su pago. El descenso posterior pudo ser revertido por el ingreso extraordinario del blanqueo, pero cuyo impacto fue moderado en el nivel de reservas y de corto plazo dada la reducción de reservas que se advierte desde diciembre del año pasado”, explicaron economistas del centro CIFRA-CTA.

Según dicho centro de estudios hay dos factores principales que explican la fuerte caída de las reservas: “En primer lugar, las intervenciones del Banco Central para aminorar la suba de los dólares financieros e intentar sostener el ‘carry trade’, tanto de forma indirecta a partir del denominado dólar “Blend” que permitía a los exportadores liquidar el 20% de sus ventas en el dólar MEP y por el cual el BCRA no pudo apropiarse de 4.500 millones de dólares entre diciembre y febrero; como mediante la intervención directa en los dólares financieros que cobró especial importancia desde diciembre y que acumula desde ahí hasta febrero 1.700 millones de dólares”, detallaron.  

En segundo lugar, “el atraso cambiario y la apertura comercial tienden a agravar el déficit de cuenta corriente por el lado del turismo (-2.600 millones diciembre y febrero) y por la reducción del superávit comercial de bienes con aumento de las importaciones”. Además, a pesar de los amplios beneficios -fiscales, aduaneros y cambiarios a las nuevas inversiones por la ley RIGI- 2024 fue el año de menor inversión extranjera en 20 años para los que se tienen estadísticas comparables, según el Banco Central de la República Argentina (BCRA). 

En esta coyuntura se hace evidente el punto crítico que enfrenta el gobierno nacional, que tiene por delante además los vencimientos del sector público, los vencimientos del BCRA (BOPREAL) y los abultados vencimientos de las obligaciones negociables que emitieron las grandes empresas (en lo que resta del año se deberán afrontar compromisos en moneda extranjera por casi 19.000 millones de dólares) por lo que “el blindaje financiero del Fondo y otros organismos podrá aliviar coyunturalmente la insolvencia pero no resolverla, máxime en el actual contexto internacional”, advirtieron desde CIFRA.

Más ajuste y reformas regresivas

Según el anuncio oficial, Argentina contará con 23.000 millones de dólares de libre disponibilidad a lo largo de 2025: 12 mil millones llegarán este martes y otros 2.000 se cobrarán en junio. A esto se sumarán 3.600 millones provenientes de organismos internacionales y 2.000 millones del repo del Banco Central. Mientras que se agregarán desembolsos adicionales por 3.500 millones que se partirán entre 1.000 millones del FMI y 2.500 millones de organismos sin especificar. Así, el total de desembolsos de libre disponibilidad será de 23.000 millones.

“El programa de las autoridades busca consolidar los impresionantes avances iniciales de las recientes políticas -basadas en un sólido ajuste fiscal y monetario y en la desregulación-, a la vez que aborda las vulnerabilidades macroeconómicas persistentes de Argentina” se lee en el comunicado del FMI donde parece no haber dudas respecto de que el programa económico local seguirá, “las prioridades políticas de mantener un ancla fiscal fuerte, hacer la transición a un régimen monetario y cambiario más robusto, con mayor flexibilidad cambiaria, e impulsar reformas”. 

Sin embargo, la profundización del programa ya implementado en 2024 difícilmente genere otros resultados que los obtenidos al momento: desde que comenzó el “ahorro” -por un total de 50 billones de pesos- los principales componentes afectados fueron: obra pública (-12,6 billones), jubilaciones (-11,8 billones), programas sociales (-6,9 billones), salarios (-4,3 billones), transferencias a provincias (-3,7 billones) y subsidios a energía (-3,6 billones).

“El gobierno actual ha hecho un ajuste fiscal considerable y no está claro cuánto margen más tiene para seguir avanzando desde el punto de vista social y político. Dicho esto, el FMI siempre puede pedir más y, en ese sentido, aparecen las políticas de protección social -en el presente la Argentina aún cuenta con el sistema generalizado de la AUH que ha hecho que no crezca la pobreza y la indigencia a pesar del ajuste realizado- pero si se insiste con reducir estos montos, podría haber un foco de tensión en lo fiscal”, señaló en diálogo con este medio el economista Francisco Cantamutto.

