El Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires alcanzaron un entendimiento para saldar la deuda acumulada durante el último año vinculada a la Coparticipación Federal de Impuestos. El conflicto tiene antecedentes en septiembre de 2024, cuando ambas administraciones, con aval judicial, habían acordado que el Estado nacional transferiría a la Ciudad los fondos correspondientes al coeficiente de 1,55%, tal como había dispuesto la Corte Suprema en una medida cautelar emitida a fines de 2022.
Ese esquema de pagos comenzó a cumplirse durante los primeros meses de 2025, aunque desde julio las transferencias empezaron a demorarse, generando una deuda que finalmente será cancelada mediante el nuevo acuerdo alcanzado este lunes.
Tras negociaciones políticas y técnicas, las partes definieron que el gobierno nacional entregará a la Ciudad una cartera de bonos con vencimiento a siete meses como mecanismo de compensación.
Desde ambas administraciones destacaron que el entendimiento fue posible gracias al "diálogo entre las partes" y aclararon que el convenio no contempla la deuda generada durante la gestión de Alberto Fernández. La regularización de estos pagos ya había sido prevista por el gobierno porteño dentro del Presupuesto 2026.
El origen del conflicto entre Nación y CABA
La disputa por la coparticipación comenzó en 2020, cuando el entonces presidente Alberto Fernández redujo mediante el Decreto 735/2020 el porcentaje de fondos que recibía la Ciudad de Buenos Aires, llevándolo del 3,5% al 2,32%. Posteriormente, la Ley 27.606 aprobada por el Congreso disminuyó aún más esos recursos, fijando un coeficiente básico del 1,4% más una suma específica destinada al área de Seguridad.
A fines de 2022, la Corte Suprema dictó una medida cautelar que reconoció a la Ciudad el derecho a percibir un coeficiente del 1,55%. Sumado al 1,4% ya transferido automáticamente, el porcentaje total ascendía al 2,95%. Sin embargo, la administración de Alberto Fernández nunca aplicó plenamente esa resolución judicial.
En septiembre de 2024, el gobierno porteño alcanzó un primer acuerdo con el Ministerio de Economía para comenzar a recibir esos fondos. Aunque la Corte había establecido que las transferencias debían realizarse diariamente a través del Banco Nación, la Ciudad aceptó que los envíos fueran efectuados semanalmente desde el Tesoro nacional.
Las demoras registradas durante el último año derivaron en nuevas negociaciones que concluyeron este lunes con un acuerdo destinado a normalizar la situación fiscal entre ambas jurisdicciones. De todos modos, la Ciudad mantiene abierto su reclamo por unos 6.000 millones de dólares que, según sostiene, se acumularon tras la quita de recursos dispuesta en 2020 por el gobierno nacional de entonces.
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