El operativo para sacar el oro de las bóvedas del Banco Central y enviarlo a Londres dejó de ser un secreto blindado por la gestión libertaria. En las últimas horas, la Justicia hizo lugar a un amparo y ordenó a la autoridad monetaria que entregue la información pública sobre las operaciones de traslado de los lingotes, datos que la entidad que preside Santiago Bausili se negó a suministrar sistemáticamente.
El fallo judicial desarma el argumento de la "reserva" y la "confidencialidad" que esgrimió el Ministerio de Economía para no explicar ni los costos, ni los riesgos, ni el destino final del metal precioso.
Mientras Luis Caputo y Bausili esconden los expedientes, el activo que sacaron del país atraviesa una racha histórica. El oro se consolidó como la mejor inversión de 2025 y su cotización internacional no para de subir. Si se asume que el BCRA mantiene el mismo stock en toneladas que tenía el 10 de diciembre de 2023, la valorización de esas reservas es astronómica. Al inicio de la gestión Milei, las reservas en oro equivalían a 3.922 millones de dólares. Hoy, gracias a la disparada del precio del metal, esa misma cantidad alcanza los 8.806 millones de dólares.
En concreto, las reservas en oro subieron un 124,5% en términos nominales. El Gobierno tiene hoy bajo su administración, pero fuera de su custodia directa, un patrimonio que vale el doble que cuando asumió, lo que vuelve imperioso saber bajo qué condiciones legales y de seguridad se encuentra ese capital en el extranjero, expuesto a posibles embargos.
La batalla por la información
La causa se originó por la negativa del BCRA a responder los pedidos de acceso a la información pública presentados por legisladores de la oposición, como el titular de La Bancaria Sergio Palazzo. El Gobierno alegó que revelar los detalles de la operación podría poner en peligro la seguridad de los activos, una postura que ahora fue desestimada por la Justicia.
El fallo obliga a detallar si el oro fue vendido, si se utilizó como colateral para un préstamo (REPOS) o si simplemente se depositó en el exterior para obtener una tasa de interés mínima. Hasta ahora, la única confirmación oficial fue una declaración televisiva del propio Caputo, quien admitió la movida como una "administración eficiente" de los recursos, sin mostrar un solo papel.
Con el precio del oro en máximos históricos, la pregunta que el Gobierno debe responder ya no es solo por qué lo sacaron, sino quién se beneficia con la administración de una fortuna que hoy roza los 9.000 millones de dólares.
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