El presupuesto del gobierno nacional vigente (periodo 2025) es el resultado de la segunda prórroga del aprobado en 2023. “Esto le permitió a la actual administración contar con una extraordinaria discrecionalidad en el uso de los recursos, afectando la transparencia y controles en la asignación y uso de los mismos. A los 8 meses de la asunción presidencial, se le otorgaron facultades extraordinarias en materia administrativa, económica, financiera y energética, lo que implica un traspaso de funciones del Poder Legislativo al Ejecutivo, y por ende un retroceso en materia de rendición de cuentas y del funcionamiento democrático”, analizó la última evaluación técnica del acuerdo realizada por el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE). En relación, como parte de las nuevas medidas pautadas con el FMI, Milei se comprometió a realizar un mayor ajuste fiscal que incremente el superávit primario al 1,6%. 

En otra parte del documento publicado por el organismo internacional de crédito se subrayó la necesidad de “avanzar en una amplia gama de reformas estructurales para fomentar una economía más dinámica y orientada al mercado” a partir de “una disciplina continua del gasto, medidas de eficiencia y reformas bien secuenciadas de los sistemas tributario, de coparticipación de ingresos y de pensiones”.

Sobre estas medidas de corte estructural, Cantamutto agregó que “suelen tener en agenda desde hace tiempo todo lo vinculado a la reforma del sistema previsional y alguna reforma laboral, a la vez que es esperable que también se insista con privatizaciones incluso de empresas superavitarias, mucho de lo cual puede ir apareciendo más en detalle las revisiones trimestrales”. Es decir, además de la devaluación y modificaciones cambiarias, el FMI impone un combo de reforma de jubilaciones -fijada para 2026 en el Staff report-, mayor flexibilidad laboral, menos recursos a las provincias y mayor apertura económica.

Lo cierto es que un programa focalizado estrictamente en políticas de ajuste tiende a reducir la demanda interna, especialmente el consumo de los sectores mayoritarios, para frenar el crecimiento y dejar más divisas para afrontar los pagos de dólares al Fondo, a la vez que, por otro lado, también reduce el tamaño del sector público. Sobre la política cambiaria, el Gobierno anunció que desde hoy llega a su fin el “cepo” cambiario ya que se implementará un nuevo régimen de flotación dentro de bandas entre $ 1.000 y $ 1.400, con una actualización mensual del 1%.

“En una flotación entre bandas la de arriba tiende a presionar, por lo tanto, esto va a funcionar como una devaluación que toma el valor superior de esa banda respecto del actual dólar oficial”, analizó la economista María Julia Eliosoff. La investigadora resaltó, además, que “es clave entender que estamos cambiando deuda intra-Estado (por la Letras Intransferibles del Banco Central) por deuda con un organismo internacional de última instancia que tiene la potestad de hacer asistencias técnicas, esto es, meterse en la política económica local y decirle al gobierno qué es lo que tiene que hacer”. 

La directora de proyectos en Fundación Friedrich Ebert (FES) en Argentina aseguró a El Destape que “si se tienen en cuenta las condiciones de ajuste que impone el FMI para el préstamo más las propias políticas de austeridad que encabeza el gobierno de Milei, esto va a repercutir en una mayor pérdida de calidad e integralidad de los servicios públicos, esto quiere decir, peores condiciones de acceso a la salud, la educación, el transporte público, infraestructura, todas cosas que ya están sucediendo pero se van a seguir profundizando y esto tiene como principal impacto exacerbar las desigualdades sociales”. De hecho, el Staff report plantea una mayor reducción de los subsidios tarifarios, pese a que el gasto de servicios cuadruplicó en 2024 su peso en los ingresos familiares.

En relación agregó que, de esta manera, “se generan condiciones de acceso a derechos básicos muy diferenciales entre quienes pueden acceder al sector privado y quienes no, entre quienes pueden tener ciertos niveles de calidad de vida y quienes -por el contrario- más dependen de los servicios del Estado. Sin dudas, las políticas del nuevo acuerdo con el FMI van a seguir profundizando la pérdida de calidad y dignidad de vida, poniendo en tensión la garantía de derechos humanos por parte del Estado”, alertó.

El riesgo de mayor fuga

El artículo VI del Convenio Constitutivo del FMI establece que “ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos se destinen a tal fin”. Sin embargo, este mismo artículo no se cumplió en el acuerdo de Macri: entre 2018 y 2019 los desembolsos fueron de USD 44.500 millones y la formación de activos externos (FAE) fue de USD 54.000 millones.

El plan económico actual vuelve a recurrir a una inyección de divisas del FMI, sumado a otros organismos de crédito y bancos internacionales. En ese marco, se anunció también en materia de exportaciones la eliminación del Programa de Incremento Exportador para la liquidación de exportaciones - “dólar blend”- por el que los exportadores podían liquidar a un precio al 80% dólar oficial y 20% en el contado con liquidación (CCL); a la vez que para las importaciones se eliminó el plazo de 30 días de espera para que pudieran acceder al mercado oficial de cambios, mientras que se habilitó el giro de utilidades al exterior a partir de balances iniciados en 2025, y se levantó la mayor parte de las restricciones para la compra de divisas por parte de personas humanas.

“Desde junio del año pasado el gobierno nacional está mostrando una cuenta corriente del balance cambiario negativa, es decir, con saldos de salida permanente, y desde hace unos meses incluso déficit comercial producto de la propia apreciación del tipo de cambio. A esto se puede sumar el impacto de la guerra comercial en curso entre China y Estados Unidos, que hace que haya sobrante de mercadería china que puede presionar para ingresar, por ejemplo, a Argentina, como viene ocurriendo. Naturalmente, todo induce a una mayor desindustrialización en el país y pérdida de puestos de trabajo, sobre todo entre las pymes, algo que ya hemos visto”, detalló Cantamutto, doctor en Investigación en Ciencias Sociales. 

Al respecto, si bien el Staff report plantea que “la economía argentina se encuentra actualmente menos expuesta a ataques especulativos sobre su moneda o a presiones de fuga de capitales hacia otras economías -más seguras-“, el especialista en temas de deuda externa dijo a este medio que “se acelera la posibilidad de fuga a través de la contabilidad creativa de las empresas y, sobre todo, por operaciones de importación que se van a ir liberando, con lo cual hay mayor presión de salida”. En relación, amplió: “El desarme de posiciones, que el gobierno va a tratar de contener subiendo la tasa de interés, va a continuar, y se suma la fuga minorista que hasta ahora no estaba habilitada, la mayor salida por importaciones y la posibilidad de contabilidad creativa para sacar ganancias de periodos anteriores. Todo esto incrementa la fuga.”

Asimismo, consideró que “esto puede contenerse por la liquidación de exportaciones, pero el problema es que, si hay expectativa de que la moneda continúe devaluándose, no va a ser una liquidación masiva con lo cual, si se dilata, la lógica va a ser más salidas que entradas de divisas. Esto deriva en nuevas devaluaciones porque, además, la devaluación inicial que va a ocurrir esta semana va a alimentar una apreciación real del tipo de cambio. Es un esquema insostenible, parecido al que ocurrió en el 2018”, sintetizó. 

Finalmente, Eliosoff indicó “la fuga de capitales ha funcionado en distintos periodos históricos en Argentina como una de las principales fuentes de drenaje de las divisas, también lo es el pago de la deuda ya que muchos de los dólares que necesita Argentina se van para garantizar pago de intereses o de capital de deuda. Puntualmente, la fuga genera presión sobre el tipo de cambio y si no se establecen mecanismos por los cuales el Estado pueda generar control es altamente probable que los desembolsos que entren funcionen de la misma forma que en 2018, es decir, que automáticamente se vayan fuera del país”